México, D.F. a 25 de febrero de 2015.- Periodistas que daban cobertura al violento desalojo de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), ocurrido el martes 24 de febrero en Acapulco, fueron agredidos por agentes pertenecientes a la Policía Federal y la Gendarmería Nacional.
ARTICLE 19 tiene conocimiento que por lo menos tres periodistas fueron agredidos físicamente, justo cuando los policías desalojaban a los maestros que mantenían un bloqueo en el bulevar de Las Naciones.
Producto del violento desalojo, un maestro jubilado de la CETEG murió a consecuencia de los golpes de la policía. De acuerdo con autoridades estatales, en el operativo 106 personas fueron detenidas; al momento de la publicación de esta alerta, 99 han sido liberadas.
Carlos Alberto Carbajal, fotoperiodista del periódico El Sur y uno de los comunicadores agredidos, informó que la agresión se dio alrededor de las 19:45 horas, luego de que un autobús intentó abrirse paso por la valla de contención que mantenían los policías para impedir el camino de los maestros de la CETEG.
“Me identifiqué como prensa con una credencial del periódico. Grité prensa. Entonces llegó un (policía) antimotines y me golpeó con un tubo en la cabeza. El golpe me aturdió, me quitaron la cámara y la azotaron contra el suelo. Me intentaron tirar, me jalaron la camisa para que me cayera. Me zafé de ellos y corrí; seguí gritando soy prensa, y me dijeron nos vale verga, de todos modos te vamos a partir la madre”, dijo el fotoperiodista, entrevistado por ARTICLE 19.
Producto de la agresión, la cámara fotográfica de Carbajal fue destruida y los policías no permitieron que el comunicador recuperara su memoria fotográfica, en la que se encontraba las imágenes obtenidas durante la reyerta.
Bernardino Hernández, fotoperiodista independiente, fue otro de los comunicadores agredidos por la policía. “Estaba yo en medio (del enfrentamiento). No me dejaban salir, se empiezan a dar de golpes y empiezan a agredirme. Yo les grité que era de prensa. Me dijeron: ‘A mí me vale madre, aquí en este desmadre todas van parejo cabrón’. Como les hice algunas fotos trataron de quitarme la cámara y como no la soltaba me estuvieron dando de toletazos en las piernas y en el brazo”, informó Hernández, entrevistado por ARTICLE 19.
A consecuencia de la agresión, la lente de la cámara fotográfica de Hernández fue dañada. Además, los policías le robaron su cartera y una cadena de oro que el comunicador portaba.
ARTICLE 19 reitera que la policía está obligada a respetar y proteger el derecho a buscar, recopilar y difundir información sobre cualquier hecho de interés público; en particular los hechos relacionados con manifestaciones públicas y protestas, lo que incluye la propia actuación de los cuerpos de seguridad.
Por ningún motivo se justifica el uso de la fuerza contra periodistas, comunicadores o personas que recopilan información sobre protestas sociales. Su labor informativa es esencial para que la sociedad se mantenga informada sobre el desarrollo de estos eventos y las demandas realizadas por quienes se manifiestan.
ARTICLE 19 señala que el uso arbitrario y excesivo de la fuerza así como las detenciones arbitrarias en contexto de manifestaciones públicas genera un efecto inhibidor en los derechos a la libertad de expresión y asociación. De la misma manera, restringir el uso de ciertos espacios para la protesta social constituye una forma de censura previa, prohibida por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Las restricciones a las manifestaciones públicas son la excepción y no la regla, y deben determinarse de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, con base en criterios de razonabilidad, idoneidad y proporcionalidad. Con independencia de lo anterior, bajo ninguna circunstancia está justificado cometer asesinato o lesiones graves a manifestantes mediante el uso de la fuerza pública.
La falta de transparencia de la Policía Federal en cuanto a los criterios, principios y protocolos a seguir durante la contención de manifestaciones y protestas, impiden la necesaria auditoria ciudadana de las decisiones y posibles abusos en estos contextos. La opacidad y ausencia de rendición de cuentas por parte de esa corporación promueve la impunidad y profundiza la desconfianza ciudadana hacia la institución.
Nota para prensa
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