Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2016.- El pasado 17 de noviembre se presentó en el Senado de la República la iniciativa de Ley General de Archivos. El texto propuesto por Cristina Díaz, Héctor Larios, Laura Rojas y Zoé Robledo –senadores y senadoras de las tres principales fuerzas políticas– se sometió a observaciones de sociedad civil, academia y autoridades interesadas en un ciclo de audiencias públicas, que tuvo lugar ayer lunes 28 de noviembre. En este marco, historiadores, académicos y organizaciones civiles coincidimos en diversas preocupaciones que surgen en relación con el texto presentado.
Durante el proceso sostenido ayer, las y los senadores reconocieron públicamente la viabilidad de algunas propuestas de modificaciones, en particular las relacionadas con ajustes técnicos al texto. No obstante, este nivel de acuerdo no se hizo evidente en otras cuestiones de mayor envergadura, por ejemplo las relacionadas con la naturaleza política del Consejo Nacional de Archivos y el fortalecimiento jurídico y político del Archivo General de la Nación.
Al respecto, consideramos que todos los señalamientos hechos ayer son importantes y deben de considerarse para que las audiencias tengan sentido. Sin embargo, nos centramos nuevamente en dos cuestiones que constituyen un auténtico retroceso en el ejercicio de los derechos fundamentales conquistados en los últimos años y que son de enorme preocupación para los actores que representamos. Nuestra apuesta es que el Senado de la República y las bancadas parlamentarias estudien detenida y concienzudamente estas demandas, tomando el tiempo necesario para redactar una ley que realmente cumpla con las expectativas sociales y necesidades en la materia.
Primero: Es de la mayor relevancia desvincular la política pública nacional en materia archivística del control político de Secretaría de Gobernación, que pretende legitimar la Ley.
Como se advirtió ayer, la fórmula para el Consejo Nacional de Archivos que propone la iniciativa es un claro intento de regresión democrática para México. En tanto los archivos son la base fundamental de la transparencia y la rendición de cuentas, otorgar la rectoría de la política pública archivística a la Secretaría de Gobernación, equivale a someter los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción a la dirección de Bucareli. No hay ninguna razón técnica para que sea esta Secretaría quien conduzca el Consejo y el Sistema Nacional de Archivos. Por el contrario, deben ser perfiles especializados en las disciplinas de archivos, historia y gestión documental quienes sean el núcleo del Consejo y sus decisiones. Sólo así se asegura una política archivística formulada en clave con las necesidades administrativas y no con los impulsos autoritarios de control político.
De igual manera, la Ley General de Archivos es la oportunidad para fortalecer al Archivo General de la Nación. El texto que se apruebe debe reconocer la naturaleza descentralizada y no sectorizada del AGN, consolidar la dirección de éste a través de un proceso de nombramiento público y objetivo de su titular –no a través de la designación del Presidente de la República– y, consecuentemente, asegurar que en adelante contará con plena capacidad técnica y presupuestal para desarrollar la lista de facultades que se le otorga en este nuevo marco legal.
Sobre estos puntos, estamos profundamente convencidos de que una Ley General debe apostar porque su articulado impacte positivamente en la realidad del país y no simplemente conformarse y adaptarse a ésta. En otras palabras, no tiene ningún sentido legislar si sólo se busca formalizar las condiciones materiales vigentes de los archivos. Por esto no encontramos lógicos los burocráticos en favor de que no se modifique la naturaleza jurídica actual de los archivos generales y del AGN ni se les separe del poder político. La práctica nos demuestra que la dependencia política de los archivos no se traduce en mejoras sustantivas para estos últimos, sirve como ejemplo elocuente el desaire que hizo la Secretaría de Hacienda recientemente al recortar significativamente el presupuesto del AGN para 2017.
En este sentido, hacemos un extrañamiento público hacia la directora del AGN, Mercedes de Vega, quien lejos de solidarizarse con las preocupaciones de los historiadores y los actores de sociedad civil involucrados ha avalado públicamente las disposiciones contenidas en la iniciativa.
Segundo. La adecuada valoración documental, junto con la conservación y plena consulta de los documentos históricos, son condiciones fundamentales para el quehacer administrativo, histórico, la construcción de una memoria nacional y el ejercicio de derechos fundamentales. La Ley no puede permitir regresiones en estas materias.
La valoración documental es uno de los trabajos más delicados de los procesos archivísticos, pues determina qué documentos se conservarán y cuáles se depurarán. La complejidad de esta tarea requiere que los sujetos regulados por la Ley tengan a su disposición comités de valoración, es decir personas que decidan qué documentos se eliminan y cuáles se conservan, que asertivamente acompañen en esta labor a las áreas productoras de los documentos. En este sentido es prioritario que la Ley contenga fórmulas para que esta tarea sea encomendada a personas con conocimiento en historia y archivística.
En adición, no se puede permitir que existan trabas en la labor de los historiadores. Las disposiciones contempladas en la iniciativa significan cuellos de botella que impedirían a los documentos llegar a los archivos históricos. Por ello, debe armonizarse la triada de leyes generales (de Transparencia, de Protección de Datos Personales aún en discusión, y de Archivos) para obligar a los sujetos obligados a transferir todos los documentos con valor histórico a los archivos que se dispongan para este fin.
Los archivos históricos son fuentes de acceso público y por esta simple razón ninguna información dentro de los documentos allí alojados admite ser clasificada como confidencial ni reservada. Con la Ley General de Archivos llegó el momento de detener la práctica sinsentido que se realiza en muchos archivos históricos del país, a partir de la cual se testan, es decir, se censuran datos personales de décadas y siglos atrás y se vulnera la construcción de historia y memoria nacionales. Basta de mutilar a nuestra historia y nuestra identidad.
Respecto a esto último, nos alerta también el propósito oscuro que se formuló en el artículo décimo cuarto transitorio, que pareciera inspirado en la obra de Orwell. Obligar a que burócratas sin especialización en materia archivística revisen todos los documentos que se ubican en sus archivos históricos y posteriormente los destruyan o transfieran de regreso a archivos de concentración implica necesariamente abrir la puerta para el revisionismo histórico, siendo nada más que un impulso autoritario por censurar la historia, el rol del Ministerio de la Verdad en la novela 1984. Las autoridades no sólo no tienen recursos financieros para llevar a cabo una empresa de este tamaño, tampoco tienen la capacidad técnica para que dicha labor sea exitosa. Muy por el contrario, existe el impulso político para que se haga una purga y se impida la consulta de documentos históricos en este lapso y se lleguen a clausurar documentos históricos definitivamente o se eliminen aquellos que resultan fundamentales para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
En conclusión queremos advertir que de no atender este conjunto de preocupaciones, el Senado de la República aceptaría un proyecto diseñado mayoritariamente desde las oficinas de Gobernación legalizando una política archivística débil para la gestión documental y la memoria del país, violatoria de derechos fundamentales como el acceso a la información y la verdad en casos de violaciones graves de derechos humanos, y sumamente nociva para la consolidación efectiva de los Sistemas Nacionales de Transparencia y combate a la corrupción.
Nota para prensa
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