- En medio de un procedimiento plagado de irregularidades, la Cámara de Diputados aprobó ayer la nueva Ley de la Fiscalía General de la República que reinstala la antigua PGR.
- Esta nueva Ley implica una regresión para los derechos de las víctimas y la reinstalación de un modelo autoritario de procuración de justicia.
- El Fiscal no tuvo que ir a la Cámara de Diputados para que las y los legisladores se pusieran a su servicio, y tampoco ha rendido cuentas de su actuación a 2 años de su gestión.
Ciudad de México 23 de abril de 2021.- Esta semana y sin discusión real, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la Ley de la Fiscalía General de la República. Como lo ha denunciado este Colectivo, esta ley elimina y obstaculiza varios de los derechos por los que las víctimas han luchado incansablemente. La nueva ley restablece el viejo modelo de la PGR que, históricamente, ha perpetuado la impunidad en nuestro país.
Algunos de los retrocesos más graves de esta ley son:
- Elimina derechos de víctimas. Por ejemplo, condiciona el derecho para pedir la atracción de casos a ciertas circunstancias, el derecho a construir conjuntamente con los fiscales un plan de investigación y de búsqueda, y el derecho a que se conformen Comisiones Especiales que tengan la participación de expertos independientes nacionales e internacionales que apoyen al fiscal en investigaciones complejas.
- Se debilita la responsabilidad de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda y en otros Mecanismos protectores de derechos humanos.
- Minimiza su participación en el Mecanismo de Apoyo Exterior, instrumento para que las víctimas directas e indirectas tengan acceso a la justicia desde otros países, disminuyendo derechos ya ganados.
- Recorta el Plan de Persecución Penal de 9 a 3 años y elimina la participación de la sociedad civil en el mismo.
- Regresa a una institución jerárquica en la que el Fiscal General de la República puede dictar órdenes a los fiscales, peritos y analistas; así como elegir a los fiscales especiales a discreción, sin comprobar requisitos de experiencia ni mérito, y sin un procedimiento transparente que incluya participación ciudadana.
- Merma las posibilidades de instalar un servicio de carrera basado en el desempeño y experiencia de los fiscales.
- Elimina un modelo de investigación con esquemas flexibles que permita dar respuesta a las víctimas y desarticular las redes criminales en el país, y reinstala una estructura que no es apta para asumir un enfoque de investigación de fenómenos criminales, lo que significa regresar al esquema fallido de investigación caso por caso.
- Reinstala la Fiscalía en Delincuencia Organizada y las Delegaciones, figuras que han sido cuestionadas fuertemente por su opacidad, ineficacia y corrupción; y que además pone en evidencia la limitada comprensión sobre la forma en que opera la criminalidad en México.
A pesar del esfuerzo de la Presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Pilar Ortega, para abrir el dictamen a discusión, la mayoría morenista insistió en apurar la votación para que se aprobara el dictamen enviado por el Senado, ya que también tenían prisa por aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
A propuesta de algunas diputadas que han dado una batalla ejemplar por los derechos de las víctimas, la mañana del martes 20 de abril, la Comisión de Justicia abrió un espacio para que los familiares de víctimas fueran escuchados. Sin embargo, justo cuando las víctimas comenzaron a hablar, la mayoría de los diputados no estuvo presente y los morenistas se pararon de sus lugares para continuar gestando la negociación.
La aprobación de esta nueva ley de la FGR no solo representa un retroceso en diversos derechos ganados por parte de las víctimas, también significa la claudicación del poder legislativo ante el Fiscal Alejandro Gertz Manero. Durante todo el proceso de discusión legislativa, integrantes del más alto nivel de la FGR estuvieron presentes cabildeando la discusión y asegurando que el voto fuera favorable para aprobar una ley, cuyo proyecto fue elaborado sin participación ciudadana como lo exige el régimen transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía vigente.
Durante esta semana se vivieron las peores prácticas legislativas. Las negociaciones de MORENA se hicieron al más viejo estilo de la política mexicana: simulando escuchar a las víctimas, mintiéndoles, sustituyendo votantes de último momento y sometiendo a quien estuviera en contra del proyecto. El partido MORENA cambió al Secretario de la Comisión en el último momento; sacaron de la Comisión de Justicia a una diputada de MORENA que quería votar en contra del proyecto y la sustituyeron por un diputado que votó a favor; y algunas mujeres diputadas sufrieron violencia al interior de sus partidos. Esto es inaceptable.
No se puede considerar como válida ni legítima una ley que no fue consultada, cuya emisión no se justificó, que se aprobó escuchando sólo a la FGR, excluyendo a las víctimas y a la sociedad en general. Dicha ley tuvo más de 190 reservas en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde en automático fueron rechazadas por la aplanadora mayoritaria, sin ser discutidas. En resumen, esta ley es autoritaria.
Las reservas realizadas son migajas para las víctimas y no reducen el impacto regresivo que tendrá la nueva ley. Hacemos un reclamo por las víctimas y colectivos que tras pedir acceso al recinto para hacer uso de la palabra, les fueron cerradas las puertas. Rechazamos y repudiamos la actuación de la Cámara de Diputados que este jueves nos regresó al esquema burocrático, jerárquico e inoperante de la antigua PGR.
Reconocemos el valiente papel que jugaron las diputadas Martha Tagle del Movimiento Ciudadano, Pilar Ortega del PAN, Lorena Villavicencio de MORENA, Mariana Rodríguez Mier y Terán del PRI, Verónica Juárez del PRD y Lucero Saldaña del PRI. Estas mujeres dieron la batalla hasta el último momento por los derechos de las víctimas.
La Ley regresará al Senado. Esperamos que dicha Cámara, que ha sido omisa en escuchar a las víctimas, reconsidere su papel e inicie el debate que tanto hemos solicitado, para discutir con evidencias, qué justifica su emisión y la abrogación de la Ley Orgánica de la FGR vigente; cuáles son los principales retos que está enfrentando la FGR y por qué dicha institución no ha podido rendir cuentas y dar una respuesta a las víctimas.
Hacemos un llamado al Poder Legislativo a que decida con responsabilidad y compromiso social, e impida la pérdida de la autonomía de la Fiscalía y de la Independencia del Poder Judicial, que minan de manera grave nuestra democracia y acceso a la justicia. Esta no es la ruta que México necesita.
Colectivo contra la Impunidemia
Para mayor información:
Iván Sánchez, Fundación para la Justicia – 229 9520212
Miguel Gómez, Impunidad Cero – 5585689098
