Horas antes de que se supiera que Elizabeth Macías Castro, jefa de Redacción del diario Primera Hora de Nuevo Laredo había sido asesinada, los portales noticiosos narraban con crudeza la escena: una mujer decapitada, cuyo cuerpo fue abandonado en una transitada avenida de la ciudad con dos teclados de computadora y algunos cables, además de un mensaje que la acusaba de usar redes sociales para, aparentemente, informar a la Marina y el Ejército de los movimientos del narco.
El hecho remitió de inmediato a un acontecimiento similar sucedido el 13 de septiembre, cuando los cuerpos de dos personas aparecieron colgados de un puente peatonal, también en Nuevo Laredo, con mensajes escritos en cartulinas que amenazaban a quienes hacían denuncia en sitios de Internet como Frontera al rojo vivo y el Blog del Narco.
Sin ningún dato que permitiera confirmar la veracidad de la afirmación y la identidad de las víctimas, varios reportes periodísticos se apresuraron a asegurar que las víctimas eran tuiteros, lo que generó una percepción de persecución contra usuarios de redes sociales, habida cuenta de la detención en Veracruz de dos personas a quienes se acusó de terrorismo y sabotaje por difundir información no confirmada a través de sus cuentas de Twitter.
Nuevos datos sobre Elizabeth Macías se refieren a ella como contribuyente muy activa del sitio Nuevo Laredo en Vivo, donde además de tableros de mensajes y salas de chat en los cuales se alerta a otros ciudadanos de hechos violentos en la ciudad, se incluyen ligas a sitios para realizar denuncia ciudadana contra grupos de la delincuencia.
En el contexto de estos crímenes recientes y la avanzada en estados como Veracruz, Tabasco e Hidalgo (entre otros) para regular el uso de redes sociales y criminalizar la expresión en esos canales, tuiteros y aun blogueros que reportan movimientos, operación del narcotráfico o refieren hechos violentos a los que los medios tradicionales no dan cobertura, han comenzado a expresar su temor de ser identificados y encontrados.
En un texto reciente publicado en The New York Times, J. David Goodman advierte un creciente fenómeno en ciudades en las que los periodistas ya no son capaces de informar sobre temas de seguridad, al menos no sin poner en riesgo su vida. Los ciudadanos han comenzado a llenar los vacíos de información mediante el uso de herramientas tecnológicas y nuevas plataformas en internet que además les permiten mantener cierto anonimato para alertar a sus iguales y denunciar.
Twitter y Facebook se han convertido quizá en las herramientas más útiles para esos fines en el noreste del país, donde las personas han creado hashtags como #reynosafollow, #mtyfollow o #verfollow que permiten seguir a otros en tiempo real las incidencias delictivas en sus respectivas regiones.
Hasta hoy, no hay evidencia de que las personas asesinadas en Nuevo Laredo hayan sido tuiteros activos (ni siquiera en el caso de la jefa de Redacción de Primera Hora) y resulta todavía más difícil comprobar, como reporta la agencia ANSA cuántos periodistas han desactivado sus cuentas en redes sociales en precaución a eventuales ataques de los asesinos del narcotráfico.
Lo cierto es que el daño está hecho; los tuiteros, bloggers y usuarios de otras plataformas han dejado de sentirse seguros y han comenzado a censurarse por miedo a represalias. Desde hace años, muchos periodistas mexicanos han aprendido a vivir a dos fuegos: por un lado los gobiernos locales que imponen una agenda y línea editorial, usando las pautas publicitarias como instrumento de premio y castigo, y por el otro, los criminales que hacen lo propio a través de amenazas directas y acciones violentas contundentes.
Según datos de ARTÍCULO 19, sólo de 2009 a la fecha, en Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas fueron asesinados ocho periodistas y se han registrado nueve ataques armados contra medios de comunicación. Como ha observado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, “el impacto de esta violencia […] produce un efecto multiplicador, con un clima de intimidación que inhibe la tarea informativa del gremio”.
Ante un panorama de comunidades totalmente silenciadas por el efecto de la violencia, internet se convirtió en una herramienta de la sociedad para romper el silencio impuesto a periodistas y comunicadores, pero también para llenar los vacíos que las autoridades tendrían que llenar con información suficiente, útil y oportuna, a fin de impedir que se extienda el clima de temor.
Lejos de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, gobiernos y congresos locales han abonado a la zozobra mediante iniciativas para regular el uso de redes sociales, lo que violenta derechos fundamentales, no importa si para ello se esgrimen razones de paz social. Así, los ciudadanos quedan en medio de los mismos fuegos que han orillado a los periodistas a renunciar a su trabajo de informar sobre rubros como la seguridad y la delincuencia organizada: el temor a partes iguales por las acciones de los delincuentes y la actuación arbitraria de las autoridades.
