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Fueron detenidos arbitrariamente dos periodistas cubanos, tras una inspección ilegal de su casa

Ciudad de México a 28 de agosto de 2024.- El pasado 24 de agosto Yunia Figueredo Cruz y Francisco Correa Romero, periodistas y activistas cubanos independientes fueron víctimas de detención arbitraria, amenazas e intimidación por parte de agentes de la Seguridad del Estado cubano.

Los periodistas instalaron, en días previos, un aire acondicionado -producto de un regalo recibido desde Miami-, después de haber sido víctimas de robo del aparato anterior. Tras su instalación, dos personas que presuntamente eran de la empresa eléctrica de Santa Fe Playa ingresaron a su casa sin previo aviso, con la finalidad de realizar una inspección, bajo el argumento de que estaban robando corriente. A la par, dos personas de la Seguridad del Estado vestidas de civil se encontraban afuera del domicilio vigilando la situación. Es importante señalar que las personas nunca se identificaron.

En el ejercicio de su derecho de acceso a la información y libre expresión, Yunia decidió grabarlos para documentar lo que estaba ocurriendo. Por ello recibió amenazas de que sería detenida junto con Frank, mismas que cumplieron, sin importar que sus hijas adolescentes presenciaron la detención. Fueron llevados a la Unidad de Zapata y C, ubicada en La Habana, en donde permanecieron cerca de cuatro horas en un calabozo sin ventilación y en condiciones insalubres, entre mosquitos, roedores y calor. Las amenazas con encarcelarlos continuaron, además de intimidar a Yunia señalándole que cuenta con un expediente abierto por el delito de desacato.

Cabe señalar que durante la inspección fueron víctimas de robo de fotografías en donde aparecen sus hijas, libros y documentos del trabajo. Aunado a ello recibieron una multa bajo el argumento de que las conexiones de esos aparatos los debe de realizar exclusivamente la empresa.

Los periodistas han sido constantemente víctimas de agresiones por el ejercicio de su labor periodística y de activismo, por parte de las autoridades cubanas. De acuerdo con información proporcionada a ARTICLE 19 por la misma periodista, desde que comenzó su activismo cuando tenía 14 años, ha sido sujeta de distintos ataques como restricciones de su movilidad y/o migratorias, detenciones arbitrarias, reclusión domiciliaria, vigilancia policial, amenazas, entre otras.

Exigimos al Estado cubano que cese la vigilancia y criminalización en contra de personas periodistas y activistas de la isla, quienes además ven vulnerada su salud mental y física, pues éstas forman parte de un continuum de violencia estatal que, en muchas ocasiones deriva en que se encuentren en estado de alerta permanente. Además, sus familias son colocadas como víctimas indirectas de estos ataques, siendo doblemente vulneradas las hijas e hijos en etapas de primera infancia, edad escolar y adolescentes de esta población.

De la misma manera, en apego a las recomendaciones señaladas tras la celebración del EPU 2023, es necesario que las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad respeten cabalmente la libertad de expresión, de asociación y de reunión, así como reformar el marco normativo que impide su libre ejercicio.