Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México 11 de octubre de 2024.- El 23 de septiembre de 2024, el Huracán John de categoría 3 impactó los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. De acuerdo con fuentes oficiales, el estado de Guerrero tuvo mayores afectaciones, impactando directamente a 29 municipios, dejando 23 vidas pérdidas, un saldo de 270 mil personas afectadas, la mitad de ellas en Acapulco y 40,000 viviendas inundadas en esta misma ciudad.

Cabe señalar que la población de Guerrero, en especial del municipio de Acapulco, aún estaba recuperándose de los estragos del huracán Otis, a once meses del suceso, que dejó pérdidas de más de 300 millones de pesos.

La magnitud de los huracanes Otis y John, la rapidez con la cual aumentaron de categoría y el periodo de tiempo de suceso entre uno y otro, se han ligado a los efectos del cambio climático. Si bien, los fenómenos naturales no sólo son consecuencia de ello, el cambio climático sí aumenta la posibilidad de que puedan convertirse en extremos o cambiar significantemente su impacto en las poblaciones. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las mermas reportadas por desastres climáticos extremos se han multiplicado por siete desde 1970.

En el informe El desastre de Otis: el derecho de acceso a la información tras el huracán en Acapulco ARTICLE 19 recupero el testimonio de varias personas afectadas por el huracán Otis en 2023, en donde expresaron su preocupación frente a nuevos eventos meteorológicos:

“[A] nosotros nos gustaría tener información para saber qué hacer en casos de huracán, tornado, temblor, nos faltaría capacitación para saber qué hacer y no sólo huir”[1]

“[…] no ha habido información sobre cómo reconstruir, una reconstrucción verdadera. El Gobierno federal y estatal debieran generar un plan para mejorar las viviendas para que en un fenómeno como Otis afecte en menos a las personas, familias”[2]

Este tipo de fenómenos plantea la necesidad de que los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) redoblen sus acciones para hacer frente al cambio climático, así como la obligación de transparentar a la ciudadanía, cuáles son las acciones que están planteando para la reducción de las emisiones contaminantes, y las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.

Uno de los puntos centrales en ambos desastres, responden a falta de información a la población, dado que, el acceso a la información no sólo refiere a contar con información antes de la llegada de estos fenómenos, sino también para los procesos de recuperación, en el caso de ambos Huracanes en Acapulco, la población seguía sin contar con información precisa sobre los procesos de recuperación ante fenómenos naturales.

Ahora con el paso del Huracán John, se reafirma la necesidad de contar con información climática de manera urgente, completa y comprensible. El derecho a la información sobre el cambio climático está previsto en el marco normativo mexicano, sin embargo, poco se ha dado a conocer sobre estás estrategias.

Tras el paso de ambos huracanes, y con el pronóstico de que en los siguientes años se tendrá más presencia de estos fenómenos naturales de gran intensidad, resulta sumamente preocupante la falta de información comprensible por parte del Estado en la generación de acciones concretas para mitigar los impactos de estos fenómenos, por ello, es importante que el nuevo gobierno entrante considere en su plan de trabajo, la información ya existente, así como el fortalecimiento periódico de esta información, y los mecanismos de transparencia proactiva para dar a conocerla, un ejemplo de ello, son  las actualizaciones a los atlas de riesgos y los planes integrales que coadyuven en la reducción de desastres, mediante la prevención temprana.

Desde ARTICLE 19 hacemos un llamado urgente al Estado Mexicano para que garantice el derecho a la información de la población en todas las etapas de la gestión de riesgos de un desastre de origen natural y sobre todo estando en el inicio de una nueva administración gubernamental.

Finalmente, hay que recordar que el Estado tiene la obligación de proveer información oportuna, con lenguaje accesible y culturalmente pertinente, para que la población pueda tomar las medidas adecuadas para salvaguardar sus vidas, especialmente la población en mayor vulnerabilidad o riesgo. Así mismo, el Estado mexicano debe fortalecer el acceso a la información en materia de cambio climático, y crear estrategias para que la población pueda ser partícipe de la toma decisiones en materia ambiental.

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[1] INFORME EL DESASTRE DE OTIS: EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN TRAS EL HURACÁN. ARTICULO 19.

[2] INFORME EL DESASTRE DE OTIS: EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN TRAS EL HURACÁN. ARTICULO 19. PÁG. 42