Escrito por Ricardo Luevano y Marcela Zendejas (ARTICLE 19)
Cualquier acercamiento monolítico a la correspondencia entre la participación ciudadana y la corrupción debe ser descartada. La confianza ciudadana, la ética, el espacio público, la vulneración de derechos, la desigualdad, la opacidad y diversas categorías de análisis sobre la cultura de la legalidad, no son eslabones que desencadenan acciones continuas más allá de un recuento histórico, son dimensiones que entrelazan contextos culturales, legales y políticos que alimentan la estabilidad o el caos social.
Considerando las limitaciones, nos planteamos un pequeño análisis sobre el derecho a la protesta y las movilizaciones colectivas de acuerdo con un ejercicio de participación ciudadana, que aporta a la libertad de expresión una protección activa y ordenada, que ciñe a la corrupción desde un campo de batalla no menor, la vía pública.
La justicia se consolida por el Estado derecho y ciertos principios como el respeto a la dignidad humana y la sumisión del gobierno y los gobernados a la Ley, creando una sinergia de valores que regulan la actividad social.
Poca gente puede sostener que en México hay una democracia efectiva, un Estado de derecho íntegro o que se garantizan los derechos humanos fundamentales, al contrario, las críticas son decimonónicas y de corte derrotista, generalmente apegadas a la incapacidad del gobierno a vincularse con la ciudadanía y –no menor- a evitar cualquier mecanismo que suponga un mayor acercamiento o la rendición de cuentas de las instituciones de seguridad pública y nacional.
Parece que el punto de quiebre en el contexto del primer decenio del Siglo XXI se sustenta en las tecnologías –hace poco nuevas- y las redes sociales a través del espacio libre de internet que han generado la idea de que la democracia y la rendición de cuentas hacía la ciudadanía es posible.
Contra la vieja idea enmarcada de que el Estado es el fin último de la política, actualmente las personas, sus necesidades y sus exigencias, somos señaladas como los actores que deben ser beneficiados por el catálogo de derechos universales ampliamente elaborados. Sin embargo la clase política carece convenientemente de esta opinión y es fundamental recordárselos.
La protesta es un mecanismo de exigencia social que visibiliza la falta de capacidad gubernamental, la incongruencia en las leyes, la inoperancia en la atención de los problemas públicos y muchos otros desordenes asociados a la corrupción y a la falta de mecanismos institucionales que atiendan las demandas de la población. Si bien muchas manifestaciones son asociadas por el imaginario público con la violencia y el populismo, una característica fundamental es la intención ideológica de la petición común.
De hecho, el impacto de las manifestaciones en los últimos meses del 2014 en diversas ciudades mexicanas, responde a la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa a manos de autoridades locales que ha evolucionado por la flexibilidad de la primera consigna que señaló “Fue el Estado”. Sin mayor discusión sobre las facultades del gobierno y la conformación del Estado, la consigna ha funcionado para integrar el reclamo encarnado: el poder no es de la ciudadanía, es de los gobiernos y poderosos intereses transnacionales. A esta consigna le siguió la perspectiva de la clase política respecto a las acciones ciudadanas y que retomó la opinión pública sobre los alcances políticos y la negación de las demandas con: “Ya me cansé”.
Cuando descartamos el acercamiento monolítico planteado en el primer párrafo, pensábamos en este punto de quiebre: ¿Qué debe cambiar para que la corrupción rinda cuentas y quien la ejerce sea castigado dentro de los parámetros de la Ley? La respuesta es obvia, incremento en la participación ciudadana.
La participación ciudadana suele acotarse a la democracia representativa, pero supone nuestra colaboración activa y directa en las acciones de la administración pública, razón por la cual es fundamental crear mecanismos institucionales, pero –como también describimos- estos no son suficientes, es más suelen ser centros de integración alimentados por los partidos políticos con consecuencias populistas.
Para que la participación ciudadana sea un escenario viable, es necesario conocer la verdad sobre las acciones públicas y los intereses a los que se vinculan la toma de decisiones de los gobiernos.
La organización ARTILCLE 19 tiene como mandato la defensa de la Libertad de Expresión, y los actores fundamentales que deben publicitar y socializar la actuación gubernamental son los periodistas y ciudadanos comunicadores en general, por eso hemos facilitado la creación de una red solidaria bajo el nombre de #RompeElMiedo que ha sido activada desde su creación nueve veces.
