Ciudad de México, a 18 de abril de 2023.-  Las organizaciones, medios de comunicación, periodistas y personas defensoras de derechos humanos abajo firmantes condenamos el hostigamiento judicial contra Arnoldo Cuéllar, director del medio digital Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato (POPLab), como represalia de su labor.

Hostigamiento Judicial: FGE Nuevo León y FGE Guanajuato en 2023

El periodista recibió una notificación el 28 de marzo pasado, por parte de la Fiscalía General del estado de Guanajuato en colaboración con la Fiscalía de Nuevo León por una denuncia por el delito de amenazas interpuesta por un directivo de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León. Cuellar fue formalmente citado para que rindiera su declaración en formato de entrevista, como imputado. Su representación jurídica solicitó rendir declaración por escrito y se acordó la fecha del 12 de abril.

Carátula de la carpeta en contra de Arnoldo Cuéllar

Cabe resaltar que la denuncia por el delito de amenaza, sólo señala como evidencia que el denunciante recibió “un correo anónimo” donde al denunciante le escribieron que Cuellar había interpuesto “una denuncia en su contra” y le estaba vigilando, “siguiendo” y que “conocía de sus movimientos”.

Sorprende a las organizaciones firmantes primeramente que la FGE Nuevo León haya abierto una carpeta de investigación dado que de los hechos descritos por el denunciante, se desprende que hay una comunicación cuya veracidad es cuestionable, además que no describe en ningún momento alguna amenaza en contra del servidor público, ya que no hay ninguna manifestación verbal de causarle un daño, ni algún otro elemento que presuma una conducta delictiva por parte de Cuellar; razón por la que el Ministerio Público debió abstenerse de investigar por no existir delito que perseguir.

Asimismo, llama la atención que el denunciante haya indicado como riesgo que se inició “una denuncia en su contra”, cuando la única denuncia iniciada por Cuéllar en 2021 (ver antecedentes) en realidad fue “contra quien resulte responsable” y no señaló ningún nombre en específico, aunque sí se identificó que presuntamente los accesos a su teléfono se vinculaban a equipos electrónicos en el estado de Nuevo León.

El 12 de abril, el periodista asistió junto con su representación legal a entregar por escrito su declaración a las instalaciones de la FGE Guanajuato. Por una hora estuvieron esperando sin obtener acceso, y cuando les dejaron pasar, les indicaron que “había un error y pensaban que la cita había sido un día previo y no había llegado”. Tras insistencias del periodista y su representante, les permiten entrar a la oficina del Fiscal a cargo de la unidad Especializada en Investigación de Asuntos Internos y Tortura, Carlos Alberto Oliva Carrillo, quien les dice que no les recibirá su declaración dado que “no es autoridad competente” y decidieron “remitir de regreso el caso a la FGE Nuevo León”. Se desconoce con qué información o en qué calidad es que esta carpeta fue regresada a Nuevo León.

En cuanto al actuar de la FGE de Guanajuato preocupan a) el criterio que utilizó la FGE Guanajuato para colaborar en dicho proceso, y b) el rechazo a la entrega de la declaración por parte del Fiscal Oliva Carillo. Eso representa una clara violación a los derechos procesales y de debida diligencia de Arnoldo Cuéllar. Ante estas violaciones a sus derechos el periodista presentó queja el 14 de abril ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato.

Antecedentes: Suplantación de identidad y vigilancia telefónica entre el 2019 y 2020

El proceso legal iniciado este año tiene sus antecedentes en presuntas intervenciones a su equipo telefónico y vigilancia contra Cuéllar desde mayo de 2020. El periodista identificó que su servicio telefónico sufrió una desconexión de varios días. El director de POPLab se dirigió al Centro de Atención Telefónica de Telcel, donde la empresa proveedora de su servicio telefónico le indicó que un sujeto desconocido utilizó una copia de su identificación (INE) en un Centro de Atención en Monterrey, Nuevo León, logrando suplantar su identidad y obteniendo acceso a su número telefónico.

En septiembre de 2020, una cuenta anónima en Twitter proporcionó al equipo de POPLab capturas de pantalla de diversos chats de Arnoldo Cuéllar en conversación con fuentes e integrantes de la redacción de ese medio. Según este denunciante anónimo, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del estado de Guanajuato (FGE Guanajuato) presuntamente tuvo acceso a conversaciones de algunas cuentas de redes  sociales del periodista en al menos dos momentos entre el 2019 y en mayo de 2020, hecho que coincide en el tiempo cuando su identidad fue suplantada.

