Por: Omar Rábago Vital y Lucía Vergara
No queda duda alguna que la lucha contra el crimen organizado ha sido el sello característico de la actual administración del Gobierno Federal. El discurso ha sido de combate, lucha, batalla, daños colaterales y guerra. Esto nos deja ver la perspectiva que se tiene de seguridad nacional por parte del Ejecutivo federal y de sus prioridades.
Desde el primer discurso que pronunció Felipe Calderón en diciembre de 2006 ya como presidente de la República, instruyó al gabinete de seguridad a crear políticas para erradicar la delincuencia organizada. En ese entonces aseguró que la violencia era la principal amenaza del pueblo mexicano: “Sé, que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia…”. Nadie se hubiera imaginado el costo tan alto que se tendría que pagar: Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante la actual administración del gobierno federal han existido 67 mil 50 homicidios.
Durante la inauguración del Foro de Inversiones y Cooperaciones Empresarial Hispano Mexicano el 6 de diciembre de 2006, Calderón utilizó por primera vez la palabra guerra: “Tengan la certeza de que mi Gobierno está trabajando fuertemente para ganar la guerra a la delincuencia, de que se aseguren y respeten los derechos de cada quien, los derechos de propiedad y de inversión, de que se combata sin tregua la corrupción y se resguarden los derechos patrimoniales de vida y de libertad de todos”. Esto contrario a lo que expresó en una reunión en mayo del 2011 con organizaciones de migrantes en Nueva York donde señala que no está en guerra contra el narcotráfico. Esto ha sido el discurso por parte del Gobierno Federal, hablar de guerra para después negarlo.
Para mostrar su compromiso contra el narcotráfico la primera actividad que se realizó fue el Operación Conjunto Michoacán en diciembre de 2006. Un despliegue de 7 mil efectivos militares y de corporaciones policiacas federales. “Nosotros no vamos a la guerra si no estamos seguros de ganar” afirmó en Morelia, el general de división de la Secretaría de Defensa Nacional, Manuel García Ruiz. Según se informó en los tres primeros días de operaciones, se detectaron y destruyeron mil 150 plantíos de droga en la sierra michoacana. El año de 2006 se cerró 992 homicidios en ese estado, y 10 mil en todo el país, 28 por día. En enero de 2007 en Michoacán el presidente Calderón apareció vestido de militar para rendir homenaje a los militares, mostrando así su apuesta por el ejército quien encabezaría la guerra contra el narcotráfico.
El propio secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, reconoció en 2007 que el incremento de la violencia se debía a la estrategia del gobierno: “La presión del gobierno de Calderón contra los cárteles, previamente, este mismo año, engendró más violencia”. Este dato se conoció por un cable filtrado por Wikileaks (07MEXICO604). Esto se contrasta con lo dicho por Alejandro Poiré, entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, ese mismo año: “Se rechaza categóricamente la apreciación de que en México, por definición, un mayor esfuerzo en la aplicación de la ley por parte de la autoridad tendrá como resultado un incremento en la violencia de los narcotraficantes”.
Un ejemplo claro donde la violencia se incrementó después de la intervención del Gobierno Federal es Chihuahua. Aunque la violencia disminuyó para 2008 a 6 mil 837 homicidios con referencia al 2007 a nivel nacional, esta entidad federativa sería marcada como foco rojo por la inseguridad. En un año se incrementó 5 veces el número de homicidios. A principios de 2008 se lanzó el Operativo Conjunto Chihuahua. Posteriormente en 2009 se lanzó la Segunda fase. A dos años varios empresarios, organizaciones de la sociedad y ciudadanía en general coincidieron que el Operativo había fallado. Los homicidios en Chihuahua en 2008 representaron el 38% del total de homicidios en todo el país y el 18.5% para 2009.
El número de homicidios casi se triplicó de 2008 a 2009 con 19,803 homicidios, 53 homicidios diarios. Concentrándose el 37% en sólo 4 estados: Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Baja California. Para proseguir con su estrategia, claramente militar, el entonces Secretario de Defensa Nacional Guillermo Galván Galván, en 2009 propuso la aplicación del artículo 29 constitucional y decretar “estado de excepción” en varias regiones del país. Lo que provocaría, según el titular de Sedena, una cobertura legal más sólida para los militares en su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo el entonces secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, desestimó lo dicho por Galván y defendió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de respetar el fuero militar pues a su juicio éste era suficiente para darle al Ejército un soporte legal en sus actividades. Las declaraciones del entonces Secretario de Gobernación fueron contradecidas con la reciente decisión en 2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde ordena que el legislativo apruebe una reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, que actualmente establece que los delitos cometidos por militares sean revisados de manera exclusiva en un tribunal afín. Esto como resultado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 por el caso Rosendo Radilla.