Este esfuerzo inició con las protestas del primero de diciembre del año 2012 en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Ese día se vivió una jornada sumamente violenta en la Ciudad de México, ya que fuerzas de seguridad pública atacaron sistemáticamente a comunicadores, comunicadoras y activistas con el pretexto de resguardar el recinto en San Lázaro. El saldo: más de diez periodistas heridos, decenas de manifestantes detenidos y un activista muerto por una bala de goma.
En el contexto se hizo evidente la falta de protocolos de actuación por parte de los agrupamientos de seguridad pública, además del sometimiento con ataques frontales a personas con cámaras o cualquier equipo para documentar.
Tras esta jornada ARTÍCULO 19 describió una ruta de monitoreo con colectivos de medios independientes y de derechos humanos (estos son los que generalmente documentan los abusos contra los y las manifestantes y la prensa, a diferencia de los medios convencionales) e inició la construcción de una red cuyo objetivo ha sido la preparación y articulación para prevenir y evidenciar agresiones y detenciones a comunicadores y personas defensoras de derechos humanos. En una frase: La defensa del espacio público para expresar ideas y el libre flujo de información.
Hasta ahora, la red #RompeElMiedo funciona en dos niveles. El primero es un grupo de alrededor de quince colectivos de medios y personas defensoras de derechos humanos quienes se organizan a través de nodos para monitorear y cruzar información de las manifestaciones en la Ciudad de México. La información se comparte desde las marchas. Y un segundo nivel de comunicadores y activistas que se inscriben a la red por medio de internet y se les brinda un espacio en un centro de monitoreo creado con diversas herramientas, para analizar la cobertura, los espacios de violencia y las amenazas que se van evidenciando.
Es así, que cada vez que la red se activa los nodos cruzan información con el centro de monitoreo con el fin de registrar agresiones y detenciones y activar un sistema de alerta temprana en caso de presenciar situaciones graves de detenciones y agresiones.
En caso de activarse el sistema de alerta temprana la red pasa a una segunda fase con el grupo de abogados de ARTICLE 19 quienes después de recibir la información confirmada activan la protección legal necesaria para salvaguardar la integridad de los y las detenidas.
Toda la información recibida y confirmada en el centro de monitoreo se vierte en un informe redactado por ARTÍCULO19 y publicado al cerrar la jornada. En este informe no solo se presentan datos y cifras sino exigencias específicas a las autoridades responsables.
Entre los hallazgos más relevantes que se pudieron documentar a través de esta red, está el registro de 46 agresiones en contra de la prensa el 2 de octubre del 2013 considerada la jornada más violenta en todo ese año.
En el marco de los acontecimientos de la activación de esta red se han podido acompañar procesos legales de comunicadores como Gustavo Ruiz Lizárraga de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones quien fue detenido en Septiembre del 2013 con argumentos falsos cuando se encontraba realizando un trabajo de documentación. Además de estos casos hemos acompañado y brindado asesoría legal en más de diez casos a documentadores agredidos y/o privados ilegalmente de la libertad en contextos de protesta.
Es difícil hablar de éxitos o logros de un esfuerzo colectivo como este, en un país en donde sistemáticamente se ataca el derecho a la libre manifestación de las ideas y de libertad de expresión, en un país en donde se criminaliza el derecho a disentir. De las lecciones aprendidas se encuentra en el centro la necesidad de trabajar de manera solidaria entre medios y personas defensoras de derechos humanos para exigir la defensa del derecho a la libertad de expresión y del libre flujo de información.
La red #RompeElMiedo impacta en la protección de los y las comunicadores por medio de redes de apoyo en tiempo real que fortalecen la participación ciudadana, el derecho a la protesta, la libertad de prensa y envían a la ciudadanía mensajes certeros sobre la exigencia social en numerosos contextos.
La corrupción unida a la violencia de las fuerzas policiacas se ve limitada y resignifica la dignidad periodística desde un espacio de protección por y con la sociedad civil organizada. Así, #RompeElMiedo es incorporar al espacio público la virtud de una ciudadanía activa, informada, transparente y disidente que en contextos de corrupción y de violaciones sistemáticas a derechos humanos, no podemos darnos el lujo de inhabilitar.
Para mayor información, visita en:
Tumblr: http://rompeelmiedo.tumblr.com/
Web: http://www.articulo19.org/red-rompeelmiedo-documentara-marcha-del-1-de-diciembre/
Twitter: #RompeElMiedo
