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Washington DC a 25 de septiembre de 2019.-  El día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevó a cabo una reunión de trabajo con el Estado Mexicano a fin de determinar el estado en el que se encuentra las medidas cautelares otorgadas a la periodista mexicana Lydia Cacho en el año 2009 (MC 192-2009), las cuales siguen vigentes a la fecha derivado del riesgo al que se enfrenta y que se ha intensificado a partir de las órdenes de aprehensión en contra de las autores intelectuales y del allanamiento a su hogar en los meses de abril y  julio del presente, respectivamente.

Durante la Reunión de Trabajo, la periodista hizo un recuento de la falta de implementación de las medidas comprometidas desde la asignación en el año 2009, que dio pauta a que ella, sin apoyo del Estado, se hiciera cargo de su seguridad.  Asimismo, se expresó la necesidad de otorgar medidas idóneas de seguridad, tomando en cuenta que la amenaza a la que se enfrenta la periodista proviene de la delincuencia organizada dedicada a la trata de personas y la pornografía infantil en el país, y que el allanamiento ocurrido en su casa en el mes julio del presente año fue una represalia ante las ordenes de aprehensión que se emitieron en el mes de abril en contra del ex gobernador del estado de Puebla Mario Marín y del empresario Kamel Nacif.  Finalmente, se planteó la necesidad de que se considere la acumulación e integración de los contenidos de ambas investigaciones, así como la exigencia de rendir cuentas a la Comisión Interamericana sobre la implementación de medidas de manera permanente y actualizada.

Para ello es importante recordar que los días 16 y 17 de diciembre de 2005, la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia María Cacho Ribeiro, sufrió tortura con connotación sexual y de género a manos de agentes del Estado mexicano durante su traslado del estado de Quintana Roo al estado de Puebla, en la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, gestada Mario Marin, a raíz de la denuncia por difamación presentada por Kamel Nacif debido a la publicación del Libro “Los demonios del Edén”. Como consecuencia de la búsqueda de justicia por esos hechos,  tanto la periodista como personal del Centro Integral de Atención a la Mujer , A.C. (CIAM),  sufrieron múltiples amenazas e intimidaciones.

Debido a la intensificación de las amanezas en su contra durante el primer semestre del año 2009 provocó que sus representantes solicitaran medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de proteger la integridad personal y vida de la periodista, su familia y las integrantes del CIAM.  No obstante, las medidas dictadas al Estado Mexicano por parte de la Comisión fueron incumplidas una a una otorgando, únicamente, medidas cosméticas y esporádicas como lo fueron teléfonos celulares, números de emergencia y escoltas o rondines temporales. Finalmente, Lydia ha tenido que hacerse cargo de su seguridad y la de sus allegados por sus propios medios; así como de generar el contexto de exigencia para lograr el avance en la investigación en instancias nacionales e internacionales.

De esta manera, en agosto de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció la responsabilidad del Estado Mexicano respecto a la violencia a la que Lydia Cacho fue sometida y dictaminó sobre la necesidad de implementar un plan integral de reparación que incluía una serie de medidas de prevención, protección e investigación.

Entre las primeras acciones en materia de justicia que avanzaron meses después del dictamen del Comité, fue el ejercicio de la acción penal contra cinco policías judiciales (hoy ministeriales) del estado de Puebla, uno del estado de Quintana Roo, el ex director de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam; el ex gobernador del mismo estado, Mario Marín Torres; y el empresario textilero Kamel Nacif. La órdenes fueron negadas en contra de estos últimos y un comandante de la policía ministerial, mientras que el resto (4) fueron giradas por el Juez Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo

Fue así que en abril de 2019, la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Vigésimos Séptimo Circuito revocó la negativa del Juez y dictó las cuatro órdenes de aprehensión restantes en contra de Mario Marín, Kamel Nacif, Adolfo Karam y Juan Sánchez Moreno.

Hasta la fecha, no han sido ejecutadas las órdenes contra los tres primeros a pesar de que Marín y Karam se encuentran en el mismo estado de Puebla, a dos horas de la Ciudad de México y, el segundo, en Líbano. Esta situación coloca a la periodista y defensora de derechos humanos en un riesgo real, inminente y permanente.

Sin embargo, a pesar del conocimiento del Estado mexicano respecto a la necesidad de reforzar las diversas medidas de protección, el 21 julio de 2019,  la casa de Lydia Cacho fue allanada por dos hombres que hasta la fecha no han sido identificados, quienes asesinaron a sus mascotas y robaron material de trabajo.

A partir de entonces, se ha solicitado el reforzamiento de medidas de protección otorgadas a Lydia, sus familiares y representantes, sin que a la fecha exista una respuesta efectiva por parte del Estado Mexicano ya que la Policía Federal se rehúsa a cumplir cabalmente con las medidas solicitadas a través de la Secretaría de Gobernación. Por esta razón, Lydia Cacho decidió desplazarse a un lugar seguro hasta en tanto el Estado mexicano no haya identificado, procesado y sancionado a los responsables del allanamiento y robo; ejecutado las órdenes de aprehensión vigentes por la tortura cometida en su contra; y le otorgue seguridad personal mediante medidas adecuadas, pertinentes e idóneas.

En la reunión participaron Lydia Cacho, la Comisionada Esmeralda Troitiño, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza,  la Embajadora Luz Elena Baños del Consejo Permanente de la OEA, el titular de la Dirección General Adjunta de Política Internacional sobre Derechos Humanos de la SRE, el Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, la Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaria Gobernación, Rosalinda Salinas Durán, así como representantes del Estado y de la periodista.

En la sesión, el Estado mexicano volvió a tomar el compromiso de brindar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de Lydia Cacho, de su núcleo familiar, de personas cercanas a ella y de quienes la han acompañado en su búsqueda de justicia. Se acordó conformar una mesa de trabajo intersectorial (SEGOB, FGR, SSP y SRE) a fin de asegurar la protección integral.  Dichas medidas que contarán con la supervisión de la propia Comisión Interamericana para su correcto cumplimiento.

ARTICLE 19 exige al Estado Mexicano ejecutar las medidas cautelares dictadas en  favor de la Lydia Cacho y demás beneficiarios, así como informar de manera periódica del cumplimiento de las mismas a la Comisión Interamericana y generar un contexto seguro que garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión de la autora. Esto en virtud del compromiso que adquirió el 10 de enero de 2019, en la disculpa pública emitida por representantes de la Secretaría de Gobernación del Estado mexicano.


Nota para prensa

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Fecha de publicación en línea: 25 septiembre, 2019.
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