Lo hemos señalado anteriormente en este espacio sin cortapisas, la ley en materia de transparencia y acceso a la información que tiene México, la coloco como un referente internacional en el tema. Sin embargo también es cierto que las autoridades han encontrado recovecos en la Ley que les permite, mediante argucias, incumplir su objetivo: Garantizar el acceso a toda persona a la información pública.
La reforma al artículo 6° constitucional del 20 de Julio de 2007, significó un parte aguas en la protección del derecho de acceso a la información en México, sentó por un piso mínimo y obligaba a todos los marcos normativos del país a ser adaptados. Sin embargo la Federación incumpliendo con dicha previsión constitucional no reformó en el tiempo previsto.
Iniciativas y debates abundan pero las prioridades de los legisladores son otras. La iniciativa que actualmente se está discutiendo en la Cámara de diputados fue elaborada en la Cámara de Senadores en Febrero de 2009 después de meses de debates y negociaciones aprobó la minuta y turnó el trabajo a la Cámara de Diputados el 29 de Abril de 2010.
Finalmente, a casi un año de ser recibido el dictamen de la minuta salió de la congeladora y el 1° de Marzo se discutió en la Comisión de Gobernación. El dictamen ciertamente contiene avances que cumplen con los estándares mínimos previstos por la Constitución, sin embargo persisten fallas y omisiones que siguen vulnerando el derecho de acceso a la información.
Lo más preocupante es que el dictamen de la minuta se aprobó de manera general y los Diputados Gregorio Hurtado Leija y Gastón Luken, ambos miembros de la bancada panista, solicitaron reservar 4 artículos; 18 Bis, 59 y 46 y 55 respectivamente. ¿Qué significaría que estos artículos fueran suprimidos? Veamos qué es lo que quedaría fuera:
El artículo 18 establece la obligación de publicar información sobre los fideicomisos públicos, cuando las autoridades sean fideicomitentes o fideicomisarios de los mismos, ello cerraría muchos espacios de corrupción sobre el manejo de dichos recursos, que actualmente son desconocidos e imposiblemente monitoreados. Actualmente, según la SHCP (www.shcp.gob.mx) en su último informe presenta 369 fideicomisos públicos que ascienden a un monto de 335 mil millones de pesos.
El artículo 59 establece que las resoluciones son definitivas e inatacables para las dependencias, en este sentido es necesario señalar la importancia de la definitividad de las resoluciones, de no estar expreso en la ley vulneraría la autoridad del IFAI y judicializaría el ejercicio del derecho de acceso a la información, como lo muestra actualmente la experiencia a nivel federal que prolonga innecesariamente un procedimiento que de acuerdo a la constitución debería ser expedito.
El artículo 46 y 55 Bis, contemplan la facultad del IFAI o Comités de información de ordenar la generación de documentos que no se encuentren en los archivos de las dependencias y en su caso elaborarlos. Actualmente las dependencias son favorecidas por el vacío legal que les permite declarar inexistencia de documentos y con esto sencillamente no entregar la información.
Reconocemos que el debate se ha enriquecido por las aportaciones de los diputados Marcela Guerra y Javier Corral Jurado, los cuales han manifestado su postura a favor de la transparencia en los fideicomisos públicos.
Sin embargo, creemos de suma importancia recordarle a la Comisión de Gobernación y en especial a los Diputados Gregorio Hurtado Leija y Gastón Luken, que tienen la oportunidad (y obligación) de dotar a los ciudadanos de un marco normativo que garantice el derecho de acceso a la información. Facultando a las y los mexicanos a conocer información relevante para su vida y bienestar; lo cual permitirá cerrar espacios a la opacidad y sin lugar a dudas contribuirá a la consolidación democrática del país.
Seguiremos con atención el debate, esperamos que las y los legisladores hagan a un lado las fobias a la transparencia y la rendición de cuentas, asumiendo una genuina postura democrática en el tema.
Texto escrito por Isabel García, responsable de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de ARTÍCULO19.
