Navi Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Presente
Distinguida Señora Pillay, llega usted al país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. En los últimos tres años 24 periodistas han sido asesinados y 3 desaparecidos, 2 hombres y una mujer. En lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 35 han sido asesinados. Las cifras son frías y más cuando el nivel de impunidad en relación con la investigación es del 99%. Esto en franca violación al debido proceso y acceso a la justicia, garantizados en los tratados internacionales de los cuales México es parte.
El periodismo en diferentes partes de nuestro país está silenciado, arrinconado y con miedo. El flujo de información, ideas y opiniones, vital para toda democracia, está en peligro. No podemos culpar a distintos medios que opten por la autocensura a la hora de cubrir ciertos temas (como corrupción, crimen organizado, nota roja) en aras de salvaguardar su integridad física. El periodismo se encuentra en un fuego cruzado entre autoridades y grupos del crimen organizado. El débil estado de derecho que impera en grandes partes del territorio propicia que la prensa sea víctima de agresiones de autoridades estatales y de grupos delincuenciales. El mensaje que reciben los perpetradores es el mismo: se puede agredir a la prensa (inclusive si eres agente estatal) y no habrá consecuencias.
Durante 2009 registramos que el 38.9% (95) de las agresiones proveían de fuerzas de seguridad: Ejército 26; Policía Federal 14; Policía estatal 33; y Policías Municipales 22. Esta tendencia no cambio mucho para el 2010 38% (59): Ejército 16; Policía Federal 13; Policía estatal 24; y Policías Municipales 6. Esto dista mucho del discurso oficial de la presente administración en donde se empeña en afirmar que todas las agresiones a la prensa provienen del crimen organizado. La evidencia dicta otra cosa. Esto sin
menoscabar el hecho de que el crimen organizado se ha convertido en una amenaza seria contra la prensa.
La debilidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia reproducen el contexto ideal para atentar contra la prensa. Hace más de 5 años se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos, misma que en julio de 2010 sufrió una reestructura y cambio su nombre a Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. A pesar de estos cambios persisten algunas deficiencias: 1) Falta de recursos financieros y humanos suficientes; 2) Discrecionalidad en la facultad de atraer casos; 2) Ambigüedad en la definición del sujeto pasivo de la agresión; 3) Limitantes para el conocimiento de delitos, tales como el requisito de que sean delitos federales o conexos, que prevean pena de prisión y que no se consideren cometidos por motivo de la delincuencia organizada; 4) Conocimiento limitado y/o discrecional de delitos cometidos por militares y por delincuencia organizada; y 5) Falta de estabilidad respecto la existencia de la FEADLE, ya que la modificación o eliminación depende de un “Acuerdo” del Procurador . Y no sólo eso, sino que también desde su creación su presupuesto se ha reducido significativamente 72.36%. Desde 2008 esta instancia ha iniciado 80 averiguaciones previas lo que se ha traducido en sólo 11 consignaciones, lo que contrasta con el número de agresiones registradas por ARTICLE 19 en el mismo periodo: 597.
Desde 2008, organizaciones de la sociedad civil demandamos al gobierno federal la instalación de un mecanismo de protección a periodistas, emulando al que se encuentra en funcionamiento en Colombia. En noviembre pasado el gobierno presentó un convenio de colaboración entre secretarías de estado y la CNDH para impulsar la protección a periodistas. La presentación fue más con fines mediáticos que con una intención real de mejorar la protección. El marco de su visita a México servirá para que el gobierno federal busque limpiar su mala cara, y presente “las reglas de operación” del inocuo mecanismo de protección para periodistas. Cabe mencionarse que el proceso de elaboración de las reglas de operación ha sido opaco y sin una participación actividad y diversa de organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Tenemos el conocimiento que su Oficina aquí en México ha participado en las mesas de trabajo. Sin embargo, tampoco ésta Oficina ha proporcionado información a las organizaciones civiles, faltando así, a la alianza entre la ONU y la sociedad civil.
Señora Alta Comisionada, es falso que el mecanismo de protección para periodistas sea un mecanismo eficaz para la protección de la prensa. Para su conocimiento, aquí los 9 que hacen que sea una simulación:
- Es sólo un convenio de colaboración para que las instancias ejerzan el mandato que tienen vigente y no cumplen;
- No dictará e implementará medidas de protección. Únicamente dará seguimiento y valorará las medidas cautelares o de protección dictadas por otra autoridad;
- Las recomendaciones emitidas por el Comité no son vinculantes, su cumplimiento queda al arbitrio de las autoridades;
- No prevé la asignación de recursos financieros para implementar medidas de protección;
- No cuenta con una perspectiva transversal de derechos humanos y género, que ponga en el centro de la atención a las víctimas;
- No se establece la capacidad técnica de quienes harán la evaluación de riesgos ni el catálogo de medidas de protección a implementar;
- Carece de reglas mínimas bajo las cuales deberá funcionar el Comité Consultivo, Secretaría Técnica y Subcomité de Evaluación ni los plazos en que deberán emitir las recomendaciones;
- La adopción del Convenio se anunció el 3 de noviembre de 2010 sin que a la fecha se conozca el documento final con las firmas de los representantes de cada instancia involucrada ni se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación por lo que no genera derechos a las posibles personas beneficiarias.
- El mismo Convenio establece que los “lineamientos de operación y funcionamiento” debieron emitirse el 2 de enero de 2011. A la fecha sólo se conoce un borrador no oficial que no mitiga ni cubre las deficiencias del Convenio de Colaboración.
Si la prensa está en peligro en México, también lo está la democracia. Reconocemos que la libertad de expresión en México ha avanzado en muchas vías, pero la violencia y falta de respuesta estatal efectiva ha convertido a México en un país donde el periodismo es una profesión de alto riesgo. Resulta incómodo y preocupante pensar que el país se queda sin información vital sobre diversos temas, como son violaciones a derechos humanos. Estamos seguros que el gobierno intentará poner otra versión de la realidad. Le hacemos un atento llamado para que logre analizar la realidad más allá de las cifras maniqueas de la autoridad. Es cierto que el país atraviesa por un contexto de violencia generalizada. Esta realidad no impide, de ninguna manera, que el estado cumpla con sus obligaciones de carácter legal de brindar seguridad y asegurar el pleno goce de los derechos humanos para su población.
Respetuosamente
Darío Ramírez
Director Ejecutivo Articulo19
Oficina para México y Centroamérica
