México D.F. a 23 de enero de 2015.- Después de seis meses de postergar la efectiva derogación de los delitos contra el honor, el Congreso de Baja California aprobó el día de ayer una iniciativa que modifica el Código Civil en materia de protección al honor, dando un paso importante en materia de libertad de expresión.
Cabe recordar que el 3 de julio del 2014, el Poder Legislativo aprobó la derogación de estos delitos pero en los artículos transitorios de la reforma condicionó su vigencia a la realización de las adecuaciones correspondientes en el Código Civil local.
Con la derogación de los delitos contra el honor en el Estado de Baja California, quedan 12 entidades federativas en México que penalizan los delitos contra la honra, siendo la criminalización de la libertad de expresión una vía para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.
ARTICLE 19 hace un llamado a los congresos estatales de aquellas entidades que criminalizan la libertad de expresión mediante estos delitos para que adecuen el marco normativo los estándares internacionales en la materia.
Según el principio 10 de la Declaración de principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.”
Las demandas por delitos como difamación, calumnia e injuria, no sólo se contraponen al derecho a la libertad de expresión y manifestación de ideas garantizados en los artículos 6 y 7 constitucional, sino que se han vuelto una práctica recurrente por parte de las autoridades en México para impedir las críticas, cuestionamientos y contrapesos hacia el cumplimiento de su trabajo.
En el caso de Baja California, la exigencia del gremio periodístico y de organizaciones como ARTICLE 19 y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, impulsó que se removiera del Código Penal estatal los delitos de difamación y calumnia.
Con esta importante reforma, quedarán sin materia casos de acusaciones contra periodistas en la entidad como el de Carmen Olsen de Playas de Rosarito, así como Francisco Rábago y Salvador Aguilar de Tecate; el portal Periodismo Negro de Mexicali y Lorenzo Garibay de Tijuana.
Nota para prensa
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