Remoción de contenidos de interés público durante periodos electorales mexicanos
Ciudad de México 07 de mayo de 2024.- El derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir todo tipo de información e ideas. Este derecho ha sido reconocido como una piedra angular para las sociedades democráticas, siendo aún más indispensable durante los contextos electorales.
En dichos periodos, el libre flujo de información de interés público, como aquella relacionada a perfiles de personas candidatas a ocupar cargos de gobierno, a sus propuestas y perfiles partidarios, así como al debate que a partir de dicha información emane, es fundamental. Intrínsecamente, es a partir del ejercicio de este derecho que las personas ciudadanas pueden formar una opinión y elección, de manera libre e informada, en un proceso electoral.
Por su importancia, los Estados tienen la obligación de generar un entorno favorable -sobre todo en periodos electorales- para el ejercicio de la libertad de expresión, así como las condiciones propicias para que exista un espacio libre y abierto para el debate de ideas. De inicio, se requiere que el Estado se abstenga de ejercer censura de cualquier tipo, sea de manera directa o indirecta, con el fin de garantizar que la información llegue a las personas de forma pertinente.
Los procesos democráticos han evolucionado de tal manera que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son utilizadas por actores y partidos políticos como herramientas y espacios para informar a la sociedad sobre sus agendas y proyectos. De igual manera, el ejercicio periodístico ha encontrado una expansión de audiencia y de difusión en la cobertura de temas en materia electoral a través de Internet. En este contexto, Internet y las plataformas digitales han adquirido un rol clave para la comunicación y divulgación de información en contextos electorales.
Si bien es necesario investigar y resolver violaciones a las normativas electorales, el informe ejemplifica cómo el abuso ilegítimo de ciertas figuras jurídicas -como la violencia política contra las mujeres en razón de género, por ejemplo- ha sido una herramienta para inhibir la crítica, encubrir hechos de corrupción y manipular el debate público.
