Inicia la construcción de una política pública para evitar casos de vigilancia ilegal
COMUNICADO CONJUNTO
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2019
Inicia la construcción de una política pública para evitar casos de vigilancia ilegal
- El Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México —conformado por la Secretaría de la Función Pública (Función Pública), el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)— dio inicio a la construcción de una política pública cuyo fin último es evitar la repetición de casos como el de Pegasus.
- Como primer paso en la construcción de esta política pública, se llevó a cabo el foro público “Vigilancia del Estado: hacia la implementación de controles democráticos” para articular un diálogo abierto y plural en torno a la vigilancia estatal en México.
- Los resultados de este foro público servirán para iniciar un proceso colaborativo entre el Gobierno de México, sociedad civil, academia y personas expertas para diseñar las acciones concretas y con responsables puntuales para prevenir y, en su caso, castigar acciones de vigilancia ilegal o espionaje.
La Titular de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, al inaugurar el foro en la sede de la Dependencia, se comprometió a que en el Gobierno de México no habrá espionaje en contra de periodistas, defensores de derechos humanos o miembros de la sociedad civil. Estuvo acompañada del Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI; del Mtro. Juan Manuel Casanueva, Director General de SocialTIC, y del Sr. Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México.
El foro público permitió iniciar un debate entre personas de la academia y sociedad civil nacionales e internacionales, así como víctimas y periodistas con autoridades públicas del nuevo Gobierno de México, el Poder Judicial de la Federación y el INAI, para construir una política con visión de Estado, a través de un proceso de gobierno abierto que siente las bases de confianza necesarias para consolidar una nueva relación entre sociedad y autoridades públicas en nuestro país.
En el evento se realizaron tres paneles de discusión. El primero: “Vigilancia estatal en el mundo”, a cargo de John Scott Rialton de CitizenLab de la Universidad de Toronto e Ilia Maria Siatitsa de Privacy International, quienes presentaron un panorama global del fenómeno desde un enfoque jurídico y tecnológico así como la importancia de contar con las garantías necesarias para evitar el abuso en el uso de malware. En el segundo panel se contó con la participación de personas que han sido agraviadas con acciones de vigilancia ilegal, como es el caso de la periodista Carmen Aristegui, el periodista Ernesto Aroche y el caso del Centro ProDH. En este panel denominado “Marco normativo y situación sobre vigilancia en México”, el Comisionado Joel Salas Suárez, afirmó: “El INAI ya ha agotado sus competencias y hoy el esclarecimiento del caso se encuentra dentro del ámbito de atribuciones de la Fiscalía General de la República”. Finalmente, el tercer panel “Hacia el control democrático de la vigilancia estatal” sirvió de marco para que la organización R3D presentará una investigación que plantea adiciones al marco normativo y establece pautas mínimas para la articulación de una política pública en la materia.
Este evento se realizó en el marco del acuerdo de hoja de ruta para atender la problemática de vigilancia estatal ilegal en México acordada por los integrantes del Comité Coordinador y publicado el pasado 5 de marzo del año en curso. Con el acuerdo de esta hoja de ruta se reanudaron los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto en México suspendidos desde mayo de 2017 a causa de denuncias de presuntos actos de espionaje ilegal contra activistas y defensores de derechos humanos.
Como siguiente etapa se llevarán a cabo consultas, entrevistas, sesiones y talleres con actores clave con el propósito de definir una ruta de implementación de la política pública para prevenir y controlar la vigilancia estatal, estableciendo las acciones concretas con responsable, tiempos y productos. Posteriormente, el Comité Coordinador establecerá las acciones de seguimiento y rendición de cuentas que garanticen el adecuado cumplimiento de las acciones de política definidas.
De esta manera, en los trabajos de la construcción de dicha política participarán las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, además de la Función Pública.
La renovación de la vida pública de México supone garantizar espacios seguros para la participación e involucramiento de las personas en las decisiones públicas. Por lo que la celebración de este foro, es un paso más en esta dirección y con ello, se busca dar respuesta a las demandas de la sociedad civil respecto de una problemática que tanto ha lastimado la confianza entre la sociedad y el gobierno.
