- El instituto exige a la secretaría que informe acerca de tres asuntos distintos: (a) civiles muertos en enfrentamientos de 2014 en adelante; (b) policías muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos con militares; (c) informes policiales homologados o de uso de la fuerza elaborados por militares de su participación en enfrentamientos.
- La SEDENA ha negado esta información argumentando que no existe, ya que no es su obligación recopilarla.
- El Programa de Política de Drogas del CIDE, la iniciativa periodística Cadena de Mando y ARTICLE 19 México y Centroamérica buscan conocer esta información por su interés público.
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2019.- Un promedio de 50.000 soldados patrullan las calles de México cada año desde hace ya 12 años. Pese a ello, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha negado a divulgar información de interés público sobre su participación en la lucha contra la delincuencia organizada entre 2006 y 2018.
En respuesta a diversas solicitudes información, la SEDENA ha negado tener la información que se le requirió sobre su actuación en la lucha contra la delincuencia organizada. En tres solicitudes de información distintas, los solicitantes pedían a la institución transparentar: (1) número de civiles muertos, heridos o detenidos en enfrentamientos en los que ha participado el Ejército desde abril de 2014 a la actualidad; (2) número de policías muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos en los que ha participado el Ejército; (3) informes policiales homologados o informes de uso de la fuerza elaborados por militares de su participación en enfrentamientos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de las resoluciones RRA0030/19, RRA0266/19, y RRA10040/18 exige a la SEDENA cumplir con sus obligaciones de transparencia y hacer pública la información solicitada. De no hacerlo, la SEDENA estaría incumpliendo con las leyes de transparencia y violando el derecho al acceso a la información.
Desde hace 12 años y en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, esta dependencia desempeña un papel central en tareas de seguridad pública. La información sobre la actuación del Ejército durante los últimos dos sexenios es vital para analizar el desempeño de esta institución. También permite conocer qué tan oportuna, proporcional y racional ha sido el uso de la fuerza de los militares en operaciones de seguridad pública. La rendición de cuentas es una premisa básica de toda institución que funciona en un régimen democrático. Asimismo, la transparencia es fundamental para consolidar el Estado de derecho en México.
La información solicitada es particularmente relevante en el contexto de la ejecución extrajudicial de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado, estudiantes del TEC de Monterrey, asesinados por militares en marzo de 2010. Hace unos días, el Estado mexicano reconoció el crimen y ofreció una disculpa pública por este acto injustificable. El caso pone en evidencia la necesidad de adoptar medidas para evitar la repetición de un caso semejante. Una de estas medidas, es la adopción de más y mejores mecanismos de rendición de cuentas por parte del Ejército. En un contexto de opacidad y falta de transparencia, los incentivos para hacer un uso desproporcionado o ilegal de la fuerza son mayores.
No se está solicitando información extraordinaria. Son datos que debieran ser públicos, de acuerdo con las normas existentes que rigen la actuación de la SEDENA. Hasta 2014, la dependencia hacía pública la información sobre civiles muertos y heridos en enfrentamientos. Luego decidió dejar de hacerlo. El argumento de que la secretaría carece de estos datos porque ya no los recoge falta a la verdad. Durante su participación en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional a principios de año, el propio secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, reconoció que en 2018 murieron en enfrentamientos con el ejército “como 700 civiles”.
En el contexto de rendición de cuentas, tanto la Policía Federal como la Secretaría de Marina han cumplido con su obligación de transparentar los datos de enfrentamientos, información que han entregado actualizada hasta diciembre del 2018, incluyendo los datos de policías, marinos y civiles heridos y muertos.
Además de pasar por alto las leyes de transparencia, la respuesta de inexistencia que esgrime la SEDENA incumple con la Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente y con el Manual de Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas. Estas normatividades obligan a recolectar y sistematizar este tipo de información.
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