México, D.F., a 5 de octubre de 2015.– El 2 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó las observaciones preliminares sobre su visita a México. La documentación que realizó el órgano habla de una crisis de derechos humanos en el país derivada de diversos factores, entre ellos, la impunidad estructural, la falta de rendición de cuentas y de condiciones para la exigencia de verdad y justicia, así como el aumento acelerado de agresiones contra periodistas y comunicadores por parte del crimen organizado con la colusión de agentes estatales.
ARTICLE 19 considera que las conclusiones de la CIDH coinciden con lo señalado por múltiples organizaciones y movimientos sociales que por años han documentado la situación de los derechos humanos en México. Por ello, sorprende la respuesta de la Secretaría de Gobernación (Segob), al sustentar que el trabajo de la Comisión “no refleja la situación del país”, denostando su labor al señalar que no comparte los resultados del informe por realizarse en un plazo de cinco días. Lo que la Secretaría no toma en cuenta es que las conclusiones son el resultado de la entrega de información documentada por años y de reuniones con las propias autoridades del país.
Resulta preocupante se agravie la actividad de la CIDH, en lugar de tomar con seriedad estas conclusiones para buscar revertir el problema en materia de derechos humanos. Al respecto, no es la primera vez que se informa sobre la situación, tampoco en la que las autoridades otorgan una respuesta negativa. Mientras persista el rechazo a la información, la crisis seguirá en aumento.
En cuanto a lo divulgado por la Comisión, México es un país donde las voces que buscan la verdad, exigen justicia o informan a la ciudadanía –como son las personas defensoras de derechos humanos y periodistas– se encuentran constantemente amenazadas. En consecuencia, la CIDH apuntó que “existe la necesidad de que el mecanismo de protección se articule con las entidades encargadas de investigar las agresiones, como la CIDH lo ha señalado en otras oportunidades “el medio más eficaz para proteger […] es investigar eficazmente los actos de violencia y sancionar a los responsables”. Esto permitiría al programa ganar confianza entre la población que debe atender”.
ARTICLE 19 reafirma esta información, al señalar que es necesario impulsar investigaciones de oficio cuando se agrede un periodista, en particular cuando en la agresión participa una autoridad. También ha requerido de manera pública que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), ejerza su facultad de atracción, no obstante, se ha sido disminuido el presupuesto etiquetado para la instancia, además se ha negado en múltiples ocasiones a atraer los casos e incluso a abrir una averiguación previa, a pesar de estar facultada y obligada de hacerlo.
La Comisión es clara al advertir sobre la falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas respecto a las graves violaciones a derechos humanos: “la impunidad no solamente deja sin verdad y sin justicia a las víctimas, sus familiares y a la sociedad mexicana toda, sino que también propicia la repetición de los hechos”.
Advierte que tanto víctimas como familiares enfrentan dificultades para acceder a la información sobre los hechos y que a pesar de la recién aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) tiene la atribución de desclasificar información relacionada con estas violaciones, la decisión puede ser impugnada por el Consejero Jurídico a través de un recurso de revisión indeterminado ante la Suprema Corte de Justicia, y esto, a su vez, puede dilatar el acceso la información.
Éstas observaciones, entre otras, son el resultado preliminar de la visita de la CIDH a México, por lo que ARTICLE 19 hace un llamado a las autoridades mexicanas para que reformulen su posición respecto a esta información y la tomen con la seriedad que merecen los ciudadanos, como con el deber que tienen de garantizar los derechos humanos de la población, en particular para garantizar el ejercicio a la libertad de expresión.
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