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Ciudad de México, a 30 de julio de 2019.-El día de hoy, el Congreso de Hidalgo aprobó la derogación de los delitos contra el honor, esto representa un avance para la garantía del derecho la libertad de expresión.

El dictamen aprobado con 29 votos a favor, deroga los delitos de difamación y calumnias, que actualmente se encuentran previstos en los artículos 191 al 202 del Código Penal estatal. Lo anterior, a partir de la iniciativa presentada el pasado 30 de abril, por la diputada Areli Maya Monzalvo, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), y el diputado Ricardo Raúl Baptista González, integrante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La derogación de estos delitos es un avance en la generación de condiciones más favorables para las libertades de expresión e información en México, ya que los mismos han sido utilizados de manera arbitraria por parte de actores con poder político o económico, para acallar voces críticas que les resultan molestas o incomodas, generando así un mecanismo censor que restringe de manera desproporcional e ilegítima el ejercicio de derechos.

Precisamente, uno de los casos más recientes que ejemplifica su uso arbitrario y la urgencia de su derogación, es el de Leonardo García, ciudadano activista que exhibió un posible conflicto de interés entre funcionarios del gobierno del Estado de Hidalgo y accionistas de una constructora debido a la mala construcción de fraccionamientos, frente a lo cual fue denunciado y vinculado a proceso por difamación en enero de 2018.

Además, la derogación de este tipo de delitos ha sido objeto de diversas recomendaciones por parte de organismos internacionales. Cabe recordar que los relatores de libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe conjuntoderivado de su última visita a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, exhortaron al Estado mexicano a “derogar la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y reformar los códigos  penales de las entidades federativas a fin de eliminar delitos que se apliquen para criminalizar la libertad de expresión, y abstenerse de usar otras disposiciones del derecho penal para castigar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En forma simultánea, reformar los códigos civiles de las entidades federativas para garantizar la protección del honor a través de procedimientos civiles, estipulando límites y criterios para las sanciones, conforme a los estándares internacionales. El rol de la Secretaria de Gobernación (Segob) y el Mecanismo debería ser clave en este sentido.”

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolucióncontra el Estado mexicano, derivado de la petición de revisión del caso que en octubre de 2014 presentó ARTICLE 19, en representación de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, donde determina que le fueron violados sus derechos humanos (libertad e integridad personales) por los hechos ocurridos contra ella en diciembre de 2005, entre ellos su libertad de expresión, ya que sufrió represalias derivado de la publicación de su libro “Los demonios del edén”. Dentro de esta resolución, el Comité de la ONU recalcó que es necesaria la derogación en todo el país de los delitos contra el honor (difamación y calumnias), puesto que la pena de prisión nunca resulta adecuada ni proporcional.

A lo anterior, también se suma la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Naciónel 29 de mayo de 2018, al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 113/2015 y su acumulada 116/2015, que declaró la invalidez del delito de calumnia en el Estado de Nayarit, ya que limitaba de manera excesiva y desproporcional la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio periodístico.

Por tanto, ARTICLE 19 celebra la decisión del Congreso de Hidalgo, ya que representa un paso más en la garantía de derechos humanos, particularmente para las libertades de expresión, información y el ejercicio periodístico, y que además cumple uno de los puntos contenidos en la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ya se ha referido, para derogar este tipo de delitos en el país.

Además, ARTICLE 19 solicita al Gobernador de Hidalgo que conforme a sus facultades constitucionales, promulgue y publique a la brevedad posible el dictamen aprobado por el Congreso de Hidalgo, con lo cual finalmente quedarán derogados los delitos contra el honor en el estado.

ARTICLE 19 mantiene la exigencia hacia todas las legisladoras y legisladores de las 7 entidades donde aún se encuentran vigentes los delitos contra el honor (Campeche, Colima, Michoacán[1], Nayarit, Nuevo León, Sonora y Yucatán), a llevar a cabo su derogación, en cumplimiento de las recomendaciones y estándares nacionales e internacionales, así como de sus obligaciones para proteger y garantizar los derechos humanos.

La decisión de hoy representa un logro importante para Leonardo García, su labor de activismo y defensa, así como un logro para aquellas personas que hacen del ejercicio de las libertades de expresión e información su labor diaria.  

 

Nota para prensa

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[1]     Si bien el Código Penal de Michoacán no regula estrictamente calumnias, difamación o injurias, sí regula figuras que tienen los mismos efectos: Ataques contra el honor, Ataques a la intimidad, Ataques a la propia imagen.


Fecha de publicación en línea: 30 julio, 2019.