Foto: ARTICLE 19

• La prohibición de destruir documentos proviene de la suspensión dictada en el juicio de amparo que promovió Alicia de los Ríos Merino, hija, acompañada por el Centro Prodh y ARTICLE 19, por las irregularidades documentadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el período 1965-1990.

Ciudad de México, 2 de octubre 2023.- Luego de que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 emitiera el “Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en el AGN” y, posteriormente, dos ampliaciones más sobre irregularidades encontradas en ese acervo, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por el Centro Prodh y ARTICLE 19, promovió, un juicio de amparo, con el objetivo de que se localicen y transfieran archivos perdidos, sustraídos, faltantes o que nunca fueron transferidos (y debieron serlo) al Archivo General de la Nación.

El 8 de septiembre el juicio de amparo fue admitido por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Gracias a una resolución del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se concedió la suspensión provisional y, el pasado 21 de septiembre, el Juzgado Octavo hizo lo propio al conceder la suspensión definitiva en el juicio.

Estas resoluciones reconocen que familiares como Alicia de los Ríos Merino tiene derecho a exigir que se revisen estos documentos, donde podría encontrarse información sobre el paradero de su madre desaparecida, así como el esclarecimiento de este periodo de represión estatal en contra de movimientos sociales.  Asimismo, el Poder Judicial advirtió que las autoridades del Centro Nacional de Inteligencia no desvirtuaron con pruebas las irregularidades documentadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, sino que solamente se han limitado a negarlas.

Finalmente, el Poder Judicial ordenó que, mientras se encuentre en curso el juicio de amparo, las autoridades del Centro Nacional de Inteligencia deben abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos» a los que se refiere el MEH en sus informes.

Alicia de los Ríos Merino busca a su madre, homónima, desaparecida en 1978 por la Brigada Blanca, una agrupación conformada por el Ejército, policías y procuradurías estatales y la Dirección Federal de Seguridad, hoy Centro Nacional de Inteligencia.

En el marco de la conmemoración del 2 de octubre, no olvidamos, y hacemos un llamado al Centro Nacional de Inteligencia a cumplir con las resoluciones del Poder Judicial y cumplir, finalmente, con las órdenes presidenciales de transferir todos los archivos de la represión con los que cuentan. Estos documentos son esenciales para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, pero también para asegurar la justicia, memoria, reparación y no repetición de los hechos. Que al término del sexenio familiares de víctimas de desaparición tengan que acudir a los tribunales para que éstos tutelen su derecho a la verdad, muestra que la promesa de esta administración de ir a fondo en este tema permanece aún incumplida.

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El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, encabezado por expertas y expertos independientes, tiene el mandato de investigar la verdad, a través del reconocimiento de instalaciones militares, del registro de testimonios y de la revisión de archivos relacionados con la violencia de Estado en ese periodo.

Desde el año 2001, se dio la instrucción presidencial al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de transferir la documentación relacionada con movimientos sociales y políticos del pasado al Archivo General de la Nación (AGN). El CISEN heredó esos archivos de sus predecesoras, la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN, vigente de 1985 a 1989) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS, vigente de 1947 a 1985).

El CISEN trasladó un acervo al AGN, pero por casi dos décadas el personal del CISEN custodió ilegalmente tales archivos, hasta el 07 de enero de 2019, cuando se le renombró Centro Nacional de Inteligencia y, con la entrada de la administración actual, tuvo que abandonar el control de tales documentos. La custodia ilegal de archivos motivó cuestionamientos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil por las preocupaciones que hoy se prueban fundadas con las irregularidades que reporta el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico en sus informes.

Nota para prensa

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