• En su informe la organización señala que durante 2024 se registraron 639 agresiones contra la prensa, incluidos cinco periodistas asesinados.
• El total representa un incremento del 13.9% frente a 2023 y equivale a un ataque cada 14 horas.
• A pesar de esto, el año pasado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) únicamente atrajo 84 investigaciones
• La falta de compromiso con la justicia y el desdén a las víctimas por parte del Estado se ven reflejados en casos como el de Teuchitlán.
• Con la eliminación del INAI, el gobierno determinará el acceso a información pública, según su criterio, abriendo la puerta a la opacidad.

Ciudad de México a 9 de abril de 2025.- La organización ARTICLE 19 presentó su informe anual titulado “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información” que expone los principales obstáculos que actualmente enfrenta México en materia de libertad de expresión, acceso a la información y violencia contra la prensa.

En la presentación del informe, realizada en el Centro Cultural España de la Ciudad de México, Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, refirió que “la verdad se ha convertido en una moneda de cambio en el juego del poder; el Informe busca develar las barreras que enfrenta este derecho, como las agresiones contra la prensa, la falta de transparencia institucional y el olvido de la justicia”. 

Asimismo, hizo un llamado al nuevo gobierno para colaborar con la sociedad civil y, a partir del diagnóstico y el diálogo, construir alternativas y soluciones para avanzar la agenda de derechos humanos y las garantías de libertad de expresión.  

De acuerdo con la organización, la atención prioritaria de las cinco barreras que identifica el informe permitirá revertir los patrones históricos de violencia, opacidad e impunidad que enfrenta el país, y que hoy amenazan la democracia al debilitar derechos clave la sociedad. 

Mira la presentación del informe:

Violencia y censura contra la prensa: obstáculos que no dejan de crecer 

En el capitulo central de su informe, ARTICLE 19 señala que la prensa continúa pagando el precio de investigar y comunicar la verdad. Durante 2024, la organización documentó un total de 639 agresiones contra periodistas, un incremento del 13.9% respecto al año anterior. Esta cifra también equivale a un promedio de una agresión cada 14 horas, incluidos cinco periodistas asesinados, entre los que destaca Mauricio Cruz Solís, el primero caído en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. 

La organización también alertó sobre el crecimiento del acoso judicial como método de censura. Con 21 casos documentados en el año, en promedio cada tres semanas se comenzó un proceso contra periodistas por sus investigaciones o publicaciones. El 28.57% de estas denuncias sucedieron en el marco electoral por violencia política de género.

Asimismo, destaca que las agresiones en línea representaron uno de cada cinco ataques a la prensa durante 2024. ARTICLE 19 también documenta que el Estado mexicano se mantuvo como el principal agresor, al registrar 287 casos documentados en 2024 (44.91% del total). 

Al respecto, la organización resaltó que – aunque se ha reducido la incidencia de los ataques – las conferencias matutinas continúan siendo un espacio de agresiones contra el periodismo, donde destacan secciones como «El detector de mentiras» que facilitan narrativas de estigmatización y enemistad.  

A nivel nacional, el informe da cuenta sobre agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todos los estados del país, donde destacan Ciudad de México (170), Guerrero (51), Veracruz (42), Puebla (33) y Guanajuato (32) por registrar los índices de violencia más altos. 

En este sentido, ARTICLE 19 hizo un llamado a consolidar una política de protección a periodistas que se enfoque en la prevención, la justicia y la reparación para acabar con la impunidad, en un contexto donde el 84.77% de los casos de violencia presentados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión continúan en la impunidad.

El apagón de la transparencia 

En Barreras Informativas también se destaca la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un golpe histórico contra la rendición de cuentas y la apertura gubernamental. 

De acuerdo con la organización, la reforma que eliminó al INAI no fue transparente ni dialogada, y se realizó bajo acusaciones arbitrarias de corrupción, fragmentación de poder y austeridad en a pesar de que el organismo sólo representaba el 0.01% del gasto público federal. 

