El Frente por la Libertad de Expresión exige respeto absoluto a las expresiones de protesta
México, D.F. a 20 de noviembre de 2014.- El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social exige junto a la sociedad que el Estado mexicano se aboque a la inmediata presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por agentes del Estado el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Condenamos enérgicamente este crimen de Estado en el que además resultaron asesinadas 6 personas y otras 25 fueron heridas. Estos hechos ponen en evidencia la crisis de derechos humanos en el país y la erosión del tejido social por acción y omisión del Estado.
La actuación del Estado en su conjunto es reprobable: fueron policías y autoridades municipales las que participaron directamente en su comisión material e intelectual y el Gobierno Federal ha sido incapaz de proporcionar una respuesta efectiva que evidencia la ausencia de capacidades institucionales para hacer frente a este caso.
No debe pasar desapercibido que la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y sus estudiantes han luchado constantemente por tener mejores condiciones para la educación de sus comunidades y han sido frecuentemente agredidos y criminalizados, la última ocasión en 2011 cuando policías federales y estatales asesinaron a dos estudiantes y torturaron a otros. Así, los normalistas se preparaban para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre –en recuerdo de los hechos que desde 1968 permanecen en impunidad– cuando fueron agredidos. La exigencia de su presentación con vida y de justicia seguirá produciendo movilizaciones y protestas.
Más grave aún es la sistematicidad de estos crímenes: a las más de 30 mil personas desaparecidas entre el sexenio pasado y el actual, se suman otros crímenes de lesa humanidad acontecidos durante el contexto de la llamada guerra sucia. El encubrimiento, el olvido y la impunidad han sido la regla de tratamiento en estos crímenes, agravados en últimas fechas por la superposición de las estructuras de la delincuencia organizada con las del Estado. Por décadas el Estado mexicano ha utilizado la desaparición forzada como política de represión y terror, que se demuestra en la falta de respuesta y canales que procuren la investigación, juzgamiento y verdad de este tipo de hechos.
Resulta preocupante que no existan condiciones para garantizar y respetar el derecho a la protesta social. Por el contrario, en un contexto de anormalidad institucional, corrupción e impunidad, con zonas del país con ausencia de estado de Derecho y sin vigencia de gobernabilidad democrática; la simulación institucional es muestra de una brecha cada vez más insalvable entre sociedad y gobierno. La práctica sistemática del GDF de detener arbitrariamente a cualquier grupo de gente joven en contextos de manifestaciones y las agresiones a la Ciudad Universitaria de la UNAM, prenden focos de alerta: se caracteriza negativamente a los grupos que protestan y se amenaza con el uso de la fuerza. Estas expresiones de autoritarismo inhiben a la sociedad ante el riesgo de ser agredido o detenido. Las autoridades exigen aquello que no cumplen, demandan “civilidad” y “apego a la ley” cuando ellas han hecho de la ilegalidad, algo cotidiano y de la legalidad, un discurso vacío cuando se trata de sus obligaciones.
Ante esta evidente contradicción y en una situación en la que las instituciones no responden a las causas que originan los reclamos, las protestas suelen asumir formas más extremas. Ayotzinapa dejó en descubierto las fallas institucionales incapaces de dar seguridad y justicia, generando que las movilizaciones aumenten como vía de reclamo y exigencia social y como forma de control democrático directo sobre los poderes públicos.
En este sentido, el Frente exige respeto absoluto a las expresiones de protesta y resolución de las demandas que las generan. Las protestas en su mayoría contienen demandas sociales que necesitan ser atendidas, más aún cuando evidencian graves violaciones a derechos humanos y fallas institucionales, por lo que olvidar el contexto de dónde surgen y tener una visión limitada o reguladora frente a ellas, romperá aún más el tejido social, lejos de avanzar en la reconstrucción democrática que la sociedad reclama fuertemente.
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social conformado por:
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.
