Asesinato de Pedro Tamayo confirma ineficacia de mecanismos de protección gubernamentales
Ciudad de México, 21 de julio de 2016.- La noche de ayer 20 de julio, Pedro Tamayo Rosas fue asesinado con arma de fuego afuera de su domicilio en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. El periodista fue amenazado en enero, motivo que lo obligó a desplazarse ante la inseguridad que vivía y el temor de que pudieran hacerle daño. Derivado de esto, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) en Veracruz le otorgo medidas de protección, que incluían, entre otras, vigilancia policíaca y de re-ubicación para salvaguardar su integridad.
En esa ocasión, Jorge Morales, de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) en Veracruz, en entrevista con ARTICLE 19 señaló que Tamayo era una persona reconocida en su comunidad y afirmó que previamente el periodista había sido sujeto de hostigamientos en su contra.
Tamayo era editor de La Voz de Tierra Blanca y colaborador de El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político, se dedicaba a cubrir la violencia y las protestas sociales en su ciudad. En entrevista con ARTICLE 19, Roberto Hernández, subdirector de El Piñero de la Cuenca afirmó que las medidas de protección de la CEAPP Veracruz “de nada sirvieron, (ya que) quienes lo custodiaban daban rondines una o dos veces por semana”, además “le había sugerido irse a vivir a otro lado, pero él contemplaba que la situación se iba a normalizar después de que se hiciera pública su situación.” Tamayo creía “que dar una respuesta pública iba a bajar la tensión y que con el apoyo de las autoridades iba a vivir pacíficamente”, razón por la cual decidió regresar a su lugar original de residencia en Tierra Blanca.
Después de salir de Veracruz junto con su familia, a finales de marzo Tamayo renunció a las medidas de re-ubicación y vigilancia de la CEAPP. Sin embargo, el periodista aún se encontraba bajo la protección de la comisión. De acuerdo con Morales, se realizaban rondines y monitoreo vía telefónica.
Es importante destacar que no es el primer asesinato de un periodista que se registra en esta región fronteriza entre los estados de Veracruz y Oaxaca. El 4 de mayo de 2015 fue encontrado el cuerpo del periodista Armando Saldaña Morales, residente de Tezonapa, Veracruz, con heridas por impacto de bala y signos de tortura, en Cosolapa, Oaxaca, municipio. Armando trabajaba en el área de noticias de la estación Ke Buena 100.9 F.M. en Tierra Blanca; junto a su cuerpo se encontraron los gafetes de esta estación. En el mismo municipio, el 11 de agosto de 2012, Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono, fue asesinado cuando se encontraba en su domicilio.
Es de especial preocupación el número de agresiones cometidas contra periodistas de Veracruz, tomando especial vigencia el número de homicidios ocurridos en la actual administración del gobernador Javier Duarte, un total de 17 documentados por ARTICLE 19. Esto es indicativo de la creciente e imparable ola de violencia contra la prensa en aquel estado. Este patrón alarmante demuestra la ineficiencia de las instituciones locales tales como Fiscalía General de Veracruz, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) Veracruz y las corporaciones municipales de seguridad pública. En este mismo sentido, las autoridades federales, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pese al convenio de colaboración signado en noviembre de 2015 con sus homólogas estatales (Alerta Veracruz), no han podido revertir la situación imperante, generando con ello mayor impunidad y por ende la repetición frecuente de las agresiones en contra de la prensa.
El asesinato de Tamayo ocurre a una semana del aniversario luctuoso del fotoperiodista Rúben Espinosa, quien el 31 de julio de 2015 fuera asesinado, junto con cuatro personas más, en la Ciudad de México, luego de huir de Veracruz por las constantes amenazas de muerte en su contra.
ARTICLE 19 exige a la Fiscalía General de Veracruz una pronta investigación del asesinato de Pedro Tamayo Rosas, tomando como prioritaria su labor periodística en las pesquisas a realizar, más aún con los antecedentes de violencia en su contra, mismos que fueron puestos de conocimiento de las autoridades encargadas de salvaguardar la integridad del periodista en enero pasado.
Asimismo, ARTICLE 19 recuerda que es obligación constitucional de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), atraer los casos tratándose de delitos graves en contextos donde se tiene elementos objetivos para determinar que existen condiciones adversas para el ejercicio de la libertad de expresión, como en el estado de Veracruz.
ARTICLE 19 exige a las autoridades locales y federales, asegurar la protección real a los periodistas y no utilizar las medidas otorgadas como un medio político para sustraerse de las obligaciones generales del Estado. La protección en caso de amenazas y otras agresiones graves no se limita a tomar medidas reactivas como protección policiaca o instalación de infraestructura, sino que se debe comprender como un continuum de acciones integrales que entrañan la debida diligencia en la investigación de estos hechos y la consecuente identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables. En el caso de Tamayo, es incuestionable que la impunidad prevaleciente frente a los sujetos que lo amenazaron abrió la posibilidad de su asesinato.
En este sentido, y debido a la alternancia política que vivirá el estado de Veracruz a partir de 1 de diciembre de este año, ARTICLE 19 exige al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares incluya dentro de su agenda política, como tema prioritario, todas las medidas necesarias para la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión e información, a fin de garantizar la prevención, investigación y sanción de toda violación de los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Otra semana lúgubre para la prensa
ARTICLE 19, además, tuvo conocimiento del asesinato de un trabajador de La Opinión de Apatzingán, Michoacán el martes 19 de julio. Así también tenemos información sobre la agresión que sufrió la fotoreportera Dolores Rodríguez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas el día de ayer 20 de julio, en el contexto del desalojo violento de maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por parte de particulares y elementos de seguridad pública estatal. Al momento de la emisión de esta alerta nos encontramos en proceso de documentación de estos incidentes.
Nota para prensa
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