Rubén Rocha Moya | Foto: Ríodoce

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2024. El pasado 14 de octubre Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, estigmatizó y criminalizó en su conferencia de prensa semanera a Azucena Uresti Mireles, conductora del medio Radio Fórmula, a Luis Chaparro y a Anabel Hernández, periodistas independientes, así como a otros periodistas y medios de comunicación. ARTICLE 19 rechaza este tipo de discursos en contra de la prensa por parte de un funcionario público, pues contraviene estándares internacionales sobre libertad de expresión. 

Un discurso que culpabiliza a la prensa

Rocha Moya señaló que la información presentada por Uresti y Chaparro acerca de un supuesto viaje realizado por el gobernador el mismo día de la detención de ”El Mayo”. Las notas se publican en el marco de un elevado contexto de violencia que se vive en la entidad en las últimas semanas. 

El funcionario público, comenzó catalogando las notas periodísticas como “parte de una campaña orquestada” por parte de “los medios de comunicación”. Haciendo uso del espacio publicado en canales oficiales en redes sociales el mandatario estatal refirió que se le quiere “perjudicar”, realizando declaraciones de manera arbitraria. El funcionario público responsabilizó a periodistas de querer inducir a que un grupo delincuencial atente en su contra, como resultado de su labor periodística.

En este espacio el gobernador comenzó a señalar a algunas personas periodistas en específico. Sobre Luis Chaparro, dijo “Lamento que sea chaparro hasta de la cabeza, del cerebro, es que insiste, ese periodista no tiene dignidad.“

Posteriormente continuó culpabilizando a Azucena Uresti y otros periodistas: 

“[…] ella es responsable porque ha insistido, necesita revisar sus fuentes, yo la hago responsable de cualquier cosa que me ocurra. Con sus versiones falsas, Uresti, Badillo, Chaparro, están contribuyendo para ver si se atenta contra mí (…) y si algo ocurre desde ahora los hago responsables; sí son periodistas, pero no están haciendo una función digna de un periodismo responsable y objetivo.”

Dentro de la misma conferencia estigmatizó a la periodista Anabel Hernández:

“Anabel […] quiere a fuerza que sea yo narco, si tienen tanta valentía para denunciar, denuncien a la autoridad. Lo están haciendo por razones políticas y no sé por qué otras razones. Lo único que contribuyen con darle vuelo a su mentira es para que uno de los grupos agarren rivalidad conmigo.”

El efecto cascada y estándares de libertad de expresión

ARTICLE 19 ha expresado su preocupación desde el 2019, por el abuso de los espacios públicos que estigmatizan desde la tribuna a la prensa. El discurso de Rubén Rocha Moya se suma a un efecto cascada en donde autoridades mexicanas en distintos niveles, y partidos políticos utilizan un discurso que descalifica a la prensa tras recibir cuestionamientos de ésta. A su vez, es preciso reiterar que la labor periodística no constituye un ataque a personas funcionarias públicas, sino que es parte del ámbito democrático de rendición de cuentas del Estado a la ciudadanía. 

Para el 2023, en acorde a la documentación de ARTICLE 19, Sinaloa se encuentra en el octavo lugar de los estados con más agresiones contra la prensa, registrando un total de 23 casos. Esta situación en un contexto de violencia recrudecido en la entidad, sitúa en un riesgo latente a periodistas y medios de comunicación.

La persistencia de la hostilidad verbal de funcionarios públicos, genera un efecto inhibitorio que obstaculiza el flujo informativo y sitúa a periodistas y medios en una condición de vulnerabilidad; además de exponerles a ser víctimas de otro tipo de agresiones. Ejemplo de esto y de acuerdo al testimonio del periodista Luis Chaparro, comenzó a recibir amenazas de muerte en sus redes sociales posterior a los dichos del gobernador.

Esta organización recuerda que las informaciones y opiniones “atinentes a asuntos del Estado y sus instituciones” gozan de mayor protección bajo la Convención Americana de Derechos Humanos. La protección de la prensa debe de conllevar una política preventiva, y esto implica, en acorde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual “[…] el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica .”

Si bien, aunque ARTICLE 19 reconoce el derecho de réplica, éste está tutelado bajo el reglamento que norma el artículo 6 constitucional en dónde se señala la vía formal en la que debe ejercerse el mismo en México. Por lo que los discursos de este tipo de conferencias no corresponden a un uso aplicado de este derecho. Además de que las autoridades deben cuidar que éste no sea utilizado como un mecanismo de censura por parte de funcionarios contra quienes publican información de interés público.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:

• Al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya:
  • Abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las y los periodistas.
  • Generar en conjunto con su equipo de trabajo una política pública de prevención en donde se adopte un discurso de reconocimiento de la importancia social de la labor periodística.

• Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación:
  • Realizar las acciones necesarias para proteger y salvaguardar la vida e integridad de las personas periodistas quienes lo soliciten.