Ciudad de México, a 26 de julio de 2025. – ARTICLE 19 – Oficina Regional para México y Centroamérica condena enérgicamente los asesinatos de los periodistas Ángel Sevilla, director del medio digital Noticias 644, ocurrido el pasado 7 de julio en Ciudad Obregón, Sonora, y de Ronald Paz Pedro, asesinado el 9 de julio en Acapulco, Guerrero.

Ambos crímenes se inscriben en un contexto alarmante de violencia estructural contra la prensa en México, donde la impunidad persiste como la norma y las autoridades no han cumplido con su deber de garantizar condiciones seguras para ejercer el periodismo.

Ángel Sevilla: asesinado en una de las ciudades más violentas del mundo

El periodista Ángel Sevilla fue asesinado tras un ataque armado en la colonia Sochiloa, en Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo con testimonios y videos compartidos en la cuenta de Facebook de Noticias 644, el periodista se encontraba a bordo de su motocicleta conversando con un hombre sobre la banqueta cuando sujetos armados dispararon directamente contra ellos. Aunque Ángel Sevilla intentó huir herido, su cuerpo fue hallado sin vida una cuadra más adelante.

El medio, con más de 128 mil seguidores y el eslogan “día a día, noche a noche, las 24 horas, buscando la noticia en la región”, de acuerdo con periodistas de la región consultados por ARTICLE 19, era un referente local en la cobertura de nota roja, incluyendo operativos de seguridad, hallazgos de cuerpos, enfrentamientos armados y otras formas de violencia.

Desde el atentado, la página de Noticias 644 no ha publicado ninguna actualización, su última publicación fue el 8 de julio de 2025, exponiendo los hechos de un ataque armado en otra colonia de Obregón. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre los hechos, lo que incrementa la opacidad y desprotección en el caso.

Este asesinato se produce en una de las ciudades más violentas del mundo, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y pone de manifiesto los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo en contextos dominados por la criminalidad y la omisión estatal.

Ronald Paz Pedro: asesinado tras denunciar corrupción y abandono institucional en Acapulco

El 9 de julio de 2025, el periodista Ronald Paz Pedro fue asesinado en el puerto de Acapulco, Guerrero, una de las regiones más peligrosas del país para ejercer el periodismo. De acuerdo con una revisión de su página de Facebook y testimonios recabados por ARTICLE 19, minutos antes de su asesinato realizó una transmisión en vivo donde denunciaba las malas condiciones de un socavón en la calle Artículo 27. Tras concluir la transmisión fue interceptado por hombres armados que le dispararon y huyeron del lugar.

Ronald Paz Pedro difundía, denunciaba y documentaba en redes sociales, temas centrados en la cobertura de seguridad, denuncias ciudadanas y actos de corrupción, particularmente en el ámbito municipal. De acuerdo con colegas de la región, sus actividades como comunicador lo convirtieron en una voz crítica en el puerto, especialmente por señalar irregularidades dentro del gobierno municipal y la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, corporación a la que también pertenecía formalmente como agente, aunque según datos de periodistas de la zona, desde hacía años enfrentaba un conflicto legal con el gobierno local derivado de intentos por separarlo del cargo.

En octubre de 2019, de acuerdo con medios locales Paz Pedro difundió un video en sus redes sociales donde denunció haber sido amenazado por el entonces secretario de Seguridad Pública municipal. En dicha grabación, denunció actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, extorsión y que le habrían ofrecido dinero a cambio de su silencio. “Yo sé que lo que estoy haciendo me va a costar la vida… pero quiero que, si algo me pasa, mi familia sepa por qué perdí la vida”, advirtió públicamente. A pesar dichos señalamientos, las autoridades argumentaron que no cumplía con los exámenes de control y confianza, y que acumulaba faltas administrativas, motivo por el cual se justificaba su baja. Aun así, hasta su muerte seguía siendo considerado elemento activo de la corporación policial.

El asesinato ocurrió en un contexto de violencia estructural y abandono institucional, en el que ejercer el periodismo implica un alto nivel de riesgo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una postura oficial sobre el crimen ni ha esclarecido su situación administrativa dentro de la corporación. La Fiscalía General del Estado de Guerrero ha informado que ya realiza las primeras diligencias, aunque aún no hay resultados públicos.

ARTICLE 19 ha documentado en su informe Barreras Informativas y el sexenal que Guerrero se ha mantenido entre los cinco estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México. En 2024, ocupó el segundo lugar nacional con 51 agresiones documentadas contra personas periodistas, misma posición que tuvo en 2023 con 48 casos. La combinación de presencia del crimen organizado, corrupción institucional y ausencia de garantías para la labor informativa ha convertido a la entidad en un terreno particularmente hostil para la libertad de expresión.

De acuerdo con el informe sexenal de ARTICLE 19, quienes cubren temas relacionados con el narcotráfico, la seguridad pública y los vínculos entre autoridades y grupos criminales enfrentan los mayores niveles de riesgo. En este contexto, informar puede costar la vida o, en su defecto, ser silenciado por la omisión y abandono del propio Estado.

El Estado mexicano debe garantizar justicia, prevención y protección

Los asesinatos de Ángel Sevilla y Ronald Paz Pedro no son casos aislados. Son la expresión de un patrón sistemático de violencia letal contra periodistas en México, donde al menos 174 periodistas han sido asesinados entre 2000 y 2025, y 31 más continúan desaparecidos.

La impunidad en estos crímenes perpetúa el mensaje de que informar puede costar la vida, y que no habrá consecuencias para los responsables. Esta situación viola de forma directa las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano en materia de prevención, protección y procuración de justicia, particularmente las establecidas en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre libertad de expresión.

La Corte Interamericana ha señalado que los Estados tienen el deber reforzado de proteger a periodistas y medios de comunicación, así como de garantizar que los crímenes cometidos contra ellos sean investigados con diligencia, perspectiva de derechos humanos y enfoque diferenciado.

En vista de lo anterior ARTICLE 19 exige:

A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE):

• Atraer de inmediato ambos casos, conforme a su competencia e iniciar investigaciones diligentes, imparciales, considerando la labor periodística de Ángel Sevilla y Ronald Paz Pedro como eje central de las indagatorias
• Coordinarse con las Fiscalías estatales de Sonora y Guerrero para asegurar el cumplimiento del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

A las Fiscalías Generales de Justicia de Sonora y Guerrero:

• Garantizar transparencia, información continua y acompañamiento a las familias de las víctimas.
• Evitar criminalizar, estigmatizar o minimizar la labor periodística de Ángel y Ronald, y reconocer el contexto de riesgo en el que ejercían su trabajo.

A las Comisiones Ejecutivas Estatal y Federal de Atención a Víctimas:

• Brindar atención psicológica, jurídica y acompañamiento integral a las familias de ambos periodistas, conforme a la Ley General de Víctimas y estándares internacionales.

Al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas:

• Evaluar y activar medidas de protección para familiares y colegas de los periodistas asesinados.
• Coordinar acciones preventivas con las autoridades locales y federales en Sonora y Guerrero, ante posibles represalias y para evitar más agresiones.