Ante el aumento de los homicidios y la violencia en México a finales de 2009 el servicio de inteligencia estadounidense hizo un balance sobre los servicios de inteligencia y espionaje de México. En uno de los cables divulgado por Wikileaks clasificado confidencial, y redactado por la embajada de Estados Unidos en México bajo la supervisión de Carlos Pascual, destacaron que uno de los problemas más importantes de la estrategia contra el narcotráfico fue la falta de confianza entre las instituciones del gobierno mexicano. Señalaba el hecho de que cada dependencia tenía datos propios no compartidos con otras, lo que provocaba que los operativos carecieran de una estrategia integral y nacional para combatir el crimen organizado. En el mismo documento se afirmaba que debido a conflictos, inclusive de corte personal, la información que llegaba a cada institución era por fuentes anónimas y no por un trabajo en conjunto; la resolución estadounidense de este análisis fue que nuestro país estaba lejos de desarrollar un aparato de inteligencia autosuficiente a pesar de la creación de un sistema coherente y operativo en la lucha contra el crimen organizado.
Y mientras el gabinete tenía problemas de estrategia, el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, apareció en la revista Forbes en 2009 dentro de la clasificación de personas más poderosas.
La inseguridad y violencia no son sólo resultado de la delincuencia organizada, como las autoridades señalan. Las quejas en contra de del ejército ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos aumentaron en un 300% de 2006 a 2009, cuando inició la guerra contra el narcotráfico. Las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por graves violaciones a los derechos humanos aumentaron 400 por ciento. Amnistía Internacional en su reporte anual 2010 registró 1613 quejas de abuso militar, más de 100 de homicidios ilegítimos y ningún militar condenado por violación a los Derechos Humanos. Muy a pesar de que el Presidente Felipe Calderón dijo que “…tenemos como condición inquebrantable la protección de los derechos humanos…”.
Uno de los casos más emblemáticos de agresión por parte de militares a civiles fue el caso de los hermanos Bryan de cinco años y Martín Almazán de nueve quienes fueron asesinados por militares el 3 de abril 2010 en Tamaulipas cuando viajaban en un vehículo junto con su familia. Las autoridades negaron responsabilidad pero la CNDH registró cómo fueron alteradas las pruebas.
La preocupación por la violencia en México ha causado alerta a nivel internacional, y no sólo porque sea el crimen organizado quién la está generando. A mediados de julio, el director de investigación del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, advirtió que el país podría vivir una “situación similar” en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del sur de América en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas. También declaró que el país está al borde de experimentar una “represión sistematizada”, con especial gravedad en los hechos probados por desaparecidos a manos de militares.
Para 2010 los datos de violencia se elevaron. Se incrementó un 23% el número de homicidios respecto al 2009 llegando a 24,374 lo que equivale a 68 por día. El 65% de los asesinatos se concentró en 8 estados: Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Baja California, Durango, Jalisco y el Distrito Federal. Del total de los homicidios las cifras oficiales sólo registran 15,273 asesinatos relacionados al crimen organizado.
De acuerdo al Informe presentado por el Centro de Supervisión de los Desplazados Internos, con sede en Ginebra en su reporte “Desplazamiento interno: una visión global de tendencias y hechos en el 2010″ se elevó la cifra de solicitudes de asilo político; 165 fueron otorgadas de un total de 5,551. Además de que más de 230 mil personas a nivel nacional abandonaron sus casas, principalmente en los estados de Chihuahua Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Durango, Coahuila y Tamaulipas.
El 22 de enero del 2011, Calderón se refirió a su combate contra la delincuencia organizada de la siguiente forma: “Yo no he usado y sí le puedo invitar a que, incluso, revise todas mis expresiones públicas y privadas. Usted dice: Usted ya eligió el concepto de “guerra”. No. Yo no lo elegí. Yo he usado permanentemente el término lucha contra el crimen organizado y lucha por la seguridad pública y lo seguiré usando y haciendo”. Ante estas declaraciones Carlos Bravo Regidor hizo un recuento de las declaraciones de Felipe Calderón al que titulo “Una ayudadita de memoria para Felipe Calderón”.
Para tratar de mejorar la imagen de la lucha en contra del crimen organizado, el Gobierno Federal lanzó a principios de este año la campaña “10 mitos de la lucha por la seguridad”. En la cual a través de videos y reflexiones busca que la sociedad “comprenda mejor el fenómeno de la seguridad”, argumentando que el desconocimiento de las estrategias son un obstáculo que podría fomentar una realidad más difícil de resolver.
La violencia es una realidad en México. Las cifras oficiales y los testimonios de las víctimas no mienten. No se puede permitir que bajo el discurso de seguridad nacional se sigan perpetrando violaciones a los derechos fundamentales. No hay seguridad nacional sin respeto a los derechos humanos. La estrategia del Gobierno Federal para legitimar su guerra contra el crimen organizado y el discurso que ha utilizado el presidente Felipe Calderón en varias ocasiones se contradice. Es obligación de los gobiernos informar a la ciudadanía de las acciones y estrategias que se implementan. Un discurso que intenta encubrir violaciones a los derechos humanos y reflejar una realidad inexistente no ayuda a la construcción democrática de un país.
