Las campañas de desprestigio se acentúan en Honduras y son promovidas por personas funcionarias con puestos clave en el Estado
Desde ARTICLE 19 rechazamos de manera categórica las campañas de desprestigio llevadas a cabo en contra de medios independientes y críticos en Honduras, tanto por parte de personas funcionarias públicas, como por medios indirectos a través una narrativa desinformativa y estigmatizante en redes sociales y actos públicos.
A finales del año pasado, en noviembre se registró otro pico de agresiones de este tipo en contra de los medios Honduras Verifica y Criterio.Hn. Según lo publicado por Criterio.Hn, las descalificaciones en X sucedieron en el marco de una entrevista que el medio solicitó al Secretario de Planificación Estratégica, para hablar sobre la libertad de expresión en el país. Los señalamientos en contra del medio por redes sociales del funcionario llegaron antes que la entrevista, la cual al final no tuvo lugar.
Si bien, desde la organización hemos reiterado en varias ocasiones la necesidad de detener esta práctica que atenta en contra de la libertad de expresión y que resultan ser “ataques verbales vitriólicos que sirven para amenazar, desacreditar y deslegitimar a periodistas, defensores de los derechos humanos, comunicadores sociales y activistas” tal como lo afirmara la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión Irene Khan, en lo que va del presente mes, se ha notado un incremento desde el pasado 5 de febrero de 2025.
El 5 de febrero de 2025, el medio Reportar Sin Miedo (RSM) se posicionó por las acusaciones falsas que hizo en su contra el sitio proxy “MiNota.Hn”. Según este sitio, tanto RSM como Televicentro, Honduras Verifica y Contracorriente recibieron financiamiento por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y por esa razón -sin fundamento claro- actúan acorde a intereses adversos a su labor periodística. Estas declaraciones colocan a las personas integrantes de estos medios en una mayor situación de vulnerabilidad, ante la falta de respuesta de mecanismos de protección en el país y los ataques desde el funcionariado público.
La segunda ola de descrédito y ataques en eventos públicos y redes sociales, se desencadenó tras las declaraciones de la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre) y ministra de defensa, Rixi Moncada. Entre las afirmaciones que realizó Moncada en un mitin en su gira en La Entrada, Copán, las cuales dirigió a medios críticos e independientes del país se encuentran «Ahora andan de delicadisimos por la libertad de prensa y expresión» y ”Dicen que definen la libertad de expresión y de prensa, si mataron a periodistas, si cerraron medios”.
Las declaraciones de la precandidata, y también funcionaria pública, causan indignación. Como se ha documentado desde la organización, una de las principales estrategias de descrédito en contra de líneas editoriales que disienten de la seguida por el gobierno, son el despliegue de descalificaciones y campañas de desprestigio por la vía pública o por medio de redes sociales. En tal sentido, los señalamientos por parte de los funcionarios públicos Ricardo Salgado, Ministro de Planificación y Estrategia, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, incluso de la titular de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, son prueba de ello.
Las campañas de desprestigio que se llevan a cabo desde diferentes frentes, tienen como telón de fondo el deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Honduras de cara a las elecciones. Adicionando a la complejidad del contexto, el pasado miércoles 5 de febrero el medio Hondumedios hizo público el acoso judicial del que están siendo objeto varios medios críticos con la situación en la que se encuentra el mando militar del país, y que además, se han negado a revelar sus fuentes.
Al respecto de esto último le recordamos al Estado de Honduras, como lo ha reiterado la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recientemente, las acciones judiciales realizadas por el jefe del Estado mayor conjunto, Roosevelt Hernandez, son contrarias al principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, pues “todo persona comunicadora social tiene derecho a la reserva de sus fuentes”.
Es urgente que el Estado hondureño cese las campañas de descrédito que buscan capitalizar el contexto actual para descalificar la labor de personas periodistas y comunicadoras. El periodismo independiente y crítico en Honduras se ha dedicado a informar y fomentar un espacio cívico sano en el país, pese a la situación adversa que atraviesa.
En particular, será relevante en la coyuntura caracterizada por la polarización política que impacta en la desacreditación que sufren los medios del país, que la Dirección General de Información y de Prensa del Gobierno de la República, órgano adscrito a la Secretaría de Comunicación Estratégica, transparente el uso de fondos y sus operaciones, como entidad estatal sujeta al escrutinio de la ciudadanía.
Recordamos, las personas funcionarias públicas, tal como lo indica la misma, por la naturaleza de sus funciones y el impacto de su actuar en la ciudadanía, tendrían que estar dispuestas a ser sujetas a la crítica y al escrutinio público. La tolerancia a la misma es un deber de los sujetos que ostentan el poder del Estado y un derecho de quienes gobiernan y exponen temas de interés público.
