Reforma a la Ley de Víctimas: oportunidad para atender reclamos de las víctimas
- Víctimas y ONG manifestamos una serie de observaciones al dictamen al proyecto de reforma a la Ley General de Víctimas y exigimos que en el proceso de reforma se tengan en cuenta entre otros aspectos: autonomía para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); plena participación de las víctimas en la designación del titular y en la toma de decisiones del organismo; sanciones contra servidores públicos revictimizadores y presupuesto fijado con base a necesidades de atención; Reconocimiento de derechos a víctimas de desplazamiento interno forzado y no identificadas; recursos y reconocimiento a peritajes independientes y derecho efectivo a la memoria, entre las nueve principales exigencias.
Ciudad de México, a 18 de octubre.- Los grupos de víctimas, las organizaciones y personas suscritas manifestamos nuestro extrañamiento ante un conjunto de medidas adoptadas en el proyecto de dictamen de Ley General de Víctimas que se discute en el Senado. Por ello, listamos a continuación los aspectos que desde nuestra óptica resulta necesario incorporar en la reforma a la Ley General de Víctimas para que sea efectiva, y que en el debate legislativo se atiendan las reformas de manera urgente y desde una perspectiva humanitaria que atienda el drama en el cual se encuentran miles de víctimas.
1. Autonomía de la CEAV
Una reforma que no garantice la máxima autonomía para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) será ilusoria. Por ello, debe eliminarse la “Junta de gobierno” que incluye el dictamen y sustituirse por el Consejo Directivo que propuso sociedad civil en la iniciativa presentada al Senado el 13 de abril de 2016, a saber, una asamblea conformada por víctimas, expertos en su atención de sociedad civil y la academia, con facultades para decidir sobre el programa anual de trabajo, las prioridades de ejercicio presupuestal y el informe anual de la persona titular de CEAV.
2. Mecanismo de designación con consulta abierta y plural
No aceptamos la designación directa por parte del Ejecutivo, incluso con ratificación senatorial. Antes bien, demandamos la adopción de un mecanismo de designación semejante al de la CNDH en el cual el Senado realiza una consulta y convocatoria amplias y luego de un ejercicio de auscultación se determina quién se estima el perfil idóneo para ocupar la titularidad de la CEAV, o bien, que el Ejecutivo proponga una terna al Senado, pero no sin antes haber realizado un ejercicio de consulta amplia, plural y abierta a las víctimas sobre los perfiles que se estiman idóneos, lo cual tendría que reiterarse en el Senado con respecto a la terna que envíe el Ejecutivo.
3. Reconocimiento de los derechos de las personas víctimas de desplazamientos interno forzado como violación autónoma de múltiples derechos humanos
Reconocer la situación de desplazamiento interno forzado como un hecho victimizante dentro de la Ley, e incluir la definición propuesta por la sociedad civil en la iniciativa de reforma que deberá constar explícitamente en el artículo 6 de la Ley General de Víctimas.
4. Exclusión de los comisionados de la actual CEAV y otros políticos y funcionarios de presidir la que habrá de ser la nueva CEAV
Si todo cambia, pero se mantienen los mismos perfiles, se estará simulando una vez más. Por ello exigimos que no se elimine el impedimento que actualmente figura en la Ley que excluye de la titularidad de CEAV a quienes hubieran sido servidores públicos o dirigentes partidistas durante los dos años previos a su designación.
5. Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral SIN condicionamientos del Ejecutivo
Un fondo condicionado por el gobierno es una herramienta de intervención en los asuntos internos de la CEAV, así como una forma de anular su autonomía. Por ello, demandamos que la dotación presupuestaria al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que proviene del Presupuesto de Egresos de la Federación se conserve fija con el monto mínimo equivalente a 0.014% del Gasto Programable, sin condicionar ni reducir su entrega por parte del Ejecutivo.
6. Reconocimiento pleno y recursos para peritajes e investigaciones independientes y de alta calidad para garantizar el acceso efectivo a la verdad y la justicia
La Ley debe reconocer plenamente el derecho de las víctimas a designar peritos independientes, nacionales y/o internacionales, así como su plena efectividad procesal, e indicar que cada año se destinará una cantidad importante de recursos para costear los servicios de peritos que pudieran requerir las víctimas, así como para la realización de peritajes independientes elaborados por personas expertas nacionales y extranjeras, así como materiales, instrumental y laboratorios basados en sociedad civil y/o instituciones educativas.
7. Sanciones contra los servidores públicos omisos, revictimizadores o negligentes
Incluir el capítulo de sanciones administrativas y penales que se incluyó en la iniciativa de reforma presentada por grupos de víctimas y sociedad civil el 13 de abril de 2016, que contempla un conjunto de supuestos de omisión, negligencia y victimización secundaria que deben constituir faltas administrativas y delitos, cuando de ellas se desprende daño a la vida, integridad, salud, libertad o acceso efectiva a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Por los colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil:
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)
ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)
Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, A.C. (UDBC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)
Colectivo Colibrí
Colectivo Familias de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba
Colectivo Solecito de Veracruz
Comité de Familiares de Personas Detenidas – Desaparecidas en México (COFADDEM-Alzando Voces)
Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero
Desaparecidos Justicia, A.C. – Querétaro
Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos
Documenta, A.C.
Familiares en Búsqueda María Herrera
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL)
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Veracruz
Grupo VIDA Torreón
i(DH)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Observatorio Ciudadano de los Procesos de Designación de los Servidores Públicos (DESIGNACIONES)
Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche
Red de Feministas Peninsulares
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Siempre Vivos, AC. – Chilapa, Gro.
Taller de Desarrollo Comunitario, A.C. (TADECO)
Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos – San Luis Potosí
Zacatecanos por la Paz
Víctimas y personas solidarias:
Adela Cedillo, Universidad de Wisconsin-Madison
Alejandra González Marín, Defensora de derechos humanos
Argentina Casanova, Defensora de derechos humanos
Brenda Ivonne Rangel Ortiz, Desaparecidos Justicia, A.C. – Querétaro
Carolina Robledo Silvestre, Catedrática Conacyt del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS
Froylán Enciso, Profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE-Región Centro
Jacobo Dayán, Defensor de derechos humanos
Javier Sicilia Zardaín, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Jorge Verástegui González,Defensor de derechos humanos
Leticia Calderón, Consultora de temas migratorios, Instituto José María Luis Mora
Lucía de los Ángeles Díaz Henao, Colectivo Solecito de Veracruz
María Antonieta Muñoz Roa, Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Veracruz
María Guadalupe Aguilar, FUNDEJ – Jalisco
Miguel Concha Malo, Defensor de derechos humanos
Roberto Villanueva Guzmán, Defensor de derechos humanos
Rossana Reguillo, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
Sandra Serrano, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México
Sergio Capito, Profesor-Investigador Universidad Autónoma de Baja California
Silvano Cantú Martínez, Defensor de derechos humanos
Silvia Élida Ortíz Solís, Grupo VIDA de Torreón, Coahuila
Simón Hernández León, defensor de derechos humanos
Zinia Capó, New York State University – Stony Brook
