Foto: Agencia Cuartoscuro

Ciudad de México a 1 de abril de 2025.- El pasado 27 de marzo, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, para incorporar disposiciones que podrían representar riesgos significativos para la transparencia, el acceso a la información, la fiscalización del gasto público y la protección de los derechos de la ciudadanía.

Entre los puntos más alarmantes se encuentran los siguientes:

1. Falta de claridad en la transición de plataformas digitales 

La iniciativa contempla la eliminación de la plataforma Compranet y su sustitución por una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (en adelante, “la Plataforma”), para presuntamente hacer más eficiente el proceso de análisis, procesamiento e investigación de la información, ahorrar tiempo y dinero, y reducir las cargas administrativas y corregir errores. Sin embargo, el Poder Ejecutivo -promotor de la propuesta- no ha explicado cómo la Plataforma mejora o no los procesos que eran ineficientes desde Compranet o la manera en que se corregirán los errores, tampoco los mecanismos de transición ni si se han realizado pruebas piloto que garanticen su eficacia. Además, si bien el transitorio Tercero indica que “en tanto entran en vigor las disposiciones necesarias para la operación de la Plataforma, se seguirá utilizando el Sistema Compranet”, no existe mayor información sobre de qué manera se respaldará o se trasladará la información del sistema a la Plataforma. Esto genera incertidumbre sobre el respaldo de la información, la continuidad de los procesos de contratación, el acceso a la información pública y la adecuada fiscalización de los recursos. 

2. Falta de garantías en transparencia y rendición de cuentas 

Si bien se menciona que la Plataforma busca mejorar la trazabilidad de contratos y licitaciones, no se establecen mecanismos claros para auditorías independientes ni para la rendición de cuentas en casos de fallas o corrupción. La transparencia debe ser un eje rector de cualquier reforma en materia de contrataciones públicas.

3. Exclusión de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la Ley 

Una de las disposiciones más alarmantes de la iniciativa es la exclusión de las obras y servicios ejecutados por las Fuerzas Armadas en la aplicación de esta Ley, cuando se trate de proyectos considerados estratégicos (artículo 1 Quater). Esto otorga mayores privilegios y facultades ampliadas a las Fuerzas Armadas en proyectos estratégicos, aumentando la opacidad en el uso de recursos públicos y permitiendo que las irregularidades en el ejercicio del gasto permanezcan sin escrutinio público. Además, en el contexto de la nueva Ley en materia de transparencia, esta exclusión refuerza mayores negativas para el acceso a información de interés público bajo argumentos de seguridad nacional.

4. Centralización de funciones en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 

La iniciativa establece que dicha Secretaría regulará y estandarizará los procedimientos de contratación pública, pero no especifica los tiempos ni las garantías para la implementación de estos lineamientos. Además, le otorga responsabilidades adicionales sin contemplar capacitación ni fortalecimiento del personal, lo que podría derivar en deficiencias operativas y mayores riesgos de discrecionalidad.

Ante la posible aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados de la reforma de Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, ARTICLE 19 exige a las personas legisladoras: 

• Garantizar un proceso de transición claro y transparente entre Compranet y la Plataforma, incluyendo correcciones de errores e insuficiencias que comprometían -desde antes- el acceso a información desde Compranet. También deben existir pruebas piloto que comprueben la funcionalidad de la Plataforma y la cobertura de las necesidades detectadas en el sistema actual. Además, se debe evitar que la transición afecte los procesos de contratación y de transparencia vigentes.
• Asegurar la disponibilidad de recursos suficientes para el diseño, implementación y mantenimiento de la Plataforma y la integridad de la información contenida en ella en el corto y mediano plazo. No puede justificarse una reducción presupuestaria si esto pone en riesgo su operatividad y confiabilidad.
• Establecer mecanismos claros de auditoría y rendición de cuentas para garantizar la transparencia en el uso de la Plataforma, prevenir posibles fallas y combatir la corrupción en los procesos de contratación pública.
• Sujetar a las Fuerzas Armadas y todos los proyectos estratégicos a los mismos principios de transparencia y rendición de cuentas que debe primar en cualquier proceso de contratación.