Es necesario exigir que los asesinos de periodistas no queden libres, asegurar que aquéllos que trabajan en países en donde la impunidad es la regla, sientan que su labor es valorada y su vida es atesorada. Agredir a un periodista por difundir información con el objetivo de silenciarlo, no sólo significa vulnerar sus derechos individuales sino también impide que la información llegué a la sociedad. Con esa premisa, organizaciones de todo el mundo que defienden y promueven el derecho a la libertad de expresión lanzaron este año la iniciativa para instituir el 23 de noviembre como el Día Mundial contra la Impunidad.
El tema en México se ha vuelto desde hace tiempo uno de los elementos más importantes al explicar la grave situación que viven los comunicadores y los medios. No se trata sólo de violencia contra quienes ejercen el periodismo, hacen investigación o difunden información, sino también de la falta de avances en las investigaciones. En muchos de estos casos ni siquiera han sido señalados los responsables materiales, lo cual tiene efectos todavía más perniciosos.
Por la falta de acción de las autoridades el costo de agredir a un o una periodista no es lo suficientemente alto. En la mayoría de los casos ni siquiera se paga ese costo. Un periodista muerto es el mensaje más efectivo que puede dejarse para inocular el miedo entre todos los demás: dejen de informar, revisen sus agendas noticiosas y expurguen cada tema delicado sobre corrupción, sobre seguridad pública y narcotráfico.
El segundo efecto que se logra es que nadie reporte, denuncie y dé seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos o asesinados para evitar represalias. Este fenómeno perverso alienta a delincuentes a cometer nuevas agresiones que impactan a periodistas y medios que encuentran en la autocensura su mejor refugio.
Las autoridades pueden no ser responsables en principio de los atentados contra los medios. Incluso puede admitirse su incapacidad para prever cuando un informador será privado de la libertad o asesinado irremediablemente. Sin embargo, alientan la repetición de estos crímenes merced a la falta de resultados por no realizar una investigación efectiva, no agotar las líneas de investigación e incluso prejuzgar y estigmatiza a las víctimas.
En su Recomendación General Número 17, sobre los derechos de los periodistas y la impunidad existente en los casos de agravios sufridos por éstos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que el incumplimiento de las autoridades procuradoras de justicia, así como su negligencia a la hora de investigar los ataques contra los profesionales de la comunicación, “permiten que los autores materiales e intelectuales de los ilícitos queden sin sanción penal, lo cual genera un clima de impunidad institucionalizada” Además agregó que “es evidente que la autoridad ministerial no llevó a cabo todas las diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación procedentes…En algunos casos, no se acreditó que se haya realizado una investigación respecto del entorno laboral o periodístico…”.
Al día de hoy han pasado 1830 días desde que José Antonio García Apac desapareció. Han pasado 1830 días en que el Estado mexicano incumple con su obligación internacional de investigar y sancionar a las personas responsables. José Antonio García Apac, periodista y director del semanario Eco de la Cuenca del Tepalcatepec, fundó el primer medio informativo escrito en la costa del Estado de Michoacán, México. Desapareció el 20 de noviembre de 2006.
Cuatro meses después de que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán abrió el expediente de investigación sobre la desaparición del periodista, en abril de 2007 la investigación fue remitida a la Procuraduría General de la República (PGR), es decir, a la jurisdicción federal. A sólo tres meses de recibir la indagatoria, la PGR determinó la RESERVA del expediente por considerar que no existían elementos suficientes para investigar la desaparición del periodista. Después de reabrir las investigaciones sin avances significativos, el 24 de enero del 2008 y con posterioridad el 13 de marzo del 2008, el Ministerio Público Federal reiteró su solicitud DE RESERVA, estado en el que permanece el expediente. De acuerdo con el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Penales, la reserva es un estatus jurídico caracterizado porque no resultan elementos bastantes para hacer una consignación a los tribunales, no aparecen pruebas nuevas que practicar, pero con posterioridad puede allegarse de datos para proseguir la investigación.
La familia de José Antonio no sólo ha tenido que sufrir por la desaparición de un ser querido, sino que se ha enfrentado al tortuoso camino de exigir justicia en México. Son 5 años de estar esperando a que las autoridades cumplan con sus obligaciones.
Su hijo Aldo narró como el día de la desaparición de su padre este lo llamó a las 19:30 horas para avisar que iba en camino a su domicilio. Escuchó como le marcaban el alto a la camioneta donde viajaba “como si estuviese pasando por un retén” después oyó interferencia y palabras que parecían una discusión, hasta que se cortó la llamada.
Este año escribió una carta:
5 AÑOS Y LA JUSTICIA SIGUE SIENDO CIEGA
Por: Aldo García Caballero
20 de noviembre (de cada año). 19:15hrs. Este 20 de noviembre decidimos no conmemorar los 1826 días que tiene desaparecido mi padre, traducido a cifras más concretas, ha estado ausente ya una cuarta parte de mi vida. No queríamos conmemorar el hecho que por falta de justicia en 5 años no hayan logrado dar con un indicio del paradero o siquiera de los responsables, no quisimos conmemorar porque lo que yo siento, lo que hemos sentido como familiares no se puede entender, no podrán entenderlo a menos que los responsables de procurar seguridad sean los mismos afectados, a menos que sean desaparecidos miembros de su familia, tal vez por eso no hagan caso, tal vez porque no son ellos los que han sufrido todo esto. Han sido ya años de constante esperar, de rechazo de parte de ya dos administraciones estatales y una administración federal, de la Fiscalía Especial para la “Atención” de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, la PGR, protección civil y demás instituciones a nuestro servicio. En fin, el dolor solo se entiende viviéndolo, así que nunca lo van a entender. Jamás entenderán lo que es vivir al borde de la locura, de la espera de una llamada, un mensaje, ¡algo!, nunca sabrán lo que es esperar a que ÉL llegue como si nunca se hubiera ido, lo que es desear que todo sea un sueño, lo que es tener navidades sin años nuevos, lo que es tratar de conciliar el sueño y tratar de ser de nuevo feliz a sabiendas que pudo haber sido torturado, esa palabra que es horrible pero a la vez inevitable. Jamás confiaré en ningún político, gobierno, institución, figura o sistema proveniente del estado y que se autoproclame a favor del pueblo. Es verdad que cada pueblo tiene al gobierno que se merece pero nos han rebasado por la contraria: esos gobiernos impuestos tienen el pueblo que merecen: uno callado, silente e inmóvil.
AUTORIDAD: (Del lat. auctorĭtas, -ātis). Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Seguimos exigiendo a las autoridades el esclarecimiento del caso, a que se definan como esa autoridad moral que ha estado ausente y ha cedido el poder al crimen organizado, que al día de hoy es la autoridad que gobierna al país.
La lucha es permanente y rendirse no es opción, lucha es justicia y la justicia que esperamos no viene de una institución, lo justo es que nunca hubiera sucedido. Esa fue la mayor razón por la cual seguimos con el periódico: no podíamos dejar morir su sueño y dejarnos vencer por el miedo, por un enemigo cobarde que se esconde tras el dinero y las sombras, porque tengo algo más valioso: voluntad, pasión y esperanza, eso es lo que me mueve día a día, sé que tal vez nunca lo encuentre pero cada día estoy más cerca de él, de ser como el quería que fuera; un hombre de bien, un luchador incansable. Me dio el regalo de la vida, y la vida con vida se paga. “(…) pero estoy vivo, y te voy a extrañar siempre, mientras tengamos vida los que te vivimos, mientras te recordemos, lo juro, siempre estarás vivo”.
La impunidad se sufre. Más allá de las cifras es algo tangible para las víctimas. Es un concepto jurídico pero antes de ello, lamentablemente, es la cruda realidad para muchas personas en México. Tal vez si las autoridades pudieran comprender, o al menos ser sensibles, de lo que viven las familias, colegas y amistades sobre su falta de inacción debido a que no cumplen sus responsabilidades y obligaciones se ocuparían de hacer su trabajo.
