Martes 27 de agosto de 2024.- Las organizaciones Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), PEN Nicaragua en el exilio, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC-ALC), IFEX- ALC, ARTICLE 19 México y Centroamérica, Artists at Risk Connection (ARC), PEN America, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y PEN Internacional, elaboramos un informe de cara a la celebración del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) 2024, ante las sistemáticas violaciones derechos humanos en Nicaragua, de manera particular por el derecho a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información.
El informe tiene como objetivo principal visibilizar las sistemáticas violaciones a los derechos civiles, a través de la violencia estatal que persigue y criminaliza a periodistas y voces críticas, llegando a niveles críticos durante este periodo (2019-2023) lo que ha derivado en zonas de silencio en el territorio. Dicha situación ha sido posible también por el fortalecimiento de un marco normativo restrictivo y contrario a los estándares internacionales en materia de derecho.
Es urgente que el Estado nicaragüense atienda y dé cumplimiento a los instrumentos internacionales que ha suscrito ante el Sistema Universal como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en 1948); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 1980)5, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ratificado en 1980) y a las recomendaciones derivadas del anterior periodo de revisión.
Desde las organizaciones hemos hecho las siguientes recomendaciones:
- Cesar el acoso judicial, policial e institucional contra las voces críticas y contra quienes ejercen su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica.
- Poner fin al uso arbitrario de mecanismos administrativos, legislativos, judiciales, financieros y policiales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en el país.
- Adoptar medidas inmediatas para liberar a todas las personas opositoras y críticas detenidas arbitrariamente, incluidos periodistas, activistas, artistas y otras personas presas políticas encarceladas por ejercer su derecho a la libre expresión, la expresión artística y la manifestación pacífica.
- Garantizar la libertad de los medios de comunicación permitiendo a periodistas, trabajadores de los medios y otros profesionales de la comunicación llevar a cabo plenamente su labor informativa, la seguridad de sus bienes e inversiones y un entorno propicio en el que puedan trabajar sin temor a represalias.
- Devolver los equipos e infraestructuras confiscados a los medios de comunicación, periodistas y otros opositores, como muestra de compromiso con las libertades fundamentales y la democracia en el país.
- Adoptar medidas inmediatas para restituir la nacionalidad a periodistas, escritores, activistas, defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y otros opositores a los que se ha privado arbitrariamente de su nacionalidad como represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
- Poner fin a la campaña de persecución religiosa, especialmente contra los medios de comunicación de la Iglesia católica, y garantizar que operan en igualdad de oportunidades que los de otras iglesias o corrientes religiosas.
- Restablecer de inmediato la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil que han sido clausuradas y permitir que realicen su trabajo sin temor a represalias.
- Derogar las leyes restrictivas descritas en este informe que operen en contra del derecho internacional referentes a la libertad de expresión, libertad artística y de manifestación.
- Garantizar el ejercicio y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas residentes en el país, mostrando apertura al diálogo, aplicación de la Constitución Política y compromiso con un ambiente propicio para la democracia, la libre expresión y demás derechos humanos en el país, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado de Nicaragua.
- Revocar la decisión de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y restablecer la membresía para demostrar el compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos de acuerdo con las normas y mecanismos regionales.
- Cumplir con las obligaciones jurídicamente vinculantes en virtud de las Convenciones Interamericanas, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los tratados internacionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el Estado de Nicaragua ha ratificado.
