- Hoy se cumplen 2 años del múltiple feminicidio y del homicidio ocurrido en la colonia Narvarte.
- Las familias de las víctimas continúan exigiendo conocer la verdad de los hechos así como la realización de una investigación exhaustiva.
- El jefe de Gobierno de esta Ciudad, cargará en su historia y en su carrera política el haberse negado a resolver este caso: abogadas y abogados.
Ciudad de México, a 31 de julio de 2017.- A dos años de sucedidos los 4 feminicidios en contra de Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martin; y el homicidio de Rubén Espinosa en la colonia Narvarte, las autoridades capitalinas persisten en su negativa de garantizar los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación integral del daño en favor de las víctimas.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su Recomendación 4/2017 emitida el 22 de junio pasado, señaló que la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, habían sido responsables del desaseo en la investigación abierta con motivo de los hechos, así como en el mal manejo de la escena del crimen, de las evidencias, del deficiente agotamiento de las líneas de investigación así como la falta de cumplimiento en los derechos de las víctimas.
Todas estas irregularidades y violaciones a los derechos humanos habían sido señaladas por las organizaciones que representamos a las víctimas pocas semanas después de los hechos, pero con la emisión de esa Recomendación, la CDHDF corrobora que aquello que señalábamos y que el ex procurador se atrevió a descalificar, se han convertido en un conjunto de violaciones probadas.
En este marco de violaciones a derechos humanos, la PGJCDMX se negó a realizar las investigaciones pertinentes en relación a las empresas de seguridad privada domiciliadas en la Ciudad de México propiedad de Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz. Sobre todo porque el domicilio de una de las empresas se encontraba a unos minutos del departamento en Luz Saviñon y porque personal de esas empresas tienen permisos para portar armas y capacitación para usarlas de manera profesional.
Dicho ex funcionario, hoy sujeto a proceso en Veracruz por delitos patrimoniales, es señalado por varios testigos como principal instigador de actos de hostigamiento y acoso contra Nadia Vera y Rubén Espinosa. Sin embargo, a juicio de Ministerio Público, no existe relación de Bermúdez Zurita con los hechos por lo que consideró que sería sometido a “actos de molestia injustificados” si se le requiriera mayor información sobre estos hechos, según dejó constancia en el expediente que se mantiene abierto en la Fiscalía de Homicidios de esta Ciudad.
Pero las deficiencias en la investigación no sólo han afectado a los derechos de las víctimas a conocer la verdad y a acceder a la justicia, sino que de manera paralela también han afectado los procesos judiciales que se siguen en contra de las 3 personas que permanecen encarceladas por su presunta participación en los hechos.
En el caso de Daniel Pacheco y Omar Martínez, les han sido otorgados amparos por un juzgado federal bajo el razonamiento de que “los autos de formal prisión que les fueron dictados por la Jueza 25 de lo Penal no explicaban los motivos de género indispensables para el juzgamiento en casos de feminicidio ni las agravantes en el homicidio de Rubén Espinosa”. Es decir, sustancialmente les fueron concedidos para que la Jueza volviera a dictar un nuevo auto integrando los elementos que no fueron incorporados en ese primer auto de formal prisión.
El problema, es que varios de los elementos que se requieren en los Juicios de Amparo y que tiene que integrar la Jueza 25 de lo Penal, no fueron integrados ni articulados en su momento por la propia PGJCDMX, precisamente porque incumplió una serie de protocolos y disposiciones normativas que lo obligaban a realizar una investigación seria, exhaustiva, objetiva, imparcial, científica y efectiva.
En el caso de Abraham Torres Tranquilino, que ha sido sentenciado a casi 300 años de prisión por la Jueza 25 de lo Penal, su sentencia se encuentra en Apelación ante el propio Poder Judicial de esta Ciudad. Ello se debe a que la Jueza niega la reparación integral del daño a las víctimas y porque “asume” como versión real de los hechos, el supuesto móvil construido -y nunca probado- por la PGJCDMX, consistente en un supuesto robo de droga a una de las víctimas. Esta versión sólo se sustenta en la declaración ministerial de Torres Tranquilino, y es contraria a las propias versiones que dieran Daniel Pacheco y Omar Martínez. Bajo esta premisa, se abre la posibilidad de que los tres probables implicados logren obtener su libertad más adelante.
Al haber sido aceptada la Recomendación de la CDHDF en sus términos, se abre una posibilidad remota de que algunas de las inconsistencias y deficiencias de las investigaciones sean subsanadas. Resulta fundamental abrir un nuevo proceso de revisión de las líneas de investigación pendientes. Sin embargo, respecto al apartado de responsabilidades de los servidores públicos, las víctimas mostraron escepticismo pues expresaron que “es difícil creer, que el actual Procurador, quien tuvo injerencia y participación en estos 2 años de investigación deficiente, vaya a iniciar un procedimiento de sanción contra él mismo, pues él también violó nuestros derechos humanos”, señalaron los familiares.
Al día de hoy se da seguimiento a los siguientes procesos legales: en Materia Penal: Juzgado 25º de lo Penal de la Ciudad de México- Causa Penal 129/2015 y acumuladas, Cuarta Sala Penal del TSJDF, toca 87/2017 (apelación de la sentencia contra Torres Tranquilino), Fiscalía Central de Investigación para el Delito de Homicidio, deslgose de averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, en la Justicia Constitucional (juicios de Amparo) en el Quinto Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito –Amparo en Revisión 156/2017 (por violación al derecho a la verdad al no conocer el “móvil de los crímenes”), mientras que en materia de Derechos Humanos se le da seguimiento para su cumplimiento a la Recomendación 4/2017.
Por su parte, si bien las violaciones a derechos humanos fueron cometidas por las autoridades mencionadas, pesa sobre la Jefatura de Gobierno la ineludible responsabilidad política de no revertirlas, aún y cuando las conocieron de viva voz por parte de las víctimas y sus representantes. Por ello las organizaciones civiles que representan a las víctimas han señalado que “el jefe de Gobierno de esta Ciudad, cargará en su historia y en su carrera política el haberse negado a resolver este caso”.
Por consiguiente, será muy difícil avanzar y esclarecer este caso si no se cumple de forma integral con todos los puntos recomendatorios. La exigencia de lograr verdad, justicia y reparación persiste. Por tanto la señal de que se caminará en ese sentido será que el actual Procurador se disculpe públicamente y que sean sancionados todos los responsables de las irregularidades. Asimismo, se requiere que se den pasos firmes en la reestructuración de una Procuraduría que evidentemente carece de capacidad para investigar de manera diligente y eficaz casos de feminicidios, así como agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Descarga el documento técnico del balance del caso Narvarte en este enlace.
Nota para prensa
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