Magistrados que avalan la tortura
Por Lydia Cacho
Sentenciaron al comandante policiaco a 5 años y 3 meses por ordenar mi tortura, él apeló a la corte y nosotras demostramos nuevamente los delitos, entonces el Tribunal Unitario aumentó la pena a 7 años y 6 meses por la gravedad del crimen. Estaba purgando su sentencia y hace una semana fue sorpresivamente exonerado por los mismos magistrados que no consideraron suficientemente grave el delito de tortura ordenada por el hombre que compraba y explotaba sexualmente de niñas menores de 13 años.
Una tarde hacia finales del años 2005, el empresario millonario Kamel Nacif hablaba en árabe creyendo que no se entendería su conversación, estaba planeando una conjura judicial con su operador de negocios ilícitos de la PGJ de Puebla. Juntos concertaron mi secuestro, amenazas y tortura con el comandante de la policía de Puebla Juan Sánchez Moreno. El plan, como quedó plenamente demostrado ante los juzgados, consistía en asignar a dos policías judiciales que se harían cargo de mi tortura directa y del traslado desde Cancún a la cárcel de Puebla donde organizaron mi violación, además coordinaron a otro grupo de agentes que estaban asignados para impedir que mis escoltas federales pudiesen evitar el arresto ilegal, también controlaban a la jueza que me sentenció de inmediato por “difamar” a los pederastas. El plan comandado por Nacif, avalado por el entonces gobernador de Puebla Mario Marín aka “El góber precioso” y por Manuel Quiroz del Consejo de la Judicatura, involucraba a más de veinte funcionarios públicos en una concertación antijurídica cuyo fin último era silenciarme para ganar la defensa legal de los líderes de la red de explotación sexual comercial infantil y trata de personas, que en ese momento eran ya perseguidos por la justicia a raíz de la publicación de mi libro de investigación periodística “Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía infantil”.
Con este ataque pretendían que yo negase la veracidad de mi investigación, que dejase solas a las víctimas menores de 15 años a quienes mi equipo protegía; que mis abogadas abandonasen el juicio contra la red criminal y que yo no me atreviese a declarar en contra el líder pederasta detenido en Arizona. Efectivamente me torturaron, me encarcelaron, me interpusieron múltiples juicios que eventualmente gané, fui a terapia, superé el trauma y seguí testificando contra los pederastas y contra mis torturadores. El líder de los compradores y violadores de niñas fue sentenciado a 112 años y por más que se esforzó en salir de prisión protegido por Nacif y sus cómplices políticos, nunca lo logró (yo he testificado y he sido sometida a careos y peritajes psicológicos más de 50 veces). Succar Kuri murió recientemente en prisión, sentenciaron a los dos policías que me torturaron y, poco a poco con enormes esfuerzos y desgaste, sobreviviendo ataques y atentados, logramos que Interpol arrestase en México al ex-gobernador que aún espera sentencia en el penal de alta seguridad de La Palma, y en Líbano detuvieron a Kamel Nacif, que con actos de corrupción y tráfico de influencias logró ser liberado por la misma Magistrada que defiende a sus cómplices criminales. Hay otras causas abiertas, y bajo amenazas y desde el exilio yo sigo testificando en contra de la red criminal, sus líderes y socios políticos.
A lo largo de estos veinte años, gracias al incansable trabajo de mi equipo de defensa legal de la organización Articulo 19, encabezado por Leopoldo Maldonado, hemos demostrado cómo las redes de delincuencia organizada transnacional no podrían operar en México si no fuese por los delitos y complicidades de las y los servidores públicos pertenecientes al poder judicial y al poder ejecutivo, y que sus maniobras permanecen activas sin importar qué partido político gobierne al país. Como miles de sobrevivientes de delitos, he denunciado a las y los juzgadores que protegen a las redes criminales y en todos los casos hemos documentado que son justamente empleados del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura quienes se niegan a aplicar la ley contra actos de corrupción de jueces y juezas que protegen a miembros de la delincuencia organizada y a las redes de funcionarios públicos que hacen posible la impunidad.
Al denunciar la corrupción de jueces y magistradas demostramos que las y los jueces del Tercer Tribunal Colegiado que eliminaron esta sentencia por tortura son partícipes de los mismos delitos que denuncié originalmente: Ejercicio indebido del servicio público, colusión de servidores públicos, probable cohecho y protección directa e indirecta de las redes criminales de trata de niñas, niños y adolescentes.
Quienes usan mi caso para defender la medida populista de la elección popular de jueces y juezas se equivocan, porque además de abrir las puertas directas del Poder Judicial a miembros del Crimen Organizado Transnacional (como la abogada del Chapo Guzmán), debilitan al endeble aparato de justicia mexicano con sus mecanismos de calificación previa que permiten que muchos delincuentes sean debidamente sentenciados. El Estado debería defender –y no debilitar– los mecanismos que robustecen la supervisión de personas que desde la función pública cometen actos de corrupción, esos que desencadenan la impunidad de las redes criminales y la vulnerabilidad ciudadana. Solo así podremos tener más jueces y juezas con gran preparación y que de forma ética, con responsabilidad y valentía defienden a las víctimas de delitos graves.
Llevamos veinte años demostrando cómo funciona el aprovechamiento concertado de los aparatos de poder a cambio de fuertes sumas de dinero, de bienes materiales y puestos de elección popular como premio por poner al sistema de justicia al servicio de las redes criminales. Al igual que miles de ciudadanas que no se rinden ante la impunidad seguimos adelante, y la próxima vez que otra mensajera de la presidenta Claudia Sheinbaum me diga que puedo volver a México porque el PRI ya no gobierna, le responderé lo mismo que en los últimos años: no volveré porque no tengo espíritu de mártir, porque las periodistas muertas no pueden testificar contra las y los servidores públicos que van de la mano de grupos de la delincuencia organizada, porque más allá del discurso la superestructura de la impunidad criminal, la persecución y muerte de periodistas siguen funcionando como en sexenios anteriores, y porque acaban de liberar a un policía que desde hace veinte años me quiere callada y sin vida mientras los tratantes de niñas siguen vivos, libres y mintiendo.
