México D.F., 1 de septiembre de 2011 (Blog Anticensura).-La tentación gubernamental de limitar la libertad de expresión no es algo nuevo. El caso más reciente en México es la imputación de los delitos de terrorismo y sabotaje contra la periodista María de Jesús Bravo Pagola (@maruchibravo) y Gilberto Martínez Vera (@gilius_22), detenidos el viernes 26 de agosto por representantes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV).
El 31 de agosto, la jueza penal Beatriz Hernández, con sede en Xalapa, dictó auto de formal prisión contra ambos. Sellando así un caso de grave atropello contra la libertad de expresión. Aún más absurdo resulta la posición de la jueza Hernández, ya que de acuerdo a su (paupérrimo) criterio jurídico, el ministerio público veracruzano logró demostrar la responsabilidad de los inculpados. En otras palabras, la jueza Hernández, sentenció que los tuiteros sí produjeron “alarma, temor y terror, contra la población del puerto de Veracruz al difundir mensajes a través Tuíter, que alertaban que grupos armados atacaban escuelas en la zona de Boca de Río.
La persecución contra los tuiteros se da unas semanas después del asesinato de tres periodistas en el mismo estado. La incapacidad de salvaguardar la integridad física de periodistas del gobierno estatal es absoluta, de acuerdo a los resultados. Por si ese contexto de inseguridad contra las y los informadores no fuese suficiente, el procurador Reynaldo Escobar Pérez, decidió invertir recursos y del estado y priorizar el perseguir y consignar a María de Jesús y Gilberto Martínez bajo cargos de terrorismo.
Las autoridades veracruzanas han rechazado las acusaciones de maltrato e incomunicación a la hora del arresto. Contraria versión que sostiene el abogado defensor. Las autoridades se aferran a la versión que la investigación no constituye una violación al derecho a la libertad de expresión. Y, al mismo tiempo, catalogan la acción, persecutoria e ilegal, como una acción decisiva para proteger a la gente de Veracruz de la desinformación y el terror. Resulta sencillo determinar que la acción de Javier Duarte, gobernador, y del procurador Escobar, es irresponsable, ilegal por un uso faccioso de la ley. Su argumentación jurídica viola gravemente principios vinculantes de derechos humanos de los cuales México es parte. Es irrazonable equiparar la desinformación y rumores a actos de terrorismo. Así mismo, María de Jesús Bravo afirmó que “(…) negó haber cometido delito alguno y denunció que la declaración ministerial que le fue puesta a la vista le fue arrancada mediante coacción, al haber sido privada de la libertad, incomunicada y lesionada en sus garantías constitucionales durante 60 horas, y por carecer de abogado de su confianza que le diera asistencia jurídica”. Los relatos de los tuiteros, de los abusos por parte de la autoridad a la hora de su detención, traslado y presentación ante la jueza, confirman la saña con lo que se ha llevado estos casos.
Los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión están claramente definidos por la Constitución y el derecho internacional. En ninguno de estos instrumentos jurídicos, está el límite de “la difusión de información falsa o rumores”. Habrá que observar qué tanto intentan malinterpretar la ley (la procuraduría) para comprobar el nexo causal que debe de haber entre la expresión, en este caso a través de un tuit, y el delito que se imputa, terrorismo por haber perturbado el orden público y causar pánico. En un ejercicio ocioso, supongamos que se logra comprobar el delito (repito, ejercicio ocioso), queda claro que la pena es desproporcionada con la acción. El Código Penal de Veracruz, contempla una pena de prisión hasta 30 años.
El gobernador Javier Duarte, a través de la misma red social, afirmó su respaldo a la libertad de expresión. Sin embargo, sin ninguna lógica jurídica, afirmó que aquel que haga uso de la red de manera irresponsable será perseguido bajo los cargos de terrorismo. El gobierno de Veracruz se está atribuyendo facultades (ilegales y facciosas) para determinar qué información hace daño a la sociedad. Cual vil estado antidemocrático. Queda claro que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Tiene límites. Pero ninguno de los límites es desinformar o esparcir rumores. Antes que atacar tuiteros, alentamos al gobernador a que respete los derechos humanos, en especial el de la libertad de expresión. La severa crisis de seguridad de Veracruz no se debe a expresiones en Twitter. Se debe a la incompetencia de las autoridades.