Según la información provista por el medio de comunicación, estos hechos tomaron lugar en el marco de una serie de investigaciones y reportajes sobre el aumento de índices delictivos en Guanajuato, fosas comunes, alta impunidad e ineficiencia de la Fiscalía de Guanajuato para atender dichos casos.

Denuncia de Arnoldo Cuéllar: Un proceso atorado en la impunidad

El director de POPlab interpuso una denuncia contra elementos de la FGE Guanajuato por la presunta intervención a su equipo así como por la suplantación de identidad (“a quien corresponda”), ante la Fiscalía General de la República. No obstante, ésta, sin informarle a la víctima o a su representación legal, remitió el caso de regreso a sus presuntos agresores, la FGE Guanajuato.

En julio de 2021, tras la notificación de estos hechos, organizaciones alertaron sobre las falencias en el proceso de la denuncia de Cuéllar, y condenaron la supuesta intervención telefónica presuntamente vinculada al personal de la FGE Guanajuato.

Ante la ausencia de respuesta en Guanajuato, en octubre de 2021, el periodista acudió a la conferencia matutina del Presidente de la República. Tras hacer su queja pública a nivel nacional, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) decidió atraer el caso. Si bien las organizaciones reconocen que la FEADLE ha dado seguimiento a las investigaciones, y ha comprobado la suplantación de identidad a Cuéllar, a más de un año de iniciado este proceso no se ha podido identificar responsables.

Violaciones a la libertad de expresión y violencia contra la prensa en Guanajuato

Los eventos aquí descritos se dan en un contexto de violencia contra la prensa. Conforme a la documentación de ARTICLE 19 el año pasado Guanajuato se colocó entre las 10 entidades con más agresiones contra la prensa. Con 26 ataques o agresiones, la entidad federativa se encuentra entre las 10 entidades con más casos de violencia contra periodistas y medios.

Asimismo, a nivel nacional se mantiene la violencia contra la prensa, pues el año pasado se documentaron 696 agresiones, o una cada 13 horas. Parte de estas agresiones también es el contexto de vigilancia ilegal contra la prensa cometido por las autoridades. Es imprescindible continuar con una discusión sobre los mecanismos de controles democráticos para la venta, adquisición y uso de tecnologías de vigilancia, así como el abuso por parte de las agencias de inteligencia e investigadoras del país. Tal y como se reveló en las investigaciones sobre #GobernoEspía y #EjércitoEspía, México sigue siendo un país donde se espía a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Las agresiones presuntamente cometidas por parte de funcionarios de la FGE Guanajuato en contra de Cuéllar corren el riesgo de quedar impunes. En ese sentido, preocupa también que cuando el periodista accionó la vía legal para defenderse mediante la denuncia, en vez de ser investigado su agresor se utilizó la misma denuncia para iniciar un proceso en su contra y señalar a Cuellar como victimario. Esto resalta cómo los procesos en contra de la prensa avanzan sin problemática, mientras que las denuncias de las y los periodistas quedan estancadas.

Según los registros de ARTICLE 19, el acoso judicial ha tenido un incremento en los últimos años, pasando de 1 sólo caso registrado en el 2015, escalando a 13 en 2016 y continuó esta tendencia al 2021 con 40 casos documentados. El 2022 se registraron 32 procesos de acoso contra la prensa, o 2.6 procesos al mes contra periodistas y medios. Al respecto de este tipo de acoso, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH observa que en los procesos penales contra periodistas, “el objeto frecuente de tales procesos es intimidar, tanto por la mera existencia del proceso como por la amenaza de encarcelamiento.” Las organizaciones recuerdan que el uso del derecho penal es una herramienta que debe ser considerada el último recurso del Estado, dado que su utilización es desproporcionada, y conlleva la lesión a otros derechos, como en este caso el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.

