México, D.F. a 20 de febrero de 2015.- El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, así como el secretario general de gobierno de ese estado, Víctor Zamora Rodríguez, atentan contra la libertad de expresión que ejercen medios de comunicación y periodistas coahuilenses, al asegurar que estos han sido presionados por grupos del narcotráfico para publicar información que vincula a policías adscritos a los grupos tácticos de seguridad en el estado con graves violaciones a los derechos humanos.
El pasado 7 de febrero de 2015, el periódico Reforma, publicó que de acuerdo con la organización Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Coahuila, “en el último año y medio se han registrado 60 casos de desaparición forzada, algunos de ellos con tortura (…) a manos de elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales del Estado (GATE). Según el reporte de la organización, reproducido por el medio, “51 personas de las 60 desaparecidas fueron localizadas y afirman que fueron secuestradas, torturadas y presentadas ante la autoridad con pruebas falsas en Piedras Negras y la región Cinco Manantiales”.
Reforma no ha sido el único medio de comunicación que ha informado sobre las denuncias y quejas existentes contra los grupos tácticos de seguridad en Coahuila. Periódicos, radiodifusoras y televisoras locales y nacionales han presentado testimonios y videos donde se muestra el actuar de los policías estatales. A esto se suma la recomendación 05/2015, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, que el pasado 17 de febrero le pidió al Comisionado Estatal de Seguridad una investigación interna por una detención ilegal que en 2013 realizaran policías del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad.
Ante las denuncias existentes contra las corporaciones tácticas de seguridad publica en Coahuila, periodistas y medios locales y nacionales han solicitado en diferentes actos públicos información al gobernador del estado, Rubén Moreira, así como al secretario general de gobierno, Víctor Zamora, quienes para evadir las preguntas de la prensa han señalado que existe “una campaña de desprestigio” contra estas corporaciones, la cual es orquestada por grupos del narcotráfico junto con periodistas y medios.
El 12 de febrero, ante las preguntas de la prensa, el gobernador Moreira dijo que, aun cuando no podía dar más detalles de estos hechos, tenía conocimiento de que comunicadores y medios, sin mencionar nombres, estaban siendo presionados para publicar información contra su policía.
“Los medios no me han pedido que ni haga público ni se han quejado de otra cosa. Han reconocido que antes era mucho peor, que antes las presiones eran mayores. Entonces yo le dejaría así, ellos tendrían que tomar su responsabilidad”.
El 19 de febrero, por su parte, el secretario general de gobierno, Víctor Zamora, al ser cuestionado sobre las acusaciones contra grupos tácticos de seguridad y un video donde aparecen policías del GATE asesinando a personas, sostuvo que “todos los videos que se han presentado (…) son falsos”. No sólo eso, aseguró que existe “una campaña” de los Zetas, así como de medios de comunicación y periodistas, para “desprestigiar a los grupos tácticos de seguridad Coahuila”.
“Tengo las narconominas y las voy a entregar a la SEIDO”, dijo Zamora para fundamentar su dicho.
Para ARTICLE 19, Rubén Moreira y Víctor Zamora realizan acusaciones en contra de la prensa sin dar elementos que permitan corroborar sus afirmaciones. La alta investidura de estos funcionarios les obliga a evitar que la población reciba información manipulada de determinados hechos. Su deber es proporcionar información de interés público, sin incrementar el riesgo de quienes ejercen el periodismo, o fomentar la zozobra o autocensura que prive a la sociedad en general de su derecho a estar informada.
Lo señalado por estos servidores públicos viola el deber de respetar la libertad de expresión, puesto que al tener una posición de garantes de este derecho protegido internacionalmente, sus declaraciones no pueden constituirse en formas de injerencia o presión lesiva a la prensa.
Incluso, se requiere que las autoridades sean más diligentes al emitir sus declaraciones, teniendo especial cuidado en situaciones de mayor conflicto social o polarización que puedan implicar riesgos a determinadas personas o grupos, como ocurre con quienes ejercen el periodismo en México.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “si bien es cierto que existe un riesgo intrínseco a la actividad periodística, las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentadas, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar o sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen su libertad de expresión”.
ARTICLE 19 hace un llamado al gobernador de Coahuila, así como al secretario de gobierno, para que paren cualquier acto de presión que incremente el riesgo de la prensa y en consecuencia que emitan sus opiniones conforme los compromisos internacionalmente adquiridos por México en materia de derechos humanos. Es así que los pronunciamientos de funcionarios deben hacerse con una mayor diligencia, requiriendo constatar razonablemente los hechos que fundamentan sus opiniones.
Nota para prensa
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