Ataque físico y amenaza a periodista por parte de las Fuerzas Civiles de Nuevo León
Imagen con fines ilustrativos. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, a 21 de agosto de 2023.- ARTICLE 19 y la Red de Periodistas del Noreste rechazan la violencia contra la prensa perpetrada por personal de las fuerzas de seguridad civiles, quienes tienen la obligación de proteger, por lo que al agredir a un reportero no solo se violan derechos humanos sino se contravienen obligaciones.
El 18 de agosto, José Francisco León Álvarez, reportero de NMAS, fue víctima de ataque físico y amenaza por un integrante de Fuerza Civil de Nuevo León, en la capital, Monterrey. El incidente ocurrió cuando el periodista acudió al lugar de un desalojo reportado. A las 13:40 al llegar al sitio, no había acordonamiento, a pesar de que ya había presencia de elementos de Fuerza Civil. Mientras buscaba vecinos para obtener información sobre el desalojo, un elemento de Fuerza Civil lo acusó de cruzar un supuesto acordonamiento inexistente.
Posteriormente, otro integrante de Fuerza Civil se aproximó a Francisco con agresividad, lo sujetó con fuerza y lo arrojó contra una patrulla. Sin previo aviso ni justificación, amenazó con detenerlo, sin motivo. Cuando le dijo que estaba siendo grabado, éste desistió de arrestarlo y de colocarle esposas. Cinco minutos después, llegó otra patrulla, portando la cinta para acordonar, lo que dejó en evidencia la falta de acordonamiento previo. Esto señala claramente la ineficiencia de los elementos de Fuerza Civil, lo cual tiene un impacto negativo en la seguridad y en la libertad de expresión de Francisco.
La agresión y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía estatal, Fuerza Civil, no solo pone en peligro la integridad física de Francisco, sino también crea un ambiente de intimidación y temor que puede afectar su capacidad para ejercer su labor de informar de manera libre. La amenaza de detención sin justificación ni explicación muestra una clara violación del derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información, ya que limita la labor periodístico por temor a este tipo de represalias.
Además, la falta de profesionalismo y eficacia por parte de las autoridades policiales al no tener un acordonamiento previo evidencia una deficiencia en el manejo de situaciones y un riesgo para la seguridad de las y los periodistas que están en el lugar para reportar los hechos. Esta ineficiencia puede generar un ambiente caótico en el que las personas periodistas se vean expuestas a situaciones peligrosas, lo que puede disuadirlas de cubrir eventos en los que su presencia es crucial para informar a la sociedad. Asimismo, estos acontecimientos debilitan la confianza en las instituciones de seguridad y pueden llevar a un aumento de la autocensura por parte de las personas periodistas que temen represalias similares en el futuro.
Es relevante recordar el caso Palamara Iribarne vs Chile (2005), en el cual la Corte IDH subrayó la indivisibilidad entre la expresión y la difusión del pensamiento. En este contexto, para garantizar de manera efectiva los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, resulta imperativo que el Estado no imponga restricciones indebidas al derecho de difundir ideas y opiniones. Por lo que, si el derecho a la libertad de expresión del periodista se ve socavada, se está poniendo en riesgo uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática.
Por lo anterior, ARTICLE 19 y la Red de Periodistas del Noreste exigen:
- Al Gobierno de Nuevo León garantizar y promover la labor periodística, pilar fundamental de la democracia. Además de implementar políticas y protocolos que generen un ambiente seguro y libre de intimidación para las y los periodistas, así como una capacitación rigurosa para las fuerzas de seguridad con el objetivo de evitar abusos y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
- Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conforme a sus atribuciones, otorgar las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar la integridad de Francisco.
- A la Fiscalía General realizar una investigación completa, imparcial y transparente con el fin de sancionar el uso excesivo de la fuerza y la agresión perpetrada por el elemento de Fuerza Civil en contra del periodista.
- A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León a dar continuidad a la queja interpuesta por el periodista, y en su caso, a emitir una recomendación sólida que subraye las vulneraciones a los derechos humanos que sufrió el periodista. Requerimos que se establezcan medidas concretas para prevenir situaciones similares en el futuro y para resguardar la integridad de quienes ejercen el periodismo en el estado.