En vista de lo anterior, las organizaciones, medios de comunicación, periodistas y personas defensoras de derechos humanos

• Al Ministerio Público de Nuevo León, ejercer su facultad  de abstenerse de perseguir, ya que de los hechos descritos no contienen ni los argumentos normativos ni evidencias fácticas que evidencien un posible delito por parte del periodista Arnoldo Cuéllar.                                              
• A la Fiscalía de Guanajuato abstenerse de cualquier hostigamiento contra Arnoldo Cuellar, el medio POPlab, y la prensa de Guanajuato en general, así como abstenerse de esta colaboración, dado que no existen argumentos fácticos o normativos para citar al periodista en calidad de imputado.
• A la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, dar seguimiento a la queja interpuesta por Arnoldo Cuéllar el 14 de abril de 2023 contra el personal de la FGE Guanajuato, a fin de que se dé una recomendación a esta para subsanar las violaciones a los derechos del periodista.
• A la FEADLE, dar continuidad a la denuncia interpuesta por Arnoldo Cuellar en 2021, con el fin de investigar a los responsables tanto materiales como intelectuales y llevarles ante la justicia, en comunión con el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra de la Libertad de expresión, y en su momento, hacer una reclasificación jurídica del hecho a fin agotar la intervención de comunicaciones sin orden judicial en agravio del periodista.
• Las organizaciones, medios y periodistas firmantes también condenan toda práctica de espionaje y vigilancia ilegal en casos de periodistas, y reiteran al Estado mexicano su obligación de investigar y esclarecer los hechos.

Organizaciones y medios firmantes

• Abogados Independientes de Guanajuato
• Alianza de Medios de la Red Periodistas de a Pie
• Amapola, Periodismo Transgresor, Guerrero
• ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica
• Así es Mérida, Yucatán
• Chiapas Paralelo, Chiapas
• Ciudadanos Hartos A.C.
• Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato
• Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)
• Criterio-Honduras
• Despertador Americano
• El Muro Mx, Oaxaca
• Elefante Blanco, Tamaulipas
• en15días / Michoacán
• Escenario Tlaxcala, Tlaxcala
• Istmo Press, Oaxaca
• La Marea, Veracruz
• La Verdad, Ciudad Juárez
• Lado B, Puebla
• Letra Fría, Jalisco
• Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A. C. 
• Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato
• Observatorio Mexicano de Medios
• Ojos de Perro vs la Impunidad, A.C.
• Página 3, Oaxaca
• Perimetral, Jalisco
• Periódico Noroeste, Sinaloa
• Pie de Página
• Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
• Raichali, Chihuahua
• Red de Periodistas de a Pie
• Red de Periodistas del Noreste 
• Reporteros Sin Fronteras (RSF)
• Revista Espejo, Sinaloa
• Verificado MX 
• YoCiudadano, Ciudad Juárez
• Zona Docs, Jalisco

Firmas a título personal de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

• Abraham Torres 
• Adrián López
• Adriana Buentello
• Alan Miranda Márquez 
• Aldo Castillo
• Alejandra Xanic
• Alejandro Sicairos 
• Alfonsina Ávila
• Ana Luz Solís
• Andrés Domínguez
• Antonio Mundaca
• Antonio Santoyo
• Beatriz García
• Carlos Alberto Guzmán Mendoza
• Carlos García Balandrán
• Carmen Aggi
• César Hernández
• Concepción Peralta Silverio
• Dalia Souza
• Darwin Franco
• Diana Manzo
• Emy Padilla
• Ernesto Aroche
• Fabrizio Lorusso
• Fernando Revilla Guerrero
• Florantonia Singer
• Gilbert Gil Yáñez
• Gloria Reza
• Jaime Armendáriz
• Javier A. Bravo López 
• Jessica Denisse López Becerra
• Jesús Vargas Villena
• Jorge Burgos
• Jorge Hernández
• José Daniel Loya Hernández
• José Raymundo Sandoval Bautista 
• José Roberto Saucedo Pimentel
• Karen Rojas Kauffmann
• Katherine Corcoran 
• Kau Sirenio Pioquinto
• Laura Helena Castillo
• Liliana Elósegui 
• Marcela Villalobos Andrade
• Marcela Turati
• Marcos Vizcarra 
• Melissa Esquivias
• Mely Arellano
• Miguel Silerio 
• Patricia Mayorga, 
• Patricia Rodríguez
• Paulina Ríos
• Pedro Matías
• Rocío Gallegos
• Rodrigo Soberanes Santín
• Rosario Mosso Castro
• Silvia Mosqueda
• Sonia Serrano Íñiguez 
• Témoris Grecko
• Thelma Gómez 
• Vania Jaramillo 
• Verónica Espinosa
• Víctor Amaya
• Vish Fernández

Nota para prensa

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org 

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.