Criminalizan y hostigan a personas defensoras de derechos humanos y del agua del Humedal de Montaña La Kisst en Chiapas

Foto: Internet

• • Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante los actos de criminalización hacia el colectivo Los Guardianes de los Humedales de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
  • Exigimos a las autoridades federales y locales garantizar la seguridad de los integrantes del colectivo, así como del proceso legal contra la empresa inmobiliaria Molino de la Alborada, S.A. de C.V., incluyendo el acceso a información relacionada con los planes de construcción sobre los humedales.

A través de una notificación emitida por el juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, el 27 de junio de 2024, algunos habitantes de la colonia 5 de marzo en este municipio, recibieron el aviso de desalojo del predio ubicado en el sur de esta ciudad donde han habitado desde hace más de 30 años.  Las más de 4 mil personas – la mayoría de ellas personas provenientes de comunidades tseltales, tsotsiles, choles – que desde el 5 de marzo de 1994 se encuentran asentados en ese predio de alrededor de 15 hectáreas es propiedad de la empresa inmobiliaria Molino de la Alborada, S.A. de C.V.. De acuerdo con representantes de la colonia, la inmobiliaria quiere vender bajo sus condiciones de daños y perjuicios, el contrato de compra-venta que lleva un proceso de negociación desde el 25 de abril del 2023, con 12 reuniones de trabajo entre la inmobiliaria, los tres niveles de gobierno y los representantes de la colonia 5 de marzo.

Cabe señalar que, esta situación se enmarca dentro de las labores de protección y conservación del humedal de montaña La Kisst que han emprendido habitantes de esta colonia, quienes se conformaron como el colectivo “Guardianes y Guardianas de los Humedales”. Precisamente, el escurrimiento del agua en la parte alta de las montañas desemboca en la mancha urbana de San Cristóbal de las Casas, justo en las colindancias de la colonia 5 de marzo. Mediante la conformación de comités vecinales y estudiantiles, el colectivo realiza campañas de reforestación, recolección de residuos sólidos y educación ambiental para niños y niñas; también realizan acciones para prevenir la contaminación del agua, los incendios provocados y la tala de árboles de la zona.

Una de las principales preocupaciones del colectivo es el plan que tiene la inmobiliaria de construir condominios de 240 unidades sobre los humedales, lo cual representa una violación al derecho humano al agua y medio ambiente sano de los habitantes de la ciudad. De acuerdo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, la relevancia del humedal no solamente radica en su diversidad de flora y fauna, sino que también recargan a los manantiales Pedregal, Campanario, Real del Monte, Navajuelos y San Juan de los Lagos que abastecen de agua potable a más de 14,000 habitantes del sur de la ciudad.

Aunado a lo anterior, en el año 2022 el humedal La Kisst fue declarado como hábitat crítico por la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), y en enero del 2024, por acuerdo presidencial, el colectivo logró que estos humedales fueran declarados como áreas naturales protegidas, con la categoría de área de protección de flora y fauna, abarcando una superficie de 215-70-69.23 hectáreas. Las declaratorias sirven para impedir que los humedales sean convertidos en propiedad para uso inmobiliario, no obstante, el colectivo de los Guardianes ha denunciado que la empresa Molino la Alborada A.C de S.V, en complicidad con autoridades municipales y estatales, ha realizado acciones para desestabilizar el tejido social dentro de la colonia, dando información contradictoria y opaca sobre la compra-venta de los terrenos. ​​De acuerdo con representantes de la colonia, también han entregado escrituras a particulares con el fin de desarticular y dividir los esfuerzos de negociación que ha estado llevando la colonia con los tres niveles de gobierno.

Los principios en materia de transparencia y acceso a la información pública están asentados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y estipulan que todas las personas tienen derecho a información oportuna, adecuada y completa. En lo que respecta a información ambiental, el  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ratificado por México el 05 de noviembre de 2020, señala que todas las personas tienen derecho a recibir información sobre asuntos ambientales y de desarrollo por parte de las autoridades, así como participar activamente en los procesos de toma de decisiones ambientales, aunado a la adopción de medidas de seguridad para la protección de las personas defensoras del medio ambiente.

En los artículos 5 y 6 de este tratado regional, se señala la obligación del Estado de promover el acceso a la información ambiental contenida en las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado y que involucren el uso de bienes, servicios o recursos públicos, así como divulgar la información por medios culturalmente apropiados y en formatos adecuados.

Además, el artículo 9 del Acuerdo de Escazú contiene disposiciones específicas destinadas a proteger y promover la labor de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, incluyendo la obligación de tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente.

En el presente caso, desde que el colectivo empezó con su labor de defensa del humedal, han enfrentado hostigamiento y criminalización, el cual ha escalado en los últimos meses. Prueba de ello, han sido intimidaciones y actos de hostigamiento y amenazas que han sufrido integrantes del colectivo. En recientes fechas, la publicación en un perfil de Facebook del 07 de julio de 2024 en donde publican los nombres completos y fotografías de algunos de los integrantes; además de llamarles «falsos ambientalistas», que manipulan y engañan a los habitantes de la colonia, así como la emisión de un programa de radio el 11 de julio en donde señalan que los integrantes del colectivo como “ presuntos ambientalistas” que ponen trabas para lograr la compra-venta y llaman a uno de los integrantes “Nacolas”, en referencia a la palabra discriminatoria de “Naco”.

Recordamos a los tres niveles de gobierno sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional, que los obliga a proporcionar información sobre asuntos ambientales que pudieran afectarles; así como tomar medidas efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir.

En vista de lo anterior, las organizaciones firmantes encomiamos:

• • Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) atender la situación de hostigamiento, amenazas y criminalización que están enfrentando las personas que integran el colectivo “Guardianes y Guardianas de los Humedales”.
  • Al Gobierno del Estado de Chiapas y al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas:
  • Garantizar las condiciones para que la empresa inmobiliaria Molino La Alborada cumpla con el acuerdo de compra-venta de los terrenos en la col. 5 de marzo ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, negociado durante doce mesas de trabajo iniciadas el 25 de abril 2023 entre la inmobiliaria, los tres niveles de gobierno y la colonia, y que concluyó el 29 de julio del 2024 con el primer contrato de compra-venta.
  • Investigar y, en su caso, sancionar, posibles actos de complicidad entre las autoridades municipales y judiciales que estén perjudicando el proceso de compra-venta de los terrenos por parte de los habitantes de la colonia 5 marzo;
  • Cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y protección de las y los habitantes de la colonia 5 de marzo y el colectivo Los Guardianes de los Humedales.
  • Cumplir con las medidas de reparación señaladas en la Recomendación N. CEDH/07/2021-R[1] emitida el 10 de mayo de 2021 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
  • A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realizar investigaciones sobre los actos de hostigamiento cometidos en contra de los integrantes del colectivo Los Guardianes de los Humedales y verificar el cumplimiento de la Recomendación N. CEDH/07/2021-R por parte de las autoridades responsables.
  • A la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y al Procurador Ambiental del Estado de Chiapas, cumplir con su obligación de proteger y conservar los humedales en contra de actos que pudieran afectarles, y dar cumplimiento a las Recomendaciones emitidas por la CEDH Chiapas en la Recomendación señalada anteriormente.

Con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR»