Puebla, Puebla, a 27 de febrero de 2017.- El pasado 21 de febrero se llevó a cabo la primera sesión de la Junta de Gobierno de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto, organismo público descentralizado que se creó por iniciativa del ex mandatario Rafael Moreno Valle. En dicha sesión, el actual gobernador, Antonio Gali Fayad, tomó protesta a la ex diputada local Josefina Buxadé Castelán como Coordinadora General del organismo.
Sorprende este nombramiento pues el pasado 29 de enero, al presentar al equipo de mujeres y hombres que integrarían su gabinete, el propio Gali Fayad anunció que sería María del Carmen Leyva Bathory quien ocuparía el cargo, una posición similar a la que ocupó en el Ayuntamiento de Puebla en las dos últimas administraciones municipales, incluida la de Gali Fayad.
De acuerdo con el boletín que emitió el gobierno del estado sobre el particular, el mandatario destacó “que es fundamental mantener a Puebla como ejemplo nacional en transparencia y buenas prácticas, con el propósito de reforzar la confianza de los ciudadanos e impulsar la rendición de cuentas como un deber público imprescindible”. Estas palabras carecen de sustento si se contrastan con las acciones, en la materia, realizadas hasta el momento.
El decreto de creación del organismo público descentralizado, sectorizado a la Oficina de la Gubernatura, establece que su presidente honorario es el gobernador, mientras que su presidente ejecutivo es el jefe de dicha oficina, ni más ni menos que Javier Lozano Alarcón, quien además tiene a su cargo la vocería gubernamental.
La iniciativa de creación de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto fue firmada por Rafael Moreno Valle Rosas, el 20 de enero de 2017, a escasos días de concluir de su gestión.
Las organizaciones firmantes consideramos que el nombramiento y la estructura del organismo son un desacierto y una señal contradictoria al discurso del nuevo gobernador. Llama la atención que el encargado de transmitir el discurso de gobierno sea -a la vez- quien presida el organismo responsable de la política de transparencia, más aún si se considera el papel que ha tenido en asuntos cruciales de transparencia y acceso a la información y que de manera particular, no ha hecho públicas sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.
En cuanto a la coordinación general del organismo, lamentamos la decisión de nombrar -de último momento- a Josefina Buxadé Castelán, quien después de su paso por el Congreso de Puebla estuvo al frente de la política de transparencia del gobierno de Moreno Valle, administración que fue señalada reiteradamente por su resistencia a la transparencia por organizaciones locales y nacionales promotoras del derecho a saber y de la transparencia. Con todo y su trayectoria como comisionada de la extinta Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado Puebla (CAIP), y sus innegables credenciales, Buxadé Castelán no estuvo a la altura de las circunstancias en asuntos decisivos siendo diputada y funcionaria.
Lejos de “reforzar la confianza de los ciudadanos”, estas decisiones minan la legitimidad y parecieran advertir que desde la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto habrá una política de protección para Rafael Moreno Valle Rosas, de cara a sus aspiraciones presidenciales.
Tampoco abona al fortalecimiento de la transparencia, como pretende el compromiso 20 del gobernador, que los dos únicos espacios independientes al gobierno estatal previstos en la composición de la Junta de Gobierno del organismo descentralizado -con voz pero sin voto- sean ciudadanos sin experiencia en la materia.
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
Asociación Mexicana de Derecho a la Información – Capítulo Puebla
ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
Comisión Mexicana de Derechos Humanos – Capítulo Puebla
Integradora de Participación Ciudadana
Nodo de Transparencia
Puebla Vigila