Asimismo, la falta de claridad sobre los órganos de gobierno que asumirán las distintas funciones del INAI puede abrir la puerta a un caos institucional que dificulte el cumplimiento de las solicitudes de información. 

A esto se suma la incertidumbre sobre la gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia, que, para el cierre de 2024, llegó a albergar 14,000 millones de archivos y solicitudes a sujetos obligados que hoy se encuentran en riesgo de desaparecer. 

Digitalización y vigilancia impulsan el poder sobre la información

En su informe anual, ARTICLE 19 también habla sobre el sistema de vigilancia y control informativo que el Estado ha impulsado bajo un mensaje de modernización, eficiencia y cercanía. 

A pesar de esto, se registran varios ejemplos recientes sobre la poca solidez que existe en torno a la digitalización gubernamental, como el mal funcionamiento de CompraNet, el fracaso en la implementación logística de programas locales de vacunación y la deficiencia operativa de varios sitios de instituciones públicas.

Si bien la organización respalda la apuesta por cerrar la brecha digital y garantizar la inclusión social a través del acceso al internet y a diferentes plataformas, señala que persiste un gran reto en materia de protección a la privacidad. 

Como ejemplo, está el abuso documentado de tecnologías emergentes por parte del gobierno, como la recolección de datos biométricos y la compra de tecnologías de vigilancia invasoras por parte de órganos como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR), que se han realizado sin licitación y sin supervisión. 

En este conexto, se suma a la preocupación por la aprobación de las últimas dos reformas en materia de seguridad pública, que amenazan gravemente la privacidad y los derechos de la población, con la creación de una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil.

Transición al olvido y normalización de la tragedia 

ARTICLE 19 también da cuenta sobre el tratamiento oficial que el gobierno ha dado a la memoria histórica, con omisiones preocupantes frente al papel del Estado en diversos casos registrados de abuso y violaciones de derechos humanos. 

Como ejemplo, se señala la disculpa pública realizada por Claudia Sheinbaum respecto al 2 de octubre de 1968, que, si bien marcó un hito en el discurso gubernamental, exime al Estado Mexicano de las décadas de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas antes y después de la masacre. 

De acuerdo con el informe, tampoco se reconoce la continuidad de estas prácticas en la actualidad, en un contexto donde más de 124,000 personas siguen desaparecidas y más de 72,000 cuerpos permanecen sin identificar en instalaciones forenses. 

Al respecto, la organización señala su preocupación frente a la falta de compromiso con la justicia y el desdén a las víctimas que ha promovido el gobierno mexicano en los últimos años. Como ejemplos, están las descalificaciones a las víctimas y la censura de archivos clave en el Caso Ayotzinapa y la reciente minimización del Caso Teuchitlán. 

Por ello, hace un llamado al diálogo con los colectivos de personas buscadoras y familiares de personas desaparecidas, para que, a partir de un diagnóstico crítico, se puedan construir soluciones integrales a la crisis.

Incertidumbre institucional 

La última barrera señalada en el informe es el debilitamiento sistemático de las instituciones encargadas de garantizar la justicia y proteger los derechos humanos. Estos órganos operan con presupuestos mínimos, estructuras burocráticas e ineficaces y, en muchas ocasiones, complicidades que obstaculizan la procuración de justicia. 

En este sentido, destaca que la FEADLE sólo abrió 84 investigaciones en 2024, dejando cientos de agresiones en manos de las fiscalías locales, a menudo capturadas por políticos y Crimen Organizado. Asimismo, señaló que la FEADLE actualmente opera con un presupuesto anual de apenas $18.6 millones de pesos, que representa menos del 0.1% del presupuesto total de la Fiscalía General de la República (FGR). 

A nivel nacional, el gasto en protección de víctimas, acceso a la justicia y derechos humanos fue inferior al 1.5% del presupuesto federal, al tiempo que el Ejército continúa recibiendo asignaciones, recursos y atribuciones por parte del Estado.