Foto: Agencia Cuartoscuro

Ciudad de México, 7 de julio de 2025.- Las organizaciones ARTICLE 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC expresamos nuestra condena ante las recientes revelaciones sobre la presunta corrupción, lavado de dinero y delitos fiscales relacionados con la adquisición del software espía Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El diario israelí The Marker ha difundido cómo una disputa legal entre dos empresarios israelíes –Avishai Neriah y Uri Ansbacher– ha revelado un acuerdo sobre los 25 millones de dólares que ambos “invirtieron” de forma conjunta en el expresidente Peña Nieto durante su mandato. Ello, a cambio de acceso a funcionarios del gobierno y contratos lucrativos, incluyendo un contrato con una “empresa de inteligencia” que ofrecía tecnología cuyas características coinciden con la descripción del spyware Pegasus a varias autoridades del país.

Esta información confirma diversas investigaciones periodísticas que han evidenciado la corrupción en la compra de Pegasus, que representó un abuso de recursos públicos y ha facilitado violaciones masivas a la privacidad. Lo anterior coincide además con la información obtenida en el único juicio penal que se siguió con motivo de la vigilancia con Pegasus a la periodista Carmen Aristegui, en donde se reveló un entramado de corrupción y complicidad entre Ansbacher, dueño del conglomerado de compañías KBH, intermediarias que comercializaron Pegasus en México, y el gobierno de Peña Nieto. Según el testimonio del testigo protegido “Zeus”, Ansbacher actuaba por órdenes directas del expresidente Peña Nieto, del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y del extitular del extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz, operando intervenciones ilegales de comunicaciones sin mandamiento judicial desde las oficinas de KBH.

Asimismo, se dio a conocer en ese juicio que el excomisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, fue víctima de espionaje con Pegasus, con sus conversaciones interceptadas y grabadas, lo que refuerza la gravedad y alcance de estas prácticas ilegales.

Adicionalmente, la información revelada resulta particularmente preocupante en un contexto en el que:

1. Información obtenida tanto por medios de comunicación, como El Pegasus Project y el New York Times, así como ante tribunales estadounidenses, revela cómo México ha sido el primer y principal cliente de NSO Group, empresa creadora de Pegasus;
2. Diversas investigaciones periodísticas y de sociedad civil documentan el uso ilegal de Pegasus en México para perseguir, reprimir, censurar y espiar a personas periodistas, defensoras de derechos humanos y opositoras políticas, tanto en la administración de Peña Nieto como en la de Andrés Manuel López Obrador,  usualmente en contextos en los que denuncian o inician investigaciones por actos de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y demás autoridades mexicanas; y, 
3. La semana pasada se aprobaron un paquete de leyes en materia de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones, en donde se le dan facultades a diversas autoridades indefinidas, pero incluyendo al Ejército, para un acceso irrestricto e inmediato a una plataforma interconectada con todas las bases de datos públicas y privadas del país. 

Por lo que, estas acusaciones refuerzan la urgente necesidad de una investigación exhaustiva, transparente e independiente para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar justicia.

Al respecto, es importante destacar que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el uso de Pegasus no cesó. Diversas investigaciones han demostrado que el software fue utilizado por el Ejército mexicano para espiar a periodistas, defensoras de derechos humanos e incluso a funcionarios del propio gobierno. Comercializadora Antsua, una de las empresas de la red KBH, vendió el malware al Ejército en 2019. Por otro lado, en el marco del juicio Meta vs. NSO Group, se documentaron 456 infecciones con Pegasus tan solo en mayo de 2019 en territorio mexicano.

Ante estos hechos, exigimos a la Fiscalía General de la República y al gobierno federal:

1. Una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre los presuntos sobornos en la compra de Pegasus y su uso indebido para espiar a personas periodistas, defensoras de derechos humanos y opositoras.
2. Que se investigue y sancione a todos los responsables, incluidos exfuncionarios de alto nivel mencionados en las acusaciones y aquellos involucrados en el uso de Pegasus durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
3. Plena rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos en la adquisición de tecnologías de vigilancia y garantías de no repetición.

Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información. No permitiremos que estas graves violaciones permanezcan impunes. La verdad y la justicia no solo son indispensables para fortalecer nuestra democracia, sino también para garantizar que estos abusos no se repitan. Esta exigencia cobra aún mayor urgencia ante la aprobación reciente de marcos legislativos que, de forma individual y acumulativa, amplían las facultades del Estado para ejercer vigilancia masiva, sin controles adecuados ni garantías suficientes para proteger los derechos fundamentales de la población.