Organizaciones y expertos presentarán información sobre los sistemas de justicia latinoamericanos frente a la Gran Corrupción, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Ciudad de México 14 de febrero de 2019 – Mañana, el 15 de febrero del 2019, en la ciudad de Sucre, Bolivia, se llevará a cabo una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual diversas organizaciones y expertos de la sociedad civil latinoamericana, expondrán ante este organismo acerca del rol que los sistemas nacionales de justicia han tenido y pueden tener frente al fenómeno de la corrupción, que se ha expandido drásticamente en varios países de América Latina. Asimismo, en la audiencia se discutirá cómo los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en especial, la garantía de la independencia judicial, pueden ser fortalecidos para ayudar a combatirla.
La corrupción ha alcanzado dimensiones exorbitantes y se ha introducido en la estructura de los Estados en casi la totalidad de países de América Latina. La debilidad institucional, la impunidad, y la falta de independencia de los sistemas de justicia, explican la ausencia de una respuesta estatal efectiva frente a la llamada «Gran Corrupción,» en la que redes criminales de gran complejidad y amplia efectividad operativa, han logrado introducirse en el sistema político, y desde allí, han logrado controlar de manera total o parcial, a los sistemas de justicia, con el objetivo de asegurar la impunidad de sus actos criminales, en perjuicio del interés público y de los derechos y libertades fundamentales de amplios sectores de la población.
Mediante esta misma estrategia, que puede apreciarse con ciertos matices en casi toda la región, estas redes criminales integradas por operadores tanto públicos como privados, buscan capturar y mantener el control del Estado, usando el poder para apropiarse de los recursos públicos en beneficio propio.
Estos serán los temas abordados durante la audiencia, donde los peticionarios expondrán situaciones concretas de sus respectivos países, para mostrar cómo la falta de independencia y la debilidad institucional de sus sistemas de justicia, les impide detectar, investigar, perseguir y sancionar a quienes integran estas estructuras criminales organizadas, especialmente cuando forman parte de órganos políticos estatales.
Ello ocurre en Honduras y El Salvador, donde investigaciones de corrupción son deficientes y prorrogadas, y con frecuencia, archivadas. En países como en Venezuela y Guatemala, el poder político tiene una fuerte influencia sobre el sistema de justicia, y ha logrado impedir el avance de ciertas investigaciones, utilizando las facultades de destitución y antejuicio sobre jueces y fiscales independientes. Por otro lado, en México y varios otros países, las altas autoridades de la justicia siguen siendo elegidas por mecanismos altamente políticos, lo cual desfavorece el nombramiento de autoridades independientes y capaces de enfrentar la corrupción. En Perú, periodistas y fiscales encargados de investigar casos de corrupción son perseguidos, presionados y amenazados desde el mismo sistema de justicia, mientras que en diversos países de la región, la CIDH ha tenido que otorgar medidas cautelares para proteger la vida e integridad de magistrados involucrados en la tramitación de casos de corrupción, como a los Fiscales Generales de Guatemala, El Salvador, y Venezuela.
La audiencia se realizará en día viernes 15 de febrero a las 12:45 hora local y será trasmitida en vivo a través de www.cidh.org
Las organizaciones peticionarias de la audiencia son:
México
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
FUNDAR- Centro de Análisis e Investigación
Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C (Centro PRODH)
Colombia
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA)
Venezuela
Transparencia Internacional Venezuela
Acceso a la Justicia, Observatorio venezolano de la justicia
El Salvador
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional
Guatemala
Instituto de la Judicatura
Impunity Watch Guatemala
Honduras
Comisión Nacional Anticorrupción (CNA)
Panamá
Alianza Pro Justicia
Perú
PROÉTICA, capítulo peruano de Transparencia Internacional
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Organizaciones regionales
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Independent experts
José Ugaz Sanchez-Moreno
Experto en lucha contra la corrupción, y ex Presidente de Transparencia Internacional.
Claudia Escobar Mejía
Consultora internacional en materia de lucha contra la corrupción e independencia judicial.
Sarah Chayes
Experta en lucha contra la corrupción, periodista, autora de los libros «Cuando la corrupción es el sistema que opera: el caso de Honduras» (2017) y «Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security» (2015).
Latin American Organizations
and Experts to Present Information on Justice Systems in the Face of Grand Corruption Before the Inter-American Commission on Human Rights
February 14, 2019 – Tomorrow, February 15, at a public hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in Sucre, Bolivia, a variety of organizations and experts from Latin American civil society will address the role that national judicial systems have had and may have in the face of the corruption phenomenon, which has drastically expanded in various countries in the region. The hearing will discuss how human rights recognized in the American Convention on Human Rights – in particular, the guarantee of judicial independence – can be strengthened to combat corruption.
Corruption has reached exorbitant dimensions and has been incorporated into the structure of most states in Latin America. Weak institutions, impunity, and a lack of independent judiciaries explain the absence of an effective state response to so-called «Grand Corruption,» in which complex criminal networks, with effective operating systems, have managed to insert themselves into political structures. From there, they have succeeded in controlling judicial systems for the purpose of assuring impunity for their own criminal acts, to the detriment of the public interest and the fundamental rights and liberties of the general population.
Through this same strategy, which exists at different levels in almost the entire region, these criminal networks, comprised of both public and private actors, strive to capture and maintain control of the State, using their power to appropriate public resources for their own benefit.
The petitioners will offer concrete examples of situations occurring in their countries of origin in order to demonstrate how the lack of independence and institutional weakness of their judicial systems inhibits the detection, investigation, and sanctioning of those involved in organized criminal structures, particularly when they form part of state political entities.
Such is the case in Honduras and El Salvador, where investigations of corruption are deficient and prolonged, and often, closed without resolution. In countries such as Venezuela and Guatemala, the political powers have a strong influence on judicial systems and have impeded the progress of investigations, by utilizing the powers of removal and impeachment of independent judges and prosecutors. Furthermore, in Mexico and various other countries, high-ranking judicial officials are selected through highly political mechanisms, which inhibits the appointment of independent authorities capable of confronting corruption. In Peru, journalists and prosecutors in charge of investigating cases of corruption are persecuted, pressured, and threatened by the judicial system, while in various countries in the region, the IACHR has had to issue precautionary measures to protect the lives and integrity of judges involved in corruption cases, as well as for the chief prosecutors of Guatemala, El Salvador, and Venezuela.
The hearing will take place on February 15, 2019 at 12:45 local time (11:45 EST) and will be aired live via www.cidh.org
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The petitioning organizations are:
Mexico
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
FUNDAR- Centro de Análisis e Investigación
Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C (Centro PRODH)
Colombia
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA)
Venezuela
Transparencia Venezuela, Venezuelan chapter of Transparency International
Acceso a la Justicia, Observatorio venezolano de la justicia
El Salvador
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Salvadoran chapter of Transparency International
Guatemala
Instituto de la Judicatura
Impunity Watch Guatemala
Honduras
Comisión Nacional Anticorrupción (CNA)
Panama
Alianza Pro Justicia
Peru
PROÉTICA, Peruvian chapter of Transparency International
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Regional organizations
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Independent experts
José Ugaz Sanchez-Moreno
Expert in the fight against corruption and former Chair of the Board of Transparency International.
Claudia Escobar Mejía
International consultant on the fight against corruption and judicial independence.
Sarah Chayes
Expert in the fight against corruption, journalist, author of «When Corruption is the Operating System: The Case of Honduras» (2017) and «Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security» (2015).
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