- El ejercicio del derecho a la protesta social debe ser la regla y no la excepción, resuelven juezas.
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El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social exige al Estado en su conjunto garantizar la protesta social y evitar acciones represivas para las manifestaciones del 1 y 6 de diciembre.
México, D.F. a 29 de noviembre de 2014.- En un contexto de graves retrocesos en la vigencia de los derechos humanos, dos juezas federales resolvieron 3 amparos y declaran inconstitucional la Ley de Movilidad del Distrito Federal porque vulnera el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación en el contexto de manifestaciones públicas.
Las resoluciones protegen de la aplicación de los artículos 212, 213 y 214 de la Ley a colectivos de estudiantes, personas defensoras y periodistas. Estas disposiciones les obligaban a brindar aviso por escrito y con 48 horas de anticipación sobre la realización de una manifestación, así como la prohibición de utilizar vías primarias de circulación continua y habilitaba a la policía del DF a adoptar “las medidas necesarias” para el cumplimiento de la Ley.
Lo anterior, apreciaron las juezas, genera un efecto inhibidor en el ejercicio del derecho a la protesta social. Las autoridades no solamente deben proteger las manifestaciones públicas que transmitan expresiones favorables a ellas, sino que también deben garantizar las manifestaciones de descontento o desaprobación social que en principio son lícitas.
Destacan que la protesta social está protegida por la libertad de expresión, en tanto implican la circulación de ideas y juicios de valor inherentes a la legitimidad democrática. No se pueden calificar de ilegales las manifestaciones que son confrontativas o desagradables, ni aquellas que emitan críticas contra personajes públicos, políticas gubernamentales e incluso las que muestren un rechazo social hacia las instituciones del Estado.
También determinaron que no es permisible invocar antes de una manifestación el mantenimiento de orden público y la paz social como una restricción para el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación, porque el orden público no es un concepto que deba contraponerse a la vigencia de los derechos humanos, sino debe ser coherente con los valores propios de una sociedad democrática.
Las resoluciones judiciales demuestran que en el Distrito Federal existe un clima desfavorable para ejercer las libertades de expresión, reunión y asociación en el espacio público, situación que ha sido replicada en varias entidades de la República.
A la par de normas abiertamente inconstitucionales, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y la Procuraduría de Justicia local (PGJDF), en coordinación con la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, han emprendido una serie de acciones que configuran un patrón sistemático de detenciones arbitrarias y agresiones físicas y psicológicas contra manifestantes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el contexto de manifestaciones.
A partir de la documentación de agresiones policiales en protestas recientes se evidencia la agresión generalizada contra manifestantes, detenciones arbitrarias, el uso de delitos ambiguos como “ultrajes” y “ataques a la paz pública”, o bien, delitos graves como “tentativa de homicidio”, “motín” y “asociación delictuosa”. Asimismo, han sido vulneradas las garantías del debido proceso, particularmente de las personas remitidas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Contrario al discurso oficial, quienes han puesto en riesgo la integridad y seguridad de las personas que confluyen en las manifestaciones para exigir justicia por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y sus familiares, han sido las autoridades y no los manifestantes.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social exige a la Asamblea Legislativa la derogación de todas las disposiciones normativas que restrinjan o inhiban la protesta en el Distrito Federal. También, a las autoridades, tanto federales como del Distrito Federal, respeten y garanticen los derechos de todas las personas que participen de las manifestaciones públicas que se llevarán a cabo el 1 y 6 de diciembre. Esto tomando en consideración que ha sido evidente desde el inicio de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera el afán de criminalizar la manifestación pública y enfrentarla mediante la fuerza pública, el generar legislación que restringe la protesta social y el uso indebido del derecho penal en este contexto. Las organizaciones que conforman este Frente muestran su preocupación ante esta actitud, ya que se ha recrudecido en las últimas manifestaciones.
También exigimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tengan una actitud proactiva en prevenir la repetición de agresiones por parte de las autoridades. De la misma manera, demandamos a las corporaciones policiales Federal y capitalina que se abstengan del uso arbitrario de la fuerza en manifestaciones y de realizar detenciones arbitrarias. Que la PGR y la PGJDF dejen de utilizar el derecho penal como mecanismo de control y castigo. Finalmente, el Poder Judicial debe actuar y restituir en la libertad a las personas que estén procesadas injustamente tan sólo por participar en las expresiones de descontento social.
