México D.F., a 12 de enero de 2012.- La libertad de expresión es un derecho que a todo gobernante le gustaría guardar por momentos en una caja. Tener pleno control sobre el ejercicio de decir, opinar, disentir, investigar, hurgar, criticar o informar. Y cuando incomode, volver a cerrar la caja. Hay pocos gobernantes con un verdadero talante democrático que dejan correr la información y la combaten con mayor información. Pero escasean, esa es la verdad. Sale más fácilmente la vena autoritaria de limitar un derecho básico para cualquier sociedad.
La instauración de la democracia en el continente latinoamericano pasa, en gran medida, por la apertura de libertades básicas, como es la libertad de prensa.
El capítulo más reciente entre países enemigos de la libertad de expresión e instituciones que protegen este derecho se está dando en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ecuador liderea, con el apoyo venezolano, los embates fuerte contra la Relator Especial para la Libertad de Expresión, que dirige la Dra. Catalina Botero.
El próximo lunes 25 de enero de 2012, el Consejo Permanente de la OEA discutirá una serie de recomendaciones que supuestamente tienen como objetivo fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, tres de estas recomendaciones podrían limitar el papel y los recursos con los que opera la Oficina de la Dra. Botero. De llegar a suceder esto, y existen posibilidades de que así sea, sería un mensaje sumamente negativo a todo el continente. Perderíamos terreno ya ganado. Perderían los movimientos democráticos latinoamericanos.
Las recomendaciones expuestas por Ecuador fueron claras y dejan ver su animadversión a la libertad de expresión. Basta echar un vistazo a las andanzas y ataques que Rafael Correo a perpetrado contra la prensa ecuatoriana. No tienen cuartel. Sus descalificaciones, con todo el poder del estado, están al descubierto. La Relatoría de Libertad de Expresión hizo lo que tenía que hacer, defender el derecho a la libertad de prensa en Ecuador. La posición de la oficina de la OEA desató la ira bufona del presidente Correa. Así, la Relatoría y la Dra. Botero pasaron a ser el centro de ataques del autoritario presidente.
Las recomendaciones se centran en tres aspectos básicos del trabajo de la Relatoría. El primero es imposibilitar a la Relatoría para que publique su informe anual sobre el estado que guarda la libertad de expresión en el continente. La sutil intención es incluir el informe en el informe general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy por hoy, el informe de la Relatoría es de aproximadamente 400 páginas y la intención sería bajarlo a una decena. Se perdería el único documento que diagnostica la libertad de expresión en América Latina, y con ello se dejaría de señalar los puntos de mayor gravedad, como es el caso de Ecuador. El segundo tiene que ver con el financiamiento. La propuesta versa sobre la necesidad de homologar los presupuestos de las relatorías de la Comisión Interamericana. Detrás de este benevolente fraseo está la intención de reducir el financiamiento a la Relatoría de Libertad de Expresión a través de imposibilitarla que en un futuro solicite fondos como a la Unión Europea para hacer su trabajo. En el documento de trabajo se afirma que los estados deberán hacer mayores aportaciones financieras para solventar los gastos. La realidad es que esto no sucederá y al final al homologar los gastos querrá decir que todas las instancias de protección de derechos humanos sufrirán de la misma escases de recursos financieros para realizar su trabajo. Por último, está la recomendación de adoptar un “código de conducta” para la Relatoría. Lo absurdo de esta recomendación tiene como antecedente el disgusto de Correo con Botero sobre el actuar de esta última con organizaciones civiles defensoras de la libertad de prensa en el país sudamericano. Correa impulsa la idea de limitar el actuar de la Relatora y poner candados sobre sus actividades a través de una peligrosa figura como un código de conducta, el cual puede interferir de manera injustificada en su libre actuación.
Los ataques ecuatorianos-venezolanos no son menores y no se deben de tomar a la ligera. El sistema de protección de derechos humanos interamericano, y en especial uno de los más avanzados que es la libertad de expresión, puede verse afectado severamente si las citadas recomendaciones son aprobadas. Sería darle nuevas fichas a esos claros enemigos de la libertad de expresión, a los que hay hoy y a los que vendrán mañana. Al ser un órgano de Estados soberanos, resulta imperante que se decante claramente qué estados están a favor de una Relatoría de Libertad de Expresión fuerte, independiente y vigorosa, y qué estados guardan silencio en un momento crucial como el que se vivirá el 25 de enero. La pregunta clave es: ¿Defenderá el Estado mexicano a la Relatoría de la Libertad de Expresión o será cómplice?
Texto original publicado en http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle15552.html
