Ciudad de México, 25 de julio de 2025.– ARTICLE 19, Oficina Regional para México y Centroamérica alerta sobre el grave riesgo que enfrenta el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, Editor general del medio Publimetro, cuya seguridad e integridad personales se ven comprometidas tras las amenazas directas y la difusión no autorizada de su información personal en un foro digital de acceso público.  

El pasado 23 de julio, el periodista dio a conocer públicamente a través de redes sociales una amenaza recibida en el mes de enero. De acuerdo con el testimonio del periodista, la agresión se desató tras la cobertura de temas sobre ciberseguridad e investigaciones relacionadas con instituciones que manejan información altamente delicada, la cual se mantiene en reserva por temas de seguridad.

Publicación realizada por el periodista Ignacio Gómez vía X

Los hechos arriba descritos fueron reservados por Gómez debido al temor de alguna represalia; sin embargo, el pasado 19 de julio se publicó en línea un conjunto de datos sensibles que incluyen su nombre completo, teléfonos, correos, direcciones, actas oficiales y hasta hábitos de consumo y desplazamiento del periodista y su familia. De acuerdo con estándares internacionales sobre libertad de expresión, esta acción representa una amenaza directa a su seguridad y un acto de vigilancia que vulnera derechos fundamentales, especialmente el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la protección frente a la violencia en el ámbito digital.

Estos hechos ocurren en un contexto de impunidad estructural que agrava la situación de quienes ejercen la labor informativa en el país. Pese a que el periodista ya había sido víctima de amenazas previas en el 2024, hechos que denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). En voz del periodista, el proceso “fue desgastante y sin resultados tangibles”. A más de un año, su carpeta de investigación ha sido reasignada en varias ocasiones sin avances visibles. De igual forma, Gómez detalló en entrevista con ARTICLE 19 que “tampoco se logró integrar una solicitud formal ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debido a la complejidad burocrática del proceso”, lo que dejó al periodista fuera de cualquier medida de protección efectiva. Esto incentivó que el periodista decidiera no iniciar acción legal ante las nuevas amenazas recibidas.

La impunidad incrementa el riesgo

México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Según el informe anual 2024 de ARTICLE 19, titulado “Barreras Informativas”, durante el año se registraron 639 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, lo que equivale a una agresión cada 14 horas. Del total, 140 agresiones se cometieron en el ámbito digital, esto significa que 21.91%, o al menos una de cada cinco agresiones, fue en línea. 

Según este mismo informe, en 2024, sólo uno de cada tres periodistas agredidos presentó una denuncia ante una fiscalía estatal o federal. La desconfianza en las autoridades está justificada: en el caso de la FEADLE, el 84.77% de los casos de violencia contra la prensa sigue en la impunidad que facilita la repetición de las agresiones. Esta cifra mantiene a México en una situación crítica, sin cambios sustanciales en las condiciones de seguridad para la prensa. 

En un entorno marcado por la violencia y la falta de garantías, las agresiones digitales (como la filtración de datos personales o el doxing) se han convertido en una herramienta más para intimidar, silenciar o exponer a periodistas a un nivel mayor de violencia. Estas formas de violencia digital operan con la misma lógica de impunidad que los ataques físicos o las amenazas verbales. La CIDH ha indicado que “Los Estados tienen la obligación de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección.”

El caso de Gómez Villaseñor refleja un contexto estructural de hostilidad para ejercer el periodismo con garantías de seguridad. Tal como lo ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “la falta de investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de estos crímenes ha generado un patrón estructural de impunidad, que a su vez ha provocado desconfianza en las instituciones del Estado y desaliento en el ejercicio del periodismo” 

Ante esta situación, ARTICLE 19 exige  al Estado mexicano, en todos sus niveles, el cumplimiento inmediato de sus obligaciones en materia de derechos humanos, libertad de expresión y protección a periodistas:

• A la Fiscalía General de la República y a la FEADLE, que se abran investigaciones de oficio respecto a la reciente amenaza y filtración de datos, aplicando el Protocolo Homologado para Delitos contra la Libertad de Expresión. Asimismo se esclarezcan los hechos relacionados con la denuncia anterior y se rinda un informe público sobre el estado actual del caso.

• Al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, brindar protección inmediata y efectiva al periodista, mediante medidas acordadas y pertinentes para su contexto.

• A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), garantice una atención profesional, adecuada y con enfoque psicosocial a las personas periodistas que enfrentan situaciones de riesgo.