Jessica Alcázar y Adriana Arrubla
El 28 de septiembre se conmemora el día internacional del derecho a saber. El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. En México, un país que sufre una crisis a los derechos humanos—incluyendo torturas, desapariciones forzadas, violaciones a derechos humanos de las personas en contexto de migración, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género, feminicidios, ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos y un largo etcétera- obtener información fidedigna es esencial ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves de violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones del Estado.
Ante este contexto, el derecho a saber y a la información se han convertido en una llave no solo para el ejercicio de la libertad de expresión sino también para el acceso al derecho a la verdad. Este derecho nos debe permitir conocer la respuesta a las preguntas de qué pasó, por qué, en qué contexto, quiénes son las víctimas y quiénes los perpetradores. En el caso de las desapariciones forzadas y muertes, además, deben conocerse las circunstancias en que ellas ocurrieron y el destino y ubicación de las víctimas o sus cuerpos[1].
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que las víctimas y sus familiares tienen derecho a conocer la información sobre graves violaciones de derechos humanos que repose en los archivos del Estado, incluso, si tales archivos se encuentran en las agencias de seguridad o en dependencias militares o de policía. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública estipula que no podrá clasificarse como “reservada” aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
En México, desgraciadamente la ley dictada no refleja la realidad, a pesar de las “buenas voluntades» del gobierno federal. Ejemplo de ello es el incumplimiento del acuerdo presidencial de 2019 sobre la transferencia de documentos históricos que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción. Hasta la fecha, del universo que debería haberse transferido por todas las instancias del Estado, según el Archivo General de la Nación (AGN) solo se han transferido 10 legajos relacionados con homicidios de periodistas entre 1987 y 1990, es decir, 816 fojas que contienen 315 negativos de fotografías y 6 fotografías. La situación es parecida en el acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a las instalaciones del campo militar número 1. Esta apertura a las instalaciones y a los archivos llega a casi un año de la instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH). Queda por verse qué tanto podrá realmente ser conocido por parte de las personas comisionadas y sus equipos en términos del actuar de las fuerzas armadas en el periodo de lucha contrainsurgente entre los años sesenta y ochenta.
Como un ejemplo de la falta de transparencia de la Sedena, podemos ver que hasta el día de hoy- a pesar de lo dictado por el presidente López Obrador en 2019- sólo tenemos acceso a 1,653 legajos de la Sedena, cuya documentación fue transferida al AGN por administraciones pasadas hace más de 20 años.
Ante la ausencia de cumplimiento de las responsabilidades del Estado mexicano, sobrevivientes, víctimas y sus familiares han emprendido históricamente procesos de documentación propias. Estos permiten conocer sus expedientes, donde fueron compilando y cruzando información relativa a las violaciones a los derechos humanos como el fenómeno de la desaparición, casos de feminicidios, casos de trata, violencia sexual en contra de mujeres y niños, ejecuciones extrajudiciales, hallazgos de fosas clandestinas, entre otros delitos que han revelado la crisis de derechos humanos en el país. De esta forma familiares, víctimas y personas de la sociedad civil han generado sus propios archivos de derechos humanos (ADDHH), ejemplo de ello son los archivos de la resistencia[2].
Este tipo de archivos no solo contienen documentos, sino la memoria colectiva de las víctimas, familiares y organizaciones sociales. La memoria colectiva es una herramienta que nos ayuda en la recuperación de información, a la conservación y redefinición de la identidad de una población, pero también como un mecanismo de lucha por el derecho a la verdad y el no olvido de una sociedad que ha sido afectada por acciones u omisiones gubernamentales, perpetradas a lo largo de la historia.
En un contexto de crisis humanitaria y creciente militarización de la vida pública como la que vivimos en México, el derecho a saber, el poder preguntar, el que el Estado responda a la ciudadanía es fundamental y debe ser garantizado.
Foto: ARTICLE 19
Jessica Alcázar es Coordinadora del Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas de Artículo 19, y Adriana Arrubla es integrante del proyecto de los Archivos de la Resistencia y Archivos de la Represión, realizados por Artículo 19 desde 2018.
[2] Gerardo Bernales Rojas, El derecho a la verdad. En Scielo Chile: https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v14n2/art09.pdf (Consulta 20 de septiembre de 2022)
[3] Archivos de la Resistencia es un proyecto que tiene como objetivo contribuir al derecho a la verdad y a la memoria desde las voces, testimonios, historias y experiencias de sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos y miembros de grupos políticos y sociales en el periodo de represión sistemática y de violencia de Estado entre 1960 y 1992.
