Autoridades de Guanajuato deben abstenerse de estigmatizar el derecho a la protesta
Ciudad de México, 28 de agosto de 2020.- Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este comunicado rechazamos la actuación de las corporaciones policiales en León, Guanajuato del 22 de agosto, durante la protesta #JusticiaParaEvelyn, y exigimos el cese de los mensajes que criminalizan los derechos a la protesta y a la libertad de expresión.
El 22 de agosto más de cien mujeres salieron a las calles de León, Guanajuato para exigir justicia para Evelyn, una joven que días antes denunció públicamente que el 14 de agosto policías municipales abusaron sexualmente de ella.
Represión policial y uso desproporcionado de la fuerza
Entre la Plaza Expiatorio y el Arco de la Calzada en el centro de la ciudad de León, colectivos feministas, mujeres y otros grupos convocados protestaron a través de diversas formas de expresión: minutos de silencio, cantos, bailes y otras expresiones artísticas, así como pintas en calles, monumentos y una caseta policial.
Medios de comunicación y manifestantes registraron actos de las corporaciones policiales que limitaron el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. Según estos registros, algunos elementos hicieron uso desproporcionado de la fuerza al golpear, jalar por el cabello y el cuello, y patear a las manifestantes. Asimismo, al menos 22 personas fueron detenidas, entre ellas cuatro menores de edad.
Durante las detenciones, las autoridades incurrieron en violaciones al debido proceso: en algunas detenciones se ejerció violencia física; testimonios públicos denunciaron agresiones sexuales por parte de elementos policiales.; hubo dilación en la puesta a disposición a la autoridad de algunas de las personas detenidas. Además, agentes policiales también agredieron a cuatro mujeres periodistas.
Acerca de las denuncias sobre las detenciones y agresiones sexuales, Mario Bravo, Secretario de Seguridad Pública de León, aseguró en una entrevista que: las detenciones que se hicieron fueron con base en los protocolos de actuación que tenemos[…]. De la misma forma, minimizó el abuso por parte de los elementos de seguridad diciendo que las agresiones no fueron tan graves, no dejaron secuelas, no dejaron lesiones.
El actuar de las autoridades contraviene estándares internacionales de derechos humanos que regulan el uso de la fuerza en contexto de protesta. El operativo policial no se basó en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben regirlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que el uso de la fuerza en estos contextos debe entenderse como un recurso último, limitado y excepcional.[1].
Respecto a las detenciones y abuso policial contra menores, las organizaciones firmantes recordamos que el uso desproporcionado de la fuerza afecta de formas diferenciadas a grupos en situación de vulnerabilidad, como son mujeres y adolescentes, por lo que en particular los Estados están obligados a preservar con mayor cuidado la integridad física de las personas menores de edad.
Estigmatización de la protesta
El día de la protesta la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSP) denostó la manifestación y a sus participantes al llamarla consecutivamente una “manifestación violenta” en redes sociales.[2]
El 25 de agosto en conferencia de prensa el Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, justificó el uso desproporcionado de la fuerza y el actuar de la policía al criminalizar las distintas forma de expresión de las mujeres que se manifestaron:
Hasta donde fue una manifestación pacífica exigiendo sus derechos o sus legítimos reclamos todo estuvo bien. El problema es cuando ya se convierte en daños a propiedad ajena, inclusive daños a patrimonio histórico. […] a pesar de (que) su manifestación sea legítima igual que su reclamo, al momento de romper las normas de convivencia social y ocasionar daños a monumentos, daños a negocios, daños a bienes de terceros… yo en principio, habrá que ajustarse a las investigaciones, pero yo en principio creo que la Policía actuó bien.
El 26 de agosto, Héctor López Santillana, Presidente Municipal de León, publicó en sus redes sociales una actualización y disculpa de los hechos. No obstante, en esta invitó a las y los ciudadanos a manifestarse respetando el estado de derecho para que nuestra sociedad tenga una convivencia armoniosa y con desarrollo.
Las declaraciones de los funcionarios estigmatizan a las personas que ejercen los derechos a la protesta y a la libertad de expresión, sin considerar el contexto de violencia que viven las mujeres.
Las organizaciones firmantes recordamos que Guanajuato es el estado con el mayor número de mujeres asesinadas en el país, con 286 casos registrados de enero a julio del presente año. En este sentido, ni el estado de derecho ni la seguridad para las mujeres y sus familias están siendo garantizadas por el estado.
En este margen de violencia cotidiana, la desobediencia civil[3] es una expresión legítima la cual no debe ser estigmatizada. Las formas con las que las mujeres exigieron justicia para Evelyn y para todas las mujeres que día a día sufren violencia en Guanajuato están protegidas también por el derecho a la libertad de expresión y a la participación política. Por lo tanto, justificar actos de violencia desmedida perpetrada por actores del Estado ignora el llamado de justicia de las mujeres y da un mensaje de impunidad a quienes pudieron cometer violaciones a los derechos de las manifestantes
Dadas las circunstancias aquí presentadas, las organizaciones firmantes exigimos:
- A la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato: diseñar, en colaboración con la sociedad civil, un protocolo de actuación policial en contexto de protesta, con perspectiva de género y derechos humanos, con base en los más altos estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Este protocolo debe garantizar el derecho a la protesta y salvaguardar la integridad de quienes se manifiesten, así como de quienes cubren las protestas.
- Poner fin a los discursos que estigmatizan las protestas y las diversas formas de expresión dentro de éstas.
- A la Fiscalía General del Estado: investigar con diligencia y con perspectiva de género a quienes pudieron haber perpetrado violaciones de derechos humanos durante la manifestación del 22 de agosto, y sancionar a quienes resulten responsables, incluyendo la identificación de la cadena de mando y garantizar medidas para la no repetición.
Organizaciones Firmantes
Amnistía Internacional México,
ARTICLE 19 México y Centroamérica,
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH
El Día Después,
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, FLEPS,
Fundar, Centro de Análisis e Investigación,
[1] RELE, CIDH; Protesta y Derechos Humanos, pp. 42
[2] Ver Tweets de @Seguridad_Leon. 22 de agosto 2020. https://twitter.com/Seguridad_Leon/status/1297375490668404737 y https://twitter.com/Seguridad_Leon/status/1297383027144876032.
[3] Ésta es definida por John Rawls, (2007) como: un acto público no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la normatividad o en los programas de gobierno
Nota para prensa
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