Fuerzas de seguridad pública de Torreón agreden físicamente e intimidan a mujeres periodistas
Fotografía: Dassaev Téllez/Agencia Cuartoscuro
Ciudad de México, 13 de abril de 2025.– ARTICLE 19 condena las agresiones perpetradas por elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT) y de la Policía Municipal contra las periodistas Edith González, de Meganoticias Laguna, y Mariana Mejía, de Horizonte Lagunero, durante la cobertura de una manifestación en el municipio de Torreón, Coahuila, el pasado 9 de abril.
Represión policial y agresiones a la prensa en la Comarca Lagunera
El miércoles 9 de abril, habitantes del ejido Nuevo Mieleras se manifestaron en el Periférico Raúl López Sánchez, en Torreón, para exigir justicia por el asesinato de Rolando Medina, presuntamente cometido por elementos del GRT durante un intento de desalojo. La protesta, que se desarrollaba de forma pacífica, fue violentamente reprimida por elementos fuertemente armados del GRT y de la Policía Municipal, quienes arribaron en una camioneta sin placas ni identificación oficial seguidas de otras unidades debidamente rotualdas, según consta en videos publicados en redes sociales y medios locales.
Durante este operativo policial, la periodista Edith González, quien cubría la protesta, fue despojada con violencia de su equipo de transmisión por un agente vestido de civil que, sin ofrecer ninguna justificación, arrojó el equipo al suelo, impidiendo así su labor informativa. De acuerdo con el video de la transmisión en vivo que realizaba la periodista, la acción fue claramente intimidatoria y dirigida a evitar que se documentara lo que ocurría en ese momento.
En tanto, la reportera Mariana Mejía también fue víctima de agresiones físicas por parte de los agentes. Mientras documentaba un intento de detención arbitraria de una manifestante, fue empujada por elementos policiales, lo que provocó su caída y una lesión en la rodilla. Asimismo, ambas periodistas fueron objeto de intimidación y hostigamiento mediante fotografías que los policías les tomaron a ellas y a los vehículos en los que se transportaban, “en un claro intento de disuasión y amedrentamiento”, explicaron en entrevista con ARTICLE 19.
Estos hechos son claras violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información, especialmente en un contexto de creciente hostilidad hacia la prensa y, en particular, hacia las mujeres periodistas. El uso de la fuerza para obstaculizar su labor profundiza patrones de exclusión y censura.
Responsabilidad del Estado en contextos de protesta
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) afirman que la protesta pacífica es un derecho esencial en las democracias, y que el Estado debe garantizar la libertad de expresión y de reunión. El uso de la fuerza en estos contextos debe ser excepcional, legal, necesario y proporcional, siempre en estricto respeto a los derechos humanos. Las autoridades deben distinguir entre manifestantes pacíficos y quienes cometen actos violentos, evitando respuestas indiscriminadas.
Asimismo, destacan la importancia del trabajo periodístico en contextos de protesta, ya que permite informar a la sociedad y prevenir abusos de poder o uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Cuando periodistas son agredidas o agredidos en este contexto, se vulnera tanto su derecho individual a la libertad de expresión como el derecho colectivo de la sociedad a estar informada. Por ello, el Estado tiene el deber de garantizar plenamente el ejercicio del periodismo e investigar cualquier acto de violencia contra comunicadores. Además, en la aplicación de protocolos de actuación, se debe instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación.
Por lo anterior, ARTICLE 19 exige:
- Al presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González, que rinda cuentas por la actuación del Grupo de Reacción Torreón (GRT) y colabore plenamente con las investigaciones. La administración municipal debe asumir la responsabilidad de prevenir y sancionar cualquier acto de agresión contra la prensa, así como implementar medidas inmediatas para revisar los protocolos de actuación de la Policía Municipal, garantizando condiciones seguras para la labor periodística y evitando nuevos incidentes de violencia contra periodistas y manifestantes.
- A la Fiscalía General del estado de Coahuila, iniciar una investigación inmediata, diligente, imparcial y con enfoque de género sobre las agresiones cometidas contra las periodistas Edith González y Mariana Mejía, garantizando la sanción a todos los elementos responsables, tanto materiales como a quienes hayan ordenado o permitido dichas acciones.
- A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ejercer su facultad de atracción del caso, al tratarse de agresiones directamente vinculadas con el ejercicio periodístico en un contexto de protesta social, e incorporar un enfoque interseccional que reconozca los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres periodistas.
- Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contactar a las periodistas afectadas y otorgar medidas de protección adecuadas que garanticen su seguridad personal e integridad.
