Funcionarios allegados a Bukele espían y vigilan a funcionarios del gobierno y periodistas con voces críticas
Ciudad de México a 26 de septiembre de 2024.- ARTICLE 19 expresa su preocupación ante las prácticas de espionaje y ataques digitales contra la prensa salvadoreña, específicamente El Faro, Revista Factum, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, planeados por altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, de los que dan cuenta la investigaciones recientemente publicadas por El Faro, y exigimos al Estado salvadoreño investigar de manera imparcial los hechos, así como cesar la vigilancia contra las voces críticas del gobierno.
El 15 de septiembre de este año, El Faro publicó una investigación en la que se revela una serie de hechos relacionados con las irregularidades en torno a la muerte del ex asesor de seguridad nacional del gobierno salvadoreño, Alejandro Muyshondt, bajo custodia estatal a su vez que dan cuenta de un entramado de corrupción y una operación planeada desde la Casa Presidencial de El Salvador para espiar a funcionarios de gobierno y periodistas de los medios antes mencionados.
La investigación periodística basada en grabaciones de las conversaciones sostenidas entre Alejandro Muyshondt con Ernesto Castro Aldana, actual presidente de la Asamblea Legislativa y ex secretario privado de Bukele, fueron grabadas por Muyshondt durante 2020. Este último, que en su momento era muy cercano al presidente, fue detenido el 9 de agosto de 2023 por “favorecer la evasión y la revelación de documentos secretos por parte de empleado oficial a favor del ex presidente Mauricio Funes”.
Los intercambios entre Muyshondt y Castro abordados en la investigación, muestran cómo las personas más allegadas al presidente salvadoreño son omisas ante casos de corrupción de funcionarios públicos que simpatizan con el ejecutivo. Subrayamos que la investigación periodística revela la creación y operación de una oficina nombrada “C815”, encargada del espionaje contra políticos mencionando a periodistas específicos de medios de comunicación que han sido críticos de la administración actual de El Salvador.
Estas investigaciones confirman lo denunciado por organizaciones de derechos humanos, las cuales hemos reportado el ambiente hostil en que se desarrolla el periodismo en El Salvador con antecedentes de vigilancia como la infección del software espía Pegasus contra activistas y periodistas salvadoreños llevadas a cabo entre julio de 2020 y noviembre de 2021.
En este caso preocupa de sobremanera el papel estatal, específicamente de funcionarios allegados al presidente, en la ejecución de vigilancia e intimidación contra periodistas ya que esto representaría una contundente vulneración a la libertad de expresión, así como a la privacidad de las personas periodistas con voces críticas del régimen.
Reiteramos al Estado salvadoreño su obligación de respetar la libertad de expresión, lo que implica abstenerse de interferir en el goce del mismo, así como la de proteger a las personas periodistas. En este sentido nos sumamos al llamado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo desde 2021 en su Informe sobre la situación Derechos Humanos en El Salvador, en el que recomienda al Estado salvadoreño “garantizar un entorno de trabajo seguro para las y los periodistas y el respeto de la independencia de los medios de comunicación”. Refrendamos nuestro llamado que hace eco al de la propia CIDH a restablecer los derechos que han sido suspendidos tras la imposición del Estado de excepción desde marzo de 2022.
Exigimos al Estado salvadoreño informar de forma transparente todo lo relativo al papel de funcionarios del actual gobierno en el espionaje y vigilancia contra periodistas recientemente revelada. En este mismo sentido llamamos al Estado a cesar la vigilancia contra la prensa crítica en El Salvador e investigar de manera imparcial los casos de espionaje, acoso, bloqueo, amenazas e intimidación contra periodistas en el país en apego al principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH con miras a que estas agresiones no se repitan.
Reiteramos lo establecido en el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU de 2019 en el cual postula que la privacidad en línea es un punto clave para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y que las injerencias en el derecho a la intimidad sólo pueden permitirse cuando estén autorizadas por una ley nacional accesible y precisa cumpliendo con criterios de necesidad, proporcionalidad y legitimidad, a la vez que recomienda el reforzamiento de leyes nacionales que limiten la vigilancia conforme a las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos.