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.
Esta ley y los anarquistas infiltrados en manifestaciones pacificas me huele mal.
Narcopolitico son una basura se protegen con el pacto de impunidad
LOS ANARQUITAS EN REALIDAD SON LOS ACTUALES HALCONES, TODO MUNDO LO SABE…
EFECTIVAMENTE JOEL , LA REPRESION ES SEMEJANTE A LA DE DIAZ ORDAZ EN LA MATANZA DE TLATELOLCO DE 1968, QUE SE PUEDE ESPERAR DE LOS QUE SE ENRIQUESEN EMPOBRECIENDO A LOS MEXICANOS
Este
Este gobierno nunca tendrá vergüenza de sus fechorías y mancera sacaste el premio nacional de tu desfachates
Bravo por las juezas se pensaba que no habia justicia en Mexico, pero estas Juezas justo han juzgado a los injuzgables. Las injusticias se ven a larga distancia. se tendria que legislar contra los manifestantes agresivos y que traspasan la libertad de expresion y arrestarlos por insultos y atropellos, no callarle la boca a Mexico, porque se manifiesta pacificamente. pero eso de mentarle la madre al Presidente tambien tiene que parar, no por el, si no porque se esta cometiendo un delito al agredirlo verbalmente.
n servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo).
Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad.
El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en la corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad.
El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería ser intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia.
La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y normativas. Cabe mencionar que en la Constitución nacional se detallan sus obligaciones.
En cuanto al régimen laboral de los servidores públicos, estos trabajadores suelen contar con mejores condiciones que los empleados privados, para brindarles independencia frente a las autoridades de turno (se impide que las nuevas autoridades despidan a los empleados públicos y contraten a gente de su entorno) y evitar que los más valiosos se vayan al sector privado. Es importante señalar que los servidores públicos tienen la posibilidad de desarrollarse a nivel profesional de un modo que no conseguirían en la mayoría de las empresas privadas.
La importancia de los servidores públicos para su comunidad
Se dice que los seres humanos somos hijos del rigor, pero no es menos cierto que los movimientos que buscan concienciar a los ciudadanos de ciertas problemáticas tienen asimismo posibilidades de éxito. Y en muchos casos, el canal a través del cual estas iniciativas llegan al pueblo es el servidor público.
En junio de 2013, México lanzó una campaña que intenta sensibilizar a los servidores públicos en materia de derecho infantil, con el objetivo de erradicar la explotación de menores a largo plazo, exponiendo a la comunidad los riesgos y las consecuencias que esta falta de compasión acarrea.
Se trata de una iniciativa que consta de dos etapas bien diferenciadas: la capacitación de los servidores públicos, brindándoles no solo material teórico y conocimientos técnicos, sino los recursos necesarios para responder a las potenciales inquietudes de los ciudadanos; la divulgación de dichos conceptos en la vía pública, la prensa y la televisión.
Los talleres, que se dictarán en varias regiones, tendrán por estudiantes a los servidores públicos de los Comités Municipales; por otro lado, se pretende replicar esta iniciativa en algunas escuelas de formación básica, para conseguir que tanto los empleados del Gobierno como los padres de familia y los estudiantes de primaria abran los ojos y no permitan que se continúe alimentando la explotación infantil.
Independientemente de esta campaña de concienciación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que debe garantizar protección a las personas cuya edad se encuentre entre los 14 y los 16 años, se encarga de realizar inspecciones en fábricas y focos de trabajos tales como la construcción, para verificar que no haya niños trabajando. Sin embargo, esta medida es deficiente y fácil de burlar, como toda imposición de autoridad; por eso se busca educar a través de la palabra, de imágenes impactantes, de verdades y consecuencias innegables.
Los servidores públicos están muy cerca de la comunidad y son percibidos como parte de ella; son también padres, abuelos, hijos, y deben proteger a sus niños de la explotación infantil, tanto como lo hacen los demás.