La crisis alimentaria en la Sierra Tarahumara no es algo que se haya dado por generación espontánea. Mucho del problema suele atribuirse al factor climatológico; la mayoría de los cultivos en la región son de temporal (de las 271 mil hectáreas cultivables en los 23 municipios que conforman la zona, solamente 25 mil son de riego) y las fuertes sequías han producido un serio desabasto.
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El clima favorece la hambruna, pero no es el único factor; a éste se suman los precios de los alimentos, las políticas de distribución de los mismos y otros. El premio Nobel de Economía, Amartya Sen, asegura que la censura y la falta de información es un elemento importante de este fenómeno, pues los gobernantes autoritarios, que pocas veces pasan hambre (u otras calamidades económicas), no tienen incentivos ni presiones que les obliguen a tomar medidas necesarias para prevenir estas crisis humanitarias.
En fechas recientes un video en el que Ramón Gardea, integrante del Frente Organizado de Campesinos Indígenas, denunciaba el suicidio de al menos 50 rarámuris por la imposibilidad de llevar alimento a sus casas, inundó las redes sociales. La sequía que se vive en la zona norte del país ha producido grandes pérdidas de cultivos y ganado.
La difusión del video detonó la organización de colectas de alimentos, pero sustancialmente fue un llamado de atención a las autoridades por parte de la sociedad. El revuelo en redes sociales logró captar la atención de los grandes medios de comunicación, los cuales difundieron imágenes y entrevistas realizadas a diversos funcionarios que negaban los suicidios, aunque confirmaban en lo sustancial las historias de miseria en la región.
Los gobiernos, el federal y el estatal, debían estar al tanto de la situación, pues las sequías se presentan de manera cíclica en nuestro país. Expertos en el tema, incluyendo el Sistema Meteorológico Nacional, han asegurado que en México existen ciclos de sequías que se dan cada determinado tiempo, y que se pueden tomar acciones preventivas. Incluso el Centro de Recuperación Nutricional y Albergues Maternos (Cerenam), dependiente de la Secretaría de Salud del gobierno de Chihuahua había detectado más de 5 mil casos de desnutrición infantil en la zona sólo en 2010.
El gobierno de Chihuahua cuenta desde 1987 con una Coordinación Estatal de la Tarahumara, creada con la misión es “mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas, para propiciar un verdadero desarrollo de los municipios serranos” (el presupuesto de esta Coordinación no está visible en su página, ni en la del gobierno de Chihuahua).
Respondiendo a la costumbre de “tapar el sol con un dedo” la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) se apresuró a anunciar el envío de 100 mil despensas para los habitantes de la Sierra Tarahumara. Pero si consideramos que en los municipios catalogados como marginados, de los 23 que conforman la Sierra Tarahumara, hay más de 300 mil habitantes, la ayuda resulta insuficiente y no es sostenible a mediano plazo.
Los diferentes niveles de gobierno han sido incapaces de mitigar la situación, y la censura y la opacidad son dos factores que han contribuido enormemente a este escenario. Impedir el libre flujo de información sobre algunos tópicos es práctica corriente de administraciones y gobernantes que intentan impedir que su imagen se deteriore, pero al negar y minimizar la problemática solamente están evitando que se tomen las medidas necesarias para resolver el problema de fondo.
El gobierno de Chihuahua reaccionó mediáticamente; salió a negar los suicidios y a dar ayuda de emergencia para paliar momentáneamente la problemática que afecta a los pobladores de la Tarahumara. El Cerenam ya tenía conocimiento de la grave situación que venía creciendo desde hace varios años, sin embargo no se hizo nada para remediarla de manera más decidida.
La opacidad en el uso de los recursos destinados a programas sociales que podrían ayudar a evitar este tipo de tragedias es alarmante. Hoy es imposible saber cuánto dinero se le ha destinado a la Coordinación Estatal de la Tarahumara desde su creación en 1987 o en qué se ha gastado ese dinero.
La desnutrición y la hambruna que sufren varios pueblos alrededor del mundo es parte de una sistemática violación de los derechos humanos fundamentales. La hambruna no puede ser atribuida solamente a los problemas climatológicos. Las decisiones políticas de los gobiernos juegan un papel fundamental para la existencia de ésta.
El Secretario de Economía recientemente anunció que se otorgarán 35 millones de pesos para reactivar micros y pequeñas empresas en la sierra tarahumara. Además el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad, (Fonaes), triplicará su presupuesto en los 5 estados más afectados por la sequía. Esperemos que estos recursos lleguen a quienes más los necesitan de acuerdo a sus necesidades, y no sean sólo políticas impuestas desde la lejanía de un escritorio.
La pobre información sobre la situación, la falta de coordinación entre instituciones del Estado, aunadas a la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la falta de estrategias para establecer políticas públicas efectivas para garantizar el derecho fundamental a la alimentación abonaron a la situación actual en la Tarahumara.
Salir del grave problema que enfrentan sus habitantes no sólo requiere de ayuda asistencialista. Se necesita la garantía de sus derechos fundamentales como obligación el Estado mexicano.
