Ciudad de México, a 17 de abril de 2025.- ARTICLE 19 condena el acoso judicial en contra del periodista David Jonathan Estrada Castillo, director de Channel/Contrapunto. Autoridades judiciales de Quintana Roo ordenaron el arresto del comunicador en el marco de un juicio civil interpuesto por Omar Terrazas, esposo de la actual gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.
Acorde al testimonio del periodista a ARTICLE 19, el proceso judicial inició desde el 2023 com respuesta a la publicación de una investigación sobre presuntos actos de corrupción en los cuales supuestamente se vinculaba a Terrazas. En las últimas semanas, el Juzgado Tercero Civil ordenó al periodista datos de sus cuentas bancarias así como otros estados contables, a pesar que dicha información puede ser requerida por otras vías como mediante el sistema de la Secretaría de Hacienda y del servicio de Administración Tributaria. No obstante, la autoridad ha optado por la medida más punitiva, la detención, pasando por alto lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del estado de Quintana Roo.
Ante la orden de arresto, el periodista ha recurrido a solicitar un amparo indirecto, interpuesto ante el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Quintana Roo, cuyo incidente de suspensión, fue favorable para el periodista con la suspensión provisional.
ARTICLE 19, documentó este proceso desde enero del 2024; y en conjunto con otras organizaciones de sociedad civil en octubre de 2024, se presentó un Amicus curiae en materia de estándares de libertad de expresión ante el Juzgado Tercero Civil, con sede en Cancún, Quintana Roo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayan la importancia de garantizar la libertad de expresión en sociedades democráticas: “Este derecho cumple una triple función —individual, social y estructural— al promover la libre circulación de ideas, la deliberación pública y el fortalecimiento del sistema democrático.” Cualquier restricción a dicho derecho debe evaluarse bajo criterios estrictos para asegurar su proporcionalidad y legalidad. La orden de detención en el caso de Jonathan Estrada representa una violación al criterio de proporcionalidad.
ARTICLE 19, recuerda que aquellas personas con proyección pública, como lo es Omar Terrazas, esposo de la actual gobernadora del estado de Quintana Roo tienen, en acorde a estándares internacionales y constitucionales, un distinto umbral de tolerancia que cualquier otra persona ciudadana, por lo que tienen la obligación de ser más abiertos frente a la crítica y el escrutinio público, sobretodo si existiera un uso arbitrario de recursos públicos.
Al respecto, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación[1], deja en claro que la libertad de expresión es un derecho amplio y que funge un rol de monitor ciudadano sobre el actuar de personas con proyección pública:
“[…] la opinión pública es el medio de controlar a los depositarios del poder y que la libertad de prensa es necesaria para la vida política y social y que debe interpretarse con criterio amplio atendiendo al fin, que es el bien público, social, general.”
Este tipo de acciones legales emprendidas por figuras públicas tienen como propósito fungir como mecanismo de represalia de periodistas y medios de comunicación que publicaron información que incomoda o trastoca intereses de la parte actora, particularmente las notas, investigaciones o coberturas de las cuales se originan estos litigios son relacionadas a temas de interés público.
En vista de los hechos aquí descritos, ARTICLE 19:
- Exige al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia con sede en Cancún a que, en el ámbito de sus facultades, procuren la máxima diligencia y el estricto cumplimiento de los estándares internacionales y nacionales en materia del ejercicio de la libertad de expresión.
- Llama a Omar Terrazas, a personas funcionarias públicas, actores políticos y empresarios y figuras con proyección pública a abstenerse de iniciar procesos judiciales contra la prensa por sus investigaciones periodísticas.
- Urge a las autoridades judiciales de Quintana Roo, que se condene el uso de la normativa mexicana contra la prensa por publicar información de relevancia pública, y que se reconozca la importancia de la libertad de prensa y de la labor periodística en la entidad.
[1] Análisis dentro de la tesis aislada de la Sexta Época de rubro “ATAQUES A LA VIDA PRIVADA (LEY DE IMPRENTA)” (Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, VII, página 10)
