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Ciudad de México 10 de marzo de 2021.- La Red #RompeElMiedo, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social y Comunicación e Información de la Mujer A.C. acompañan la exigencia de justicia de miles de mujeres en el marco del #8M2021.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron una vez más a tomar las calles en distintos lugares del mundo a fin de exigir que las autoridades prevengan, investiguen y pongan un alto a la violencia contra las mujeres. En este contexto, la Red #RompeElMiedo (RRM), el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) monitorearon las movilizaciones del #8M2021 en la Ciudad de México.

La manifestación ocurrió en un ambiente de total tensión derivado del hartazgo social ante las omisiones del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres, así como la constante criminalización e intimidación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades capitalinas.

Estigmatización y Criminalización previa a la protesta

Previo a la movilización del #8M2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante la conferencia mañanera del 21 de febrero: No dejarse manipular, tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación. A veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas. Asimismo, indicó que […] de repente aparecen personajes racistas, clasistas, corruptos, represores como feministas, hombres y mujeres disfrazados de feministas . Al inferir que existen intereses políticos detrás de una movilización social, se pone en entredicho la legitimidad de una protesta. Este tipo de declaraciones estigmatizan y criminalizan al movimiento feminista, por un lado, y por el otro, desdibuja las razones que llevan a la apropiación del espacio cívico.

El 7 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) llevó a cabo un cateo en un domicilio donde se encontraba una documentalista, mujeres y menores de edad ensayando un performance para la movilización del #8M2021 . Según lo documentado por el FLEPS y con base en los testimonios de las personas afectadas, la policía de investigación introdujo (sembró) armas blancas a fin de justificar el cateo, pues afirmaron que serían utilizadas en la protesta del día siguiente. Si bien no hubo personas detenidas tras este operativo, un acto de esta naturaleza un día antes de la movilización del #8M2021 fomenta un clima de persecución, criminalización y estigmatización.

Abusos de las Autoridades y violaciones a los Protocolos

Horas antes de la manifestación, desde el metro Hidalgo hasta el Zócalo, la RRM y el FLEPS documentaron una fuerte presencia policial y tres encapsulamientos en las inmediaciones del metro Hidalgo. Uno de estos encapsulamientos se mantuvo por al menos 3 horas, imposibilitando que mujeres manifestantes o periodistas que se encontraban dentro del cerco policial pudieran transitar libremente.

Dentro de uno de los encapsulamientos, al menos dos personas manifestantes declararon haber sufrido agresiones sexuales por parte de los policías. Las autoridades policiales declararon que no permitirían el libre paso hasta que no revisaran todas las pertenencias de las manifestantes, lo que contraviene a estándares nacionales e internacionales en materia de protesta y movilidad e incumple con el Protocolo de Actuación policial de la SSPCDMX para la Protección de Personas en el Contexto de 1 comunicado CDMX, 10 de marzo del 2021 Manifestaciones o Reuniones , mismo que sigue vigente en la Ciudad de México.

A lo largo de la movilización se registraron faltas graves en el actuar de las autoridades de seguridad pública, incluyendo el uso de cohetones, armas menos letales como el uso de bala de pintura (paintball o gotcha) y gas lacrimógeno o algún otro irritante similar que causó lesiones en ojos y vías respiratorias a personas manifestantes, defensoras y periodistas, entre otras herramientas para reprimir la protesta y a quienes la ejercen. Lo anterior en contravención a lo establecido en el Protocolo de actuación policial previamente mencionado. Ello generó un conato de violencia entre manifestantes y autoridades.

A pesar de toda la documentación respecto a agresiones y violaciones al Protocolo, una vez finalizada la manifestación la SSC afirmó que “las mujeres policías que participaron en la marcha, no portan ningún tipo de armas, ni de fuego ni de balas de goma, gases o químicos; únicamente utilizan equipo de protección personal, como medida de contención, como se ha referido anteriormente. ”

Agresiones Contra Personas Defensoras De Derechos Humanos y Periodistas

La Red #RompeElMiedo documentó cuatro agresiones contra integrantes de Marabunta por parte de elementos de la SSC. Un integrante de Marabunta cuyo nombre se reserva por cuestiones de seguridad relató a la Red Rompe el Miedo como policías de la SSC arrojaron un tubo de metal contra uno de los monitores de la organización, causándole lesiones en el labio. Otra integrante fue golpeada directamente por un policía arriba del ojo derecho con otro tubo metálico.

Posteriormente, alrededor de las 14 horas, policías de la SSC comenzaron a disparar balas de pintura en contra de las y los manifestantes hiriendo a dos integrantes de Marabunta, a uno en la pierna y a otro en la frente. Por su parte, la Red #RompeElMiedo documentó un total de 16 agresiones contra periodistas cubriendo la marcha.

Antes del inicio de la marcha, en el Metro Hidalgo cuatro periodistas fueron encapsuladas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Según información pública, a pesar de identificarse como prensa fueron sujetas de agresiones físicas y detenidas arbitrariamente. golpeadas y empujadas. Georgina G. Álvarez, reportere independiente y colaboradore de la Agencia Presentes, relató intimidaciones en contra de un contingente interseccional y contra elle. Alrededor de las 15:50 horas un grupo de mujeres se acercó al contingente donde se encontraba y comenzaron a pintar y escribir mensajes transfóbicos alrededor de dicho contingente. El grupo exigió que se detuvieran, pero continuaron.

Diez minutos después, Álvarez intentó tomar una fotografía de los hechos, cuando una de las manifestantes roció su cámara con aerosol, imposibilitando la foto. Tras publicar estos hechos en sus redes sociales y recibir insultos discriminatorios contra elle y la comunidad trans, Álvarez limitó su actividad en Twitter temporalmente. Nadya Murillo, periodista independiente, fue lesionada alrededor de las 18:09 por un elemento de la SSC cuando, al estar tomando fotografías de un cerco de policías hombres alrededor de la valla en el Palacio Nacional, éste le jalonea la cámara: Levantaron los escudos y no se podía ver mucho. Me acerqué a tomar la fotografía, pero del cerco policial salió una mano, me jaló la cámara por el lente. Tuvo que apoyarme una compañera para que me soltaran.

En eso me aventó la cámara en la cara. La periodista reporta lesiones en su rostro. A las 19:11 horas Verónica González, precandidata a Diputada Federal por parte del partido Morena, inició una campaña de desprestigio en redes sociales contra Alejandra Crail, reportera de Emequis. En Twitter, la aspirante política escribió: “Si yo fuera familiar de alguno de los policías a los que hoy las fakeministas, intentaron quemar vivos, una de las primeras personas a las que demandaría por intento de homicidio sería a [Cuenta]” adjuntando fotografías de la periodista.

Esto después de que Crail reportó el uso de gases lacrimógenos en el Zócalo capitalino libertadyprotesta.org y denunció daños a sus ojos y piel. El tweet de la candidata fue retwiteado más de 100 veces y provocó una serie de mensajes intimidatorios e insultantes contra la periodista. Un patrón identificado por la RRM desde la manifestación del #25N y que se documentó también en #8M2021, es el robo de equipo de trabajo, como lentes, celulares y cámaras. 

Personas desconocidas robaron el celular de la fotógrafa independiente Itzel Alba García mientras realizaba su labor, además a la fotorreportera independiente, Consuelo Pagaza le intentaron robar el lente de su cámara. Sin embargo, se percató y evitó el robo. Ginnette Riquelme, fotógrafa independiente y colaboradora para el medio Associated Press, reportó también dos intentos de robo. El primero, aproximadamente a las 15:30 horas a la altura de Bellas Artes cuando un hombre desconocido metió la mano a su bolso. El segundo, media hora después en la plancha del Zócalo, cuando dos mujeres se colocan una enfrente y otra atrás de ella, intentan inmovilizarla y casi logran sacar su lente profesional.

De la misma manera, otra fotorreportera independiente cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad, fue víctima de robo de su equipo de trabajo en ocasiones por personas desconocidas. Aproximadamente a las 15: 45 horas, una persona desconocida introdujo su mano en la bolsa de la periodista y robó su celular y uno de sus lentes fotográficos. Más adelante, alrededor de las 19 horas, dos mujeres encapuchadas la abrazaron por detrás para inmovilizarla y nuevamente le robaron lo que le quedaba de su equipo fotográfico.

Por su parte, Araceli López Vega, fotorreportera de Grupo Milenio, informó que, al cubrir frente a Palacio Nacional, sintió un jalón en su mochila y vio que le habían robado su lente. Finalmente, Rebecca Blackwell, reportera de Associated Press, fue víctima de robo de su lente profesional a las afueras de la SCJN aproximadamente a las 20:05 de la noche. Cabe resaltar que el lente estaba puesto en la cámara, lo que habla de una persona con conocimientos técnicos de este tipo de instrumentos.

 

Agresiones y abusos en otras entidades

En otros estados de la República, también se documentaron acciones violentas contra periodistas y personas manifestantes. En Tijuana, Baja California, Adán Mondragón, director del portal ReporteBC fue rociado con agua y espuma, así como un líquido negro, aparentemente tinta, por parte de participantes en la protesta. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos informó que “policías municipales y estatales de Aguascalientes detuvieron de forma violenta y arbitraria a 23 mujeres y 3 hombres.

En el momento de las detenciones, elementos de policía cometieron graves agresiones, entre ellas golpear y patear a las mujeres, quienes además fueron arrastradas tomadas del cabello.” Las defensoras permanecieron privadas de su libertad hasta el día 10 de marzo, sin embargo, las investigaciones en su contra se mantienen.

Además, se tiene conocimiento que la Fiscalía General del Estado de Puebla amenazó con abrir investigaciones penales “por los destrozos realizados el lunes por feministas “radicales” durante las manifestaciones del #8M…”, toda vez que el gobierno de Puebla presentó diversas denuncias por la supuesta comisión de los delitos de daño a propiedad ajena, al patrimonio histórico y a la integridad de personas.

Cabe señalar que el gobernador de Puebla afirmó contar con elementos de prueba que serán presentados ante la Fiscalía para la identificación de las autoras materiales e intelectuales, además de que el gobierno estatal repararía los daños causados.

Por otro lado, la Secretaría de gobierno estatal señaló que se trató de una jornada “de agresión” y que estos delitos no se deben tolerar”. Ambos hechos constituyen actos de criminalización hacia el ejercicio de la protesta además de atentar contra la libertad de expresión y el derecho de asociación y de reunión y el derecho a la participación política. Las detenciones realizadas en Aguascalientes fueron realizadas en detrimento de la integridad física y psicológicas de las manifestantes, mientras que el uso faccioso del derecho penal en Puebla -y los discursos de cero tolerancia hacia actos realizados en las manifestaciones- únicamente generan inhibición y un discurso pernicioso que abona a la polarización y estigmatización de las causas de las mujeres que se manifestaron, desvirtuando la atención hacia sus demandas enfocándose en daños materiales y vulnerando su integridad física exponiéndolas a amenazas potenciales.

En este contexto, la Red #RompeElMiedo, el FLEPS y Comunicación e Información de la Mujer A.C. realizan las siguientes exigencias:

-A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCMDX) y a la FGJCDMX a investigar las violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por elementos de la SSC derivado del incumplimiento del protocolo de actuación policial en contexto de manifestaciones a fin de garantizar medidas de no repetición y combate a la impunidad.

 -A la SSC a realizar una investigación interna respecto de los mandos que ordenaron y operaron herramientas que no están contempladas ni permitidas en el Protocolo sobre uso de la fuerza en contexto de manifestaciones. También se insta a que capaciten a su cuerpo policial para prevenir que esto vuelva a ocurrir.

 -Al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (federal o local según sea el caso) atender a las periodistas y personas defensoras agredidas en el contexto de la manifestación para prevenir que estas violaciones sigan ocurriendo.

 -A las autoridades legislativas y ejecutivas de otros estados, abstenerse de realizar declaraciones estigmatizantes o criminalizantes hacia las mujeres que protestan y emprender acciones encaminadas a la atención de las exigencias de las colectivas de feministas, así como a la creación de marcos normativos -cambios legislativos, protocolos- que permitan una actuación policial y de concertación política en contextos de manifestaciones que permita la protección y respeto a los derechos humanos de las mujeres.

 -A las Fiscalías Generales de Justicia y a los Poderes judiciales estatales se exige que sean garantizados los principios de imparcialidad y debido proceso durante las investigaciones y controles de detención que inicien en contra de las personas detenidas, absteniéndose de realizar actuaciones al margen del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución. En ese sentido, se insta a las y los operadores de justicia a investigar los abusos de autoridad cometidos durante y después de las manifestaciones, así como realizar controles judiciales efectivos de las mismas bajo el principio de presunción de inocencia.

 

Finalmente, la RRM, el FLEPS y CIMAC reconocen la labor esencial de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, la cual es clave para garantizar la integridad de quienes se manifiestan. Asimismo, para asegurar un diálogo entre autoridades y personas manifestantes, con el objetivo de disminuir la violencia y asegurar el pleno ejercicio de la protesta.

Por ello exhortamos tanto al gobierno de la Ciudad de México como al gobierno federal a garantizar las condiciones para que la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta pueda continuar con su labor de mediación y defensa de los derechos humanos en condiciones de seguridad.

 

Protestar es un derecho, reprimir es un delito

 

Red Rompe el Miedo

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)

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Fecha de publicación en línea: 11 marzo, 2021.