Iniciativa en Michoacán criminaliza la libertad de expresión y pone en riesgo el ejercicio periodístico
Fotografía: Dassaev Téllez Adame/Agencia Cuartoscuro
Ciudad de México, a 27 de mayo de 2025 – ARTICLE 19 expresa su más firme rechazo al dictamen que el Congreso del Estado de Michoacán pretende aprobar, mediante el cual se adiciona la fracción IX al artículo 24 y el artículo 163 quinquies al Código Penal estatal, tipificando la llamada “apología del delito”.
Este dictamen es alarmante. Su redacción ambigua y su alcance desproporcionado constituyen una amenaza directa a los derechos humanos. De aprobarse, se sancionaría a quien “por cualquier medio haga alusión de personas o grupos delictivos”, es decir, bastaría con mencionar o referirse a estos grupos para incurrir en delito penal. Esta formulación vaga no solo incumple los principios de legalidad y seguridad jurídica, sino que habilita un margen amplio para la censura y la criminalización de voces críticas.
El impacto sería devastador para el ejercicio periodístico en Michoacán. La cobertura informativa sobre violencia, crimen organizado y seguridad pública quedaría sujeta a persecución penal, atentando contra el derecho a la información de la sociedad y generando un clima de autocensura en un contexto ya de por sí adverso para la prensa.
ARTICLE 19 subraya que los problemas de seguridad no se combaten silenciando al periodismo ni restringiendo la libertad de expresión. Por el contrario, la transparencia y el acceso a la información son pilares esenciales para una sociedad democrática y para la construcción de políticas públicas eficaces.
Por ello, exigimos al Congreso de Michoacán abstenerse de aprobar este dictamen, abrir un proceso legislativo incluyente y riguroso, y garantizar que cualquier reforma penal respete los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Legislaciones que fomentan el castigo a la expresión no sólo son ineficaces, sino profundamente peligrosas.
ARTICLE 19 reitera su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y hace un llamado urgente a los poderes públicos, a la sociedad civil y a los medios de comunicación a mantenerse vigilantes y activos ante este tipo de iniciativas que vulneran ese derecho.
