México D.F., 1 de diciembre (Anticensura).- Los últimos días hemos visto vociferar a todo pulmón a servidores públicos federales. Su incapacidad para quedarse callado se debe al coraje que corroe (seguramente) por sus venas al ver a 23 mil ciudadanos presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Felipe Calderón, Genaro García Luna, Guillermo Galván y Francisco Saynez. El alud de descalificaciones desde el poder contra el abogado redactor, Netzai Ballesteros muestra el temple iracundo con el que nuestros empleados federales se desenvuelven.
Lo primero que debe de quedar claro, es que esas 23 mil personas que firmaron esa demanda están en pleno derecho de hacerlo. Su capacidad de acudir a una instancia legal internacional está dentro de su derecho. Voces críticas aseveran que la demanda está sostenida en una mera intención política. ¡Eso sí es miopía!, pues basta recordar que el Ministerio Público Federal muchas veces tiene ese mismo móvil político. Si no, pregúntenle al Michoacanazo.
Lo que deberían estar celebrando nuestros servidores públicos es que la sociedad está haciendo uso de los cauces legales para hacer escuchar su expresión sobre el gobierno de Felipe Calderón. Las instancias legales internacionales, a las cuales por fortuna México se ha adherido de manera voluntaria y soberana, están para hacer uso de ellas. Suficiente tinta se ha desperdiciado para dilucidar si la demanda procederá o no. Al final, será la misma Corte la que aceptará investigar o desechará la petición ciudadana. Lo que debemos reconocer es que la expresión de esas personas es válida. Su proceder es legitimo, nos guste o no. Coincidamos con la acusación o no. Es bueno que la sociedad busque nuevas maneras de hacerse sentir, de protestar, de opinar y expresarse. Sin duda debemos preferir esto a que las energías se conviertan acciones armadas o violentas.
Algunas voces han criticado el ejercicio como uno ocioso y oportunista. Han dicho que se afecta la imagen de México y que resulta francamente irreal llevar a juicio a un jefe de estado de un país como México. Sea lo que fuere es una expresión ciudadana que debe de tener cabida en un país democrático. Se puede (y tal vez debe) criticar la acción que está fundada y motivada. Vaya, no es un disparate absurdo. Es una acción que sí representa el sentir y preocupación de un grupo de ciudadanos por la violencia generalizada en el país.
¿Por qué causó tanta ira en Los Pinos y en sus subalternos la demanda? ¿A caso le ven materia en unos meses que dejarán de tener poder dichos funcionarios? Las reacciones desde el gobierno federal han sido desafortunadas y preocupantes. Primero, a través de un comunicado la Presidencia afirmó: “Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes… Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones… el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”. En otras palabras, a la Oficina del Presidente no se le ocurrió otra cosa que amenazar con que habrá represalias contra sus gobernados. El jefe del estado marcó la pauta y le siguieron sus colegas. El Secretario Javier Lozano se lanzó “lo que se le pide al señor Sandoval y «abajo firmantes» que le acompañan en su absurdo intento por llevar al Presidente de la República y a los integrantes de su gabinete de seguridad ante la Corte Penal Internacional es que el ejercicio de esas libertades y derechos se haga con responsabilidad y no con ligereza y frivolidad. Nadie los está amenazando. Simplemente estoy respondiendo a sus calumnias e ignorancia como merecen.” Dictando cátedra del buen ciudadano. Por último, José Luis Luege, se aventó a decir que la acción legal era no solamente injuriosa y calumniadora porque denostaba la imagen de México en el exterior, sino que también, seguramente, la acción había sido promovida por el crimen organizado e invitó a que se investigara. Una más triste que la otra. Pero por la reacción del gobierno federal, han decidido elevar la discusión y enfrentar con palabras lacerantes a un grupo de ciudadanos. La pregunta cabe ¿si creen en el gobierno federal que es frívola y sin fundamento la denuncia, porqué atacarla como si fuese un tema de primer orden?
Groseras e insultantes las reacciones de los servidores públicos. No dignas de servidores de primer nivel de un país que se asume como democrático. Sus rabietas y palabras fáciles atiza un ambiente de por sí enrarecido. La situación demanda una mayor madurez de nuestros empleados federales. No se trata de tener la piel más gruesa para la crítica, sino de mostrar más allá de la retórica, la vocación demócrata de la que tanto presumen.
